COP30: una transición climática justa para acabar con el hambre y la pobreza
Los sistemas agroalimentarios solo captan un 4,3% de la financiación climática global, y los pequeños productores apenas un 0,3%
La COP30 se ha convertido en un punto de inflexión histórico. Por primera vez en una cumbre climática, la transición justa ocupa el centro de la agenda y se reconoce que no habrá transición climática efectiva sin transformar los sistemas agroalimentarios. La adopción de la Declaración de Líderes de Belém sobre el Hambre, la Pobreza y la Acción Climática Centrada en las Personas, que sitúa el derecho humano a la alimentación como principio rector y reconoce el papel esencial de los productores familiares y a pequeña escala, es un hito sin precedentes.
Aunque la seguridad alimentaria figura como prioridad en el Acuerdo de París, la agricultura y la alimentación han permanecido durante años en la periferia de las negociaciones climáticas. Un contrasentido: la agricultura es uno de los sectores más golpeados por el calentamiento global y, a la vez, uno de los que más soluciones puede aportar en mitigación, adaptación y restauración ambiental.
Brasil, país anfitrión de esta COP en Belém, a las puertas de la Amazonía, preside la cumbre desde una experiencia que demuestra lo que ocurre cuando la agricultura familiar, la protección social y la conservación ambiental se integran en una misma visión de desarrollo. En un país con casi cinco millones de explotaciones familiares, que emplean a más de 10,1 millones de personas, y que logró sacar a Brasil del mapa mundial del hambre y reducir la pobreza extrema en un 63% entre 2004 y 2014, su presidencia ha situado la seguridad alimentaria, la agricultura sostenible y la transición justa en el corazón de la agenda climática global. Políticas como Hambre Cero, programas como Bolsa Familia, las compras públicas a pequeños productores o los avances en la reducción de la deforestación mostraron que el desarrollo rural inclusivo y la sostenibilidad pueden reforzarse mutuamente.
A escala mundial, la realidad es alarmante: entre 638 y 720 millones de personas pasaron hambre en 2024, y más de 2.400 millones padecen inseguridad alimentaria moderada o grave. A ello se suma que los sistemas alimentarios generan alrededor de un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Ninguna estrategia climática que ignore esta realidad será suficiente. Y ninguna transición podrá considerarse justa si no garantiza el derecho a la alimentación y no contribuye a superar la pobreza rural, donde vive la mayoría de quienes alimentan al mundo.
La agricultura es uno de los sectores más golpeados por el calentamiento global y, a la vez, uno de los que más soluciones puede aportar en mitigación, adaptación y restauración ambiental
En los países en desarrollo, los productores y productoras familiares enfrentan una doble vulnerabilidad: los impactos crecientes del clima extremo y la prácticamente inexistente financiación climática que reciben. Hoy, los sistemas agroalimentarios solo captan un 4,3% de la financiación climática global, y los pequeños productores apenas un 0,3%. Esta brecha no solo es injusta; es una oportunidad perdida. Cada euro invertido en agricultura familiar genera beneficios simultáneos en resiliencia, seguridad alimentaria, nutrición, biodiversidad y captura de carbono.
El reto ahora no es justificar la transformación, sino convertir la declaración de Belém en inversiones reales que transformen los sistemas agroalimentarios y fortalezcan la resiliencia de quienes están en la primera línea del cambio climático. Los compromisos políticos ya existen; lo que falta es el volumen del financiamiento y la coherencia de su diseño.
Superar esta brecha requiere cerrar definitivamente la separación entre la financiación climática y la financiación para el desarrollo. Durante décadas han operado en silos, limitando su impacto. Pero la transición climática justa requiere arquitecturas financieras integradas, capaces de actuar simultáneamente sobre resiliencia, clima, inclusión económica y seguridad alimentaria.
La realidad a escala mundial es alarmante: entre 713 y 757 millones de personas pasaron hambre en 2023, y más de 2.400 millones padecen inseguridad alimentaria moderada o grave
En este terreno, el Programa Global para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria (GAFSP) constituye un ejemplo eficaz. Con cerca de 2.500 millones de dólares movilizados desde 2010, ha mejorado los ingresos y la seguridad alimentaria de más de 30 millones de personas en países de bajos ingresos, y casi la mitad de sus proyectos han contribuido directamente a aumentar la resiliencia ante el cambio climático. Sin embargo, incluso esta escala es insuficiente para un desafío global de esta magnitud. Se requiere involucrar de forma mucho más ambiciosa a gobiernos, bancos multilaterales, fondos climáticos, filantropía y sector privado.
En paralelo a la COP30, el GAFSP avanza en su Visión Estratégica 2030, diseñada para actuar como un puente permanente entre desarrollo y clima. Su objetivo es garantizar que los 800 millones de pequeños agricultores del mundo tengan acceso a financiación, innovación, mercados, tecnología, conectividad y políticas públicas que les permitan liderar la transición climática y la prosperidad rural. No se trata solo de incluirles: se trata de reconocerles como protagonistas, como el corazón de la solución.
Con la declaración de Belém ya adoptada, el foco debe situarse en la implementación: paquetes de financiación integrada clima-desarrollo, plataformas de inversión público-privada, expansión de las compras públicas a la agricultura familiar, incentivos para la conservación forestal y del suelo, fortalecimiento de cooperativas y organizaciones de productores y sistemas de datos inclusivos que garanticen transparencia y trazabilidad.
Todo ello exige una coordinación real entre gobiernos, bancos multilaterales de desarrollo, fondos climáticos, sector privado y sociedad civil. Pero exige, sobre todo, escuchar y financiar a quienes ya están generando soluciones: millones de productores familiares que practican agricultura regenerativa, diversificación de cultivos, agroforestería o manejo sostenible del agua. Sus prácticas cotidianas constituyen uno de los mayores activos climáticos del planeta.
Estamos ante un momento decisivo. Esta COP30 reconoce de manera explícita que sin transformar los sistemas agroalimentarios no habrá transición climática y que sin garantizar el derecho a la alimentación no habrá transición justa. La Declaración de Belém marca un nuevo estándar. Ahora corresponde convertirlo en acción real sobre el terreno mediante inversiones de largo plazo.
Si la comunidad internacional actúa con coherencia, esta cumbre puede inaugurar una década en la que clima, alimentación y desarrollo formen parte de un mismo proyecto global. Una década en la que las productoras y productores familiares ocupen, por fin, el lugar que les corresponde: el centro de la seguridad alimentaria y nutricional y de la acción climática mundial.