La prohibición del matrimonio infantil en Sierra Leona es un hito “histórico” rodeado de interrogantes

Mariama, de la aldea de Yoria, al este de Sierra Leona, cuenta que fue obligada a contraer matrimonio a los 16 años. Esta mujer, que ahora tiene 33, es madre de un hijo y sigue lamentando las oportunidades perdidas, aunque afirma que está felizmente casada. “Después de perder a mis padres, me cuidó mi tía, que pensó que lo mejor para todos era que me casara”, recuerda Mariama en una entrevista con este diario. “Tuve que dejar la escuela y pronto me quedé embarazada, lo que se sumó a mis dificultades”, explica.

El presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, aprobó la prohibición del matrimonio infantil a principios de julio. En un país en el que viven unas 800.000 novias menores de 18 años, la decisión ha sido ampliamente celebrada como un paso crucial para combatir una de las tasas más altas del mundo de matrimonios infantiles, embarazos precoces y mortalidad materna. “Es un paso positivo que espero que salve a todas las chicas de correr la misma suerte que yo”, comenta Mariama. “Pero la falta de educación y la dependencia económica son factores importantes” que hay que abordar para desarraigar estas bodas en Sierra Leona, reconoce. “La comunidad, el Gobierno y las ONG deben colaborar para crear un entorno propicio para que la prohibición tenga éxito”.

La Ley de Prohibición del Matrimonio Infantil de 2024 es “histórica”, según los defensores de los derechos humanos consultados, en el sentido de que, a diferencia de otras anteriores, es la primera en Sierra Leona que penaliza explícitamente estos enlaces. La norma declara nulos todos los matrimonios infantiles, e incluye cláusulas que permiten la anulación de los preexistentes a petición de la parte menor de edad. “Acogemos con satisfacción esta ley histórica que prohíbe el matrimonio infantil en Sierra Leona”, declaraba en un comunicado Samira Daoud, directora regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.

Esta ley, al tipificar como delito el matrimonio de menores de 18 años, pretende proteger a las niñas de una práctica que viola sus derechos y obstaculiza su educación, salud y bienestar

Samira Daoud, directora regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central

Para animar a las víctimas a buscar justicia e indemnizaciones, la ley define a los infractores como toda persona que “promueva, asista, intente, maquine o facilite el matrimonio con una menor”, todo ello castigado con penas de prisión de entre 10 y 15 años o multas de entre 30.000 y 50.000 leones (1,18 y 1,97 euros), o ambas cosas. El ingreso mínimo mensual en Sierra Leona es de 800 leones (0,038 euros).

También establece que la menor podrá ser indemnizada si recurre a las autoridades. La indemnización se aplica en función de sus necesidades y de los medios del adulto. “Esta legislación, al tipificar como delito el matrimonio de menores de 18 años, pretende proteger a las niñas de una práctica profundamente nociva que durante mucho tiempo ha violado sus derechos y obstaculizado su educación, salud y bienestar. Esto representa un gran paso adelante en la lucha contra la violencia de género”, escribía Daoud.

¿Es suficiente?

Hassan Fuad Kanu, director ejecutivo de Youth and Child Advocacy Network (YACAN), una organización sin ánimo de lucro creada por jóvenes y niños sierraleoneses en 2005 para impulsar la defensa de los jóvenes por ellos mismos, afirma que “la prohibición es un paso importante para proteger a las niñas de la explotación, reducir los embarazos precoces y la explotación sexual, y beneficiar a niños, niñas y familias”.

Sostiene que existe voluntad política de erradicar el matrimonio infantil, citando la medida “sin precedentes” de aprobar la ley en un plazo de 12 días, y afirma que “para garantizar su aplicación efectiva, son necesarias campañas de concienciación pública que promuevan un cambio de comportamiento y la educación”. También insta a los distintos ministerios a colaborar para que la ley sea accesible y comprensible para las comunidades rurales.

