El 0,7% de ayuda al desarrollo es posible... en los ayuntamientos

En la terraza del Zacarías, el bar “de toda la vida” de Miguelturra, en medio del vaivén de croquetas y cervezas, los vecinos presumen sin falsa modestia de dos cosas: los carnavales y el espíritu solidario de esta localidad de Ciudad Real de 15.000 habitantes. Y ambas parecen intocables. El monto dedicado a cooperación internacional ni siquiera menguó en 2009, cuando la cooperativa agrícola local Tierra de Calatrava se declaró insolvente y puso en la cuerda floja las finanzas del Ayuntamiento y las de unos 2.000 vecinos, que han tardado años en recuperar su dinero.

“Va en el ADN de Miguelturra. Somos gente sensibilizada y movilizada desde hace tiempo. La cooperación se gestó gracias a un importante tejido asociativo y a la participación ciudadana. El porcentaje que dedicamos ha ido creciendo y ahora estamos en el 0,59%. Esperamos llegar al 0,7% el año que viene”, dice María Velasco, concejala de Bienestar Social y Cooperación Internacional.

Hace 30 años, acampadas y manifestaciones masivas exigieron que se dedicara a ayuda al desarrollo el 0,7% de la renta nacional bruta. “¡0,7% ya!”, era la banda sonora de estas movilizaciones. Pero no sucedió. España logró llegar al 0,46% en 2009, rozó el 0,3% en 2022 y la nueva ley de cooperación aprobada este año prevé alcanzar el 0,7% en 2030. Sin embargo, un puñado de municipios está muy por encima de la media nacional, asume desde hace años en sus presupuestos un compromiso financiero importante y sensibiliza a la población. Es la llamada cooperación descentralizada, impulsada por gobiernos locales y comunidades autónomas para “hacer frente a desafíos globales” y que tiene como protagonista a “la ciudadanía, sujeto activo de las políticas públicas y actor clave para la construcción de soluciones”, resume la Coordinadora de organizaciones para el desarrollo.

El consenso es absoluto y no depende para nada del color político

Julen Aranguren, técnico de cooperación en Zarautz

Miguelturra es una de estas localidades cuya solidaridad despunta. “Cuando me llamaron para esta entrevista no entendí. ¿Somos un caso especial? Aquí lo vivimos de manera tan natural que no nos damos cuenta”, se pregunta Estrella Rojas, técnica de cooperación en el Ayuntamiento, liderado por socialistas en los últimos 30 años. En los años noventa, en el fulgor de la campaña por el 0,7%, Rojas y Román Rivero, primer alcalde elegido tras el franquismo, quisieron que esta cooperación impulsada por los ciudadanos echara raíces en la agenda municipal, una iniciativa pionera en Castilla-La Mancha.

“Fue un movimiento precioso. Empezamos en 1995 con dos millones de pesetas (unos 12.000 euros). Financiamos, por ejemplo, la construcción de unos talleres para mujeres en la Amazonia peruana, donde vivía un sacerdote del pueblo. Era una manera de controlar que el dinero se usaba bien. Al principio teníamos muy pocos fondos y no publicábamos ni siquiera convocatorias para seleccionar proyectos”, recuerda Rojas.

Más allá de los partidos políticos

La historia se repite a cientos de kilómetros. En Zarautz, ciudad guipuzcoana de 23.000 habitantes gobernada por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) en coalición con el Partido Socialista, o en La Garriga, en la provincia de Barcelona, cuya alcaldesa pertenece a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Estos dos ayuntamientos llevan años superando el 0,7% de su presupuesto dedicado a ayuda internacional al desarrollo, animados por organizaciones y cooperantes locales que implicaron a los vecinos en proyectos concretos y crearon una ola de solidaridad que se mantiene independientemente de quién sea el alcalde.

“El consenso es absoluto y no depende para nada del color político. En Zarautz tenemos una tradición importante de solidaridad y hemos hecho el esfuerzo de explicar y de mostrar a los ciudadanos qué estamos financiando con este presupuesto. Por ejemplo, el Día Mundial de los Derechos Humanos cada ONG presenta sus proyectos en la televisión local”, dice Julen Aranguren, técnico de cooperación en el Ayuntamiento.

Va en el ADN de Miguelturra. Somos gente sensibilizada y movilizada desde hace tiempo.

María Velasco, concejala de Cooperación Internacional

Euskadi aportó en 2022 un 0,38% de su prespuesto a ayuda al desarrollo y es la comunidad autónoma que más se acerca al 0,7%, según los datos de la Coordinadora de ONG. En Zarautz, se ha previsto un 0,72% dedicado a la cooperación internacional en el presupuesto de 2023. La localidad superó la barrera del 0,7% en 2010, cuando gobernaba Eusko Alkartasuna (EA) con el PNV, retrocedió levemente entre 2012 y 2017 y desde 2018 se ha mantenido de nuevo por encima de esta meta.

En La Garriga presumen de no haber bajado del 0,7% en ayuda al desarrollo desde hace años. “Ni en los peores años de crisis. Ahora estamos en el 0,85% y queremos llegar al 1% rápidamente”, explica Joan Antoni Padrós, profesor y miembro del Consejo de Cooperación. Este órgano, existente en numerosos ayuntamientos, está formado por un miembro de los partidos políticos representados en el consistorio y de las ONG implantadas en la localidad y es el encargado de recibir las propuestas y orientar a las autoridades.

