El problema económico de las mujeres jubiladas en países de ingresos bajos y medios
Dos tercios de la población mundial con 60 o más años de edad vive en países en desarrollo. El ejemplo de Sri Lanka, donde la política de reestructuración de deuda amenaza con arrojar a más ancianas a la pobreza, es una señal de alerta
El estudio del Banco Mundial La Mujer, la empresa y el derecho ha documentado una persistente brecha de género previsional en numerosos países, ricos y pobres por igual. Dicha divergencia se debe en parte a disparidades jurídicas con una base de género, por ejemplo, edades de jubilación diferentes y la falta de acreditación de los períodos de cuidado infantil. Como las mujeres tienen vidas laborales más breves, ganan menos y tienen una mayor expectativa de vida que los hombres, es común que cobren menos dinero al jubilarse y tengan que hacerlo durar más tiempo.
Pero el problema es peor en los países de ingresos bajos y medios. Alrededor de dos tercios de la población mundial con 60 o más años de edad vive en países en desarrollo, y se prevé que la proporción aumente al 80% en 2050. En muchos de esos países no hay una correcta indexación de las pensiones según la inflación, sino que se aumentan discrecionalmente cuando hay espacio fiscal para ello. Y como muestra la reciente reestructuración de deuda de Sri Lanka, la cada vez peor crisis de deudas soberanas amenaza con debilitar todavía más los ahorros de la jubilación y arrojar a más mujeres mayores a la pobreza.
Tras caer en cesación de pagos con acreedores extranjeros a principios de 2022, el Gobierno de Sri Lanka acordó reestructurar la deuda externa e interna, según lo estipulado por el acuerdo de rescate alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. El ajuste trajo terribles consecuencias para el Fondo de Previsión de los Trabajadores (EPF por sus siglas en inglés), el mayor fondo de jubilación del país, que es administrado por el Banco Central de Sri Lanka (BCSR) y cubre a casi el 60% de la fuerza laboral del sector privado y semipúblico.
En septiembre, el BCSR anunció que conforme al plan de reestructuración de la deuda interna, el EPF tenía dos opciones para su cartera de bonos públicos. La primera era aumentar al 30% (más del doble del valor actual, que es el 14%) el tipo impositivo aplicado a los ingresos que recibe el EPF por sus inversiones. La segunda era reemplazar los bonos públicos actuales por otros con un interés anual menor, del 12% hasta 2026 y del 9% después, una marcada reducción desde el rendimiento actual promedio, que supera el 20%. El comité de política monetaria del BCSR optó por lo segundo, pero cualquiera de las dos posibilidades implicaba una reducción considerable de los ahorros para la jubilación.
Esto es mala noticia para todos los ancianos ceilandeses, que ya son la franja más pobre del país, pero afectará sobre todo a las mujeres. Para empezar, están menos cubiertas, porque las prestaciones del EPF son para trabajadores con empleo formal, y la participación femenina en el mercado laboral siempre ha sido baja, del 30% al 35% desde hace varias décadas. Pero lo sucedido afectará incluso a mujeres sin acceso directo a estos ahorros, ya que muchas dependen financieramente de un hombre o cobran la jubilación de un marido fallecido.
Estirar más los pagos
La feminización del envejecimiento ha alargado el período de retiro de las mujeres ceilandesas, que no solo viven seis años más que sus connacionales varones, sino que además pueden pedir la jubilación del EPF con 50 años de edad, mientras que los hombres deben esperar hasta los 55. Esto importa porque el EPF entrega el resultado del aporte obligatorio de empleados y empleadores más el interés acumulado en un único pago al momento del retiro. En 2021, ese pago rondaba en promedio los 2.000 dólares (1.856 euros), una cifra que según datos del banco central equivale a cuatro años de consumo de una persona típica. Una suma de por sí inadecuada que las mujeres tienen que estirar por más años que los hombres. Y al reducirse el tipo de interés que pagan los bonos públicos, el pago único que reciben los trabajadores será todavía menor.
Esto es un ejemplo del riesgo que supone la reestructuración de la deuda interna para la seguridad financiera de las mujeres y su independencia económica en la vejez. Resalta también la importancia de que los fondos de pensiones estén protegidos, para asegurar el bienestar de la población anciana en general.
El plan de reestructuración de Sri Lanka no dio el mismo trato a todos los bonos públicos, sino que apuntó específicamente a los mantenidos en cartera por los fondos de pensiones (y no las instituciones financieras o los bonistas privados). Además, los beneficiarios del EPF no tuvieron modo de oponerse a esta política, porque ni los empleados ni los empleadores tienen voz en la gestión del fondo.
Para mejorar la transparencia, es necesario reestructurar la junta directiva del EPF de modo tal que los intereses de los miembros estén representados en el proceso de toma de decisiones (al fin y al cabo, la mala gestión es un riesgo para los beneficiarios). Así, empleadores y empleados (de ambos géneros) podrán exigir cuentas a la junta directiva por la cartera de inversiones de la institución y oponerse a cambios que reduzcan los ahorros para la jubilaicón. Por ejemplo, la decisión de gravar los ingresos del EPF por inversiones (que en un principio estaban exentos) se tomó a pesar de la oposición de los empleados.
Hay que cambiar la ley que instituyó el EPF de modo tal que la edad de retiro sea la misma para hombres y mujeres, y crear mecanismos que permitan acreditar los períodos de cuidado infantil. Además, Sri Lanka debe seguir el ejemplo de otros países y alentar una mayor competencia en el mercado de fondos de pensión, que ofrezca a los beneficiarios más alternativas y al mismo tiempo incentive una filosofía de servicio en la gestión de los fondos. Finalmente, hay que dar a los beneficiarios más participación en la gestión de sus pensiones.
A largo plazo, garantizar el bienestar económico de las jubiladas en Sri Lanka (y en todos los países en desarrollo) demanda medidas estudiadas y bien financiadas para mejorar el acceso de las beneficiarias a empleos en el sector formal. Pero mientras tanto, las autoridades deben crear sistemas de gestión de fondos de pensiones con más transparencia y rendición de cuentas, para proteger las pensiones de los asalariados contra nuevos recortes.
Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.