Comunidades que se ponen manos a la obra

En los proyectos de desarrollo, los precursores suelen alardear de cómo los beneficiarios tienen voz y voto para decidir sobre su propio futuro. Pero hay otro nivel de empoderamiento, menos común, que tiene lugar en Perú: conferirles a las comunidades la responsabilidad de ejecutar iniciativas públicas. Y, más exótico aún, delegar en la gente la gestión de los recursos destinados a dichos proyectos.

Así ocurrió en 183 poblaciones rurales —de las más pobres, aisladas y remotas de Perú—, en quienes confiaron la administración de fondos que podían llegar en cada caso hasta los 750.000 dólares, para construir los sistemas de agua y saneamiento de los que habían carecido toda la vida.

No fueron recursos gestionados por gobiernos locales ni por funcionarios públicos, sino por ciudadanos de a pie, humildes pobladores de las regiones de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno. Ellos administraron las cuentas bancarias, en donde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento depositó los fondos, para pagar de allí la mano de obra y el personal especializado (ingenieros, arqueólogos, ambientalistas), además de comprar los materiales necesarios.

Debieron gestionar así los recursos, pues fue difícil encontrar empresas interesadas en las convocatorias del gobierno, para instalar los sistemas de agua y saneamiento en estas poblaciones donde viven, sumados, unos 40.000 habitantes. Por su complejo acceso geográfico y la dispersión de las viviendas al interior de las localidades, todo costaba más y los contratos dejaban poca ganancia.

Urgía una alternativa. Muchas personas de estas regiones caminaban durante horas para conseguir agua en pozos, los mismos que servían de fuente para animales de la zona. En el Programa Nacional de Saneamiento Rural sabían que el solo consumo de agua potable clorada evitaría enfermedades gastrointestinales y reduciría en 30% la desnutrición infantil.

Acudieron entonces a una figura conocida en Perú como los núcleos ejecutores, conformados en cada caso por un presidente, un tesorero, un secretario y un fiscal. Los requisitos para ocupar alguna de las posiciones son básicos: ser mayor de edad y residente fijo del lugar, elegido por la asamblea comunal de la localidad. Al menos uno debe ser mujer.

Muchas personas de estas regiones caminaban durante horas para conseguir agua en pozos, los mismos que servían de fuente para animales de la zona

A través del Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento —que contó con apoyo del BID y una donación de 72 millones de dólares del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento—, se acompañó entre 2014 y 2018 el proceso de estos núcleos ejecutores, para instalar infraestructura sanitaria en sus poblaciones, con una inversión total aproximada de 320 millones de dólares. “Yo mismo pago a todos los trabajadores, operarios, oficiales y peones”, aseguró en su momento el tesorero del núcleo ejecutor Huanupata, en la región de Huancavelica.

Hacia octubre de 2018, el 100% de estos proyectos ya estaban concluidos. En contraste, de los otros 158 (asumidos por contratistas tradicionales) solo 126 habían finalizado para la misma fecha. Además de acabar primero y solicitar menos extensiones en los plazos para terminar las obras, los sistemas de agua y saneamiento implementados por las comunidades fueron menos costosos. “En estos proyectos, el 30% normalmente es utilidad de las empresas”, aseguran en el Programa Nacional de Saneamiento Rural. “En los núcleos ejecutores se ha devuelto ese 30%, porque acá no tienen utilidades”. En algunos casos, los saldos de los proyectos se reinvirtieron en las poblaciones.

Una vez concluidas las obras de ingeniería, en las poblaciones beneficiarias crearon las JASS (Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento), que se encargan de administrar, operar y mantener los sistemas instalados. Quiere decir que las localidades también adquirieron la responsabilidad de darles continuidad a los nuevos servicios.

Las mujeres, en particular, salieron empoderadas de esta experiencia, pese a vivir en sociedades patriarcales. “A las mujeres de este pueblo siempre nos aíslan. Fui elegida y, de ahora en adelante, las mujeres debemos asumir cargos en nuestra comunidad”, contaba una líder de la JASS de Condorhuachana, en Huancavelica.

Una maestra en Totorapampa, en la región de Apurímac, relata: “Ahora nuestros niños pueden lavarse las manos después de trabajar (en sus deberes escolares), antes de ir a comer”. El efecto de este sencillo acto ha sido inmediato en la educación, según la enfermera del centro de salud de Condorhuachana: “Han mejorado su nivel educativo, porque cuando se enfermaban había inasistencia. Ahora los niños se encuentran sanos y acuden puntualmente”.

Quedó demostrado que las comunidades, aún las más humildes, son capaces de administrar proyectos de desarrollo, incluyendo sus recursos, y hasta con mejores resultados que los contratistas de siempre.

Andrés Gómez Osorio es periodista colombiano y consultor del BID. Esta es una de las 13 historias recogidas en la publicación del BID ‘Detrás de la ejecución de proyectos de desarrollo: desafíos que parecían insuperables’, que puede descargarse en este enlace.

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