En los últimos 20 años, el Ayuntamiento de La Garriga ha estado dirigido por ERC, el Partido Socialista Catalán (PSC), Convergencia y ahora de nuevo por ERC y “todos los alcaldes han mantenido el nivel de ayuda”, resalta Padrós. “Si no supiera quién es quién realmente me costaría asociar a las personas con una ideología porque en las reuniones del Consejo todos tienen claro que la cooperacion es una prioridad”, agrega.

El “gusanillo” de la cooperación

En los últimos 30 años, la alcaldía de Miguelturra siempre ha estado en manos socialistas. En este momento, Laura Arriaga gobierna en coalición con IU-Podemos. “La cooperación no es un tema que genere enfrentamiento con la oposición, no ha pasado factura política ni tampoco genera debate en la calle. No nos hace falta convencer al ciudadano”, asegura la alcaldesa.

Sus palabras son corroboradas por Luis Ramón Mohíno, candidato a alcalde por el Partido Popular (PP). “Si ganamos las elecciones, lo vamos a seguir haciendo igual. Queremos llegar cuanto antes al 0,7%. En este pueblo tenemos el gusanillo de la cooperacion y estamos orgullosos de la solidaridad de los vecinos. Nosotros, los políticos, somos simplemente canalizadores de ese deseo ciudadano de ayudar”, explica.

Pero en estas elecciones y por primera vez, en Miguelturra hay una candidatura de Vox. El aspirante a alcalde de la formación, Julián Margotón, incluye el impulso del carnaval en su programa, pero no menciona la cooperación. “¿Si en el PP tuviéramos que pactar con Vox para gobernar? Hay líneas rojas y esta podría ser una. Hay cosas que no son negociables”, garantiza Mohíno.

El candidato de Vox también toma el vermú en el bar del pueblo. Sin controlar la risa, el camarero le pone en la mesa publicidad electoral de otros partidos cuando le sirve la consumición. “No sabemos dónde va todo el dinero de la cooperación, no hay transparencia, no tenemos información”, acusa Margotón. “Si soy alcalde veremos, decidiremos en función de la seriedad de las ONG, pero está claro que aquí también hay gente que pasa muchas necesidades”, avisa. Vox fue la única fuerza parlamentaria que no votó a favor de la nueva ley de cooperación el pasado febrero.

“La derecha no va a ganar nunca en Miguelturra”, zanja desde una mesa vecina Goyo, panadero de la localidad, arropado por el gesto de aprobación de los dos amigos con los que toma cerveza. Los tres creen que esa tradición de solidaridad es positiva y recuerdan que en las calles del pueblo hace años pasean niños saharauis, refugiados afganos y ucranios y migrantes del Sahel. “Mi familia acogió de manera permanente a una niña saharaui, que vino varios veranos y finalmente se instaló”, afirma el panadero. “Pero sí habría que vigilar más que no haya personas que se aprovechen de nuestra generosidad”, matizan los tres vecinos, refiréndose a programas sociales destinados a familias de escasos recursos de Miguelturra.

Presionar localmente

En los últimos años, desde Miguelturra se han financiado desde letrinas en Togo hasta desayunos para los niños de una pequeña escuela en Guatemala, pasando por la rehabilitacion de aldeas ecuatorianas afectadas por un vertido de petróleo de Repsol. Todo concreto y con resultados evaluables. “Damos un máximo de 10.000 euros a cada proyecto porque queremos distribuir los fondos de manera justa y democrática”, explica Rojas. Este año, la localidad dedica a cooperación 66.000 euros y un 10% de este monto se consagra a la sensibilización de sus habitantes mediante actividades en colegios, actos culturales, charlas o proyección de películas.

“Hay que empezar desde el principio: los niños. Que integren la solidaridad y objetivos de desarrollo como el hambre cero de la misma manera que han entendido que hay que cerrar el grifo cuando se lavan los dientes”, asegura Velasco.

Para Paco Matas, de la ONG Solidaridad Manchega (Solman), “la solidaridad en Miguelturra tiene un sustento social que en otros lugares no se siente”. “No ha reposado nunca sobre una sola persona, sino que hay organizaciones fuertes. Tal vez por eso en otros lugares la ayuda ha menguado cuando un responsable público se marcha y aquí no”, opina.

En Zarautz se aprobaron en 2022 siete proyectos en diferentes lugares del mundo. Uno de ellos, por ejemplo, para la inclusión laboral de mujeres víctimas de violencia de género en Cochabamba (Bolivia). Además, la localidad vasca también forma parte de la cooperación descentralizada orquestada por el Euskal Fondoa, una instancia supramunicipal en la que participan más de 100 ayuntamientos y que apoya proyectos en diferentes países. “Nosotros hemos participado en proyectos en Nicaragua, en la ciudad de Somoto, porque aquí en el pueblo hay un colectivo importante de nicaragüenses. Es una manera de entrar en iniciativas de mayor envergadura, pero sigue siendo entre ayuntamientos y la contraparte siempre es un municipio”, explica.

Desde La Garriga se financian actualmente proyectos en México, Lesbos (Grecia) y Líbano y, gracias al Fons Català de Cooperació, una instancia similar al fondo vasco, también se apoyan iniciativas en Marruecos, porque en la localidad vive una comunidad importante oriunda de este país.

“Creo que localmente se puede presionar más. En Barcelona o Madrid es más dificil, pero en La Garriga somos menos de 20.000 habitantes y un grupo de gente organizada tiene más capacidad para hacerse oír”, concluye Padrós.

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