Según cifras del Banco Mundial de 2018, la tasa oficial de pobreza en Sierra Leona se situaba en el 57% de la población; la prevalencia de la pobreza variaba drásticamente en todo el país, “oscilando entre el 23% en el Gran Freetown y el 49% en otras zonas urbanas, y el 74% en las zonas rurales.”

Osman, que tenía 11 años cuando presenció el matrimonio de su hermana mayor Amina en 2003, a la edad de 14, señala que recuerda vívidamente aquel día. “El día de la boda, observé a Amina y me di cuenta de que tenía la mirada baja y su sonrisa era forzada. Estaba preciosa, pero había tristeza en su expresión, que se esforzaba por ocultar”, explica Osman. De vez en cuando ve a su hermana y a sus cinco hijos, después de que ella se trasladara a otra ciudad con su marido. Considera que las tradiciones y las costumbres son factores clave en el matrimonio infantil. “Amina se casó al llegar a la pubertad, a pesar de sus sueños de seguir estudiando”, apunta, y añade que el hecho de que las familias mantengan fielmente esas tradiciones será un reto clave para la aplicación práctica de la ley.

Separar el matrimonio infantil de la mutilación genital femenina en las reformas legales diluye los esfuerzos para proteger a las niñas y perpetúa la opresión patriarcal

Josephine Kamara, directora de promoción y comunicación de Purposeful

Josephine Kamara, directora de promoción y comunicación de Purposeful, un centro mundial feminista de raíces africanas para la defensa de las niñas, coincide. Aplaude la prohibición, pero considera problemático que no se tenga en cuenta otra práctica muy extendida, la mutilación genital femenina, que “es precursora del matrimonio [infantil]”, explica, en referencia a la ablación a la que han sido sometidas el 83% de las sierraleonesas de entre 15 y 49 años, según cifras de la ONU de 2019. “Separar el matrimonio infantil de la mutilación genital femenina en las reformas legales diluye los esfuerzos para proteger a las niñas y perpetúa la opresión patriarcal”, sostiene Kamara, que subraya que no abordar estas cuestiones interconectadas “muestra la reticencia” a frenar el matrimonio infantil.

La aprobación de la nueva ley ha traído recuerdos dolorosos a mujeres como Fatu Kamara, de 73 años. Sentada cerca del porche desde el que regenta su pequeño negocio de venta de jabón de sosa en Konaridie, un pueblo del distrito de Port Loko, al norte de Sierra Leona, piensa en cómo perdió a su hija Alimatu a causa de un matrimonio precoz. “En aquella época, la mayoría de nuestros animales morían por los brotes de enfermedades y nuestras cosechas eran poco productivas. Teníamos que mendigar para comer”, relata Kamara, o Tía Fatu, como se la conoce en la localidad. “La única salida que encontramos fue casar a nuestra hija”, añade. Organizaron la boda de Alimatu, que tenía solo 15 años, con un hombre más rico que le doblaba la edad, y la enviaron a la lejana aldea de él. Los padres se sentían tranquilos: al menos su única hija viviría una vida desahogada y próspera, mientras ellos lidiaban con sus problemas económicos. Pero un año después, Alimatu, viuda y embarazada, sufrió complicaciones durante el parto y, ante la falta de atención sanitaria adecuada, murió.

La tragedia tuvo lugar hace casi dos décadas, pero la pena de Kamara nunca se apaciguó. “Es demasiado tarde para mi hija”, dice con lágrimas en los ojos. “Pero si puede ayudar a salvar aunque solo sea a una niña de correr la misma suerte, entonces su muerte quizá no haya sido en vano”.

Aunque mantiene esa esperanza, Kamara, como muchos otros, teme que la aplicación real de la ley no será tan fácil, pues habrá que superar obstáculos tradicionales, económicos y culturales. Opina que, sin “sistemas de apoyo cruciales para que las familias pobres se adapten a estos cambios”, la ley será ineficaz.

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