Una política migratoria de Estado

En los últimos 40 años, gobiernos tanto del PSOE como del PP han puesto en marcha siete procesos de regularización generalizada de inmigrantes sin papeles, incluido el actual, para sacar de la clandestinidad y la explotación a cientos de miles de personas que ya viven y trabajan entre nosotros con las mismas obligaciones que cualquier residente legal, pero sin los mismos derechos. Con más de medio millón de personas en esa situación, hay que apoyar decididamente un acto de altura política como el que el Gobierno lanzó a mediados de abril. Todos los procesos anteriores, de los que se beneficiaron en total 1,2 millones de personas, han contribuido al crecimiento de España. Humanidad, igualdad y pragmatismo económico son las premisas de las que debe partir cualquier reflexión sobre la política migratoria, convertida hoy en cuestión central de todas las democracias. Esa reflexión no puede despreciar las inquietudes y miedos de un sector de la ciudadanía ante cambios sociales acelerados, pero exige un rechazo tajante de la instrumentalización de estos miedos por parte de la extrema derecha.

En los primeros días del actual proceso, el Gobierno ya ha recibido 130.000 solicitudes de regularización y hasta el pasado jueves se habían asignado 55.000 citas presenciales. La regularización ha tardado casi dos años desde que el Congreso aprobase tramitar la iniciativa legislativa popular que forzó el debate inicial. En este tiempo la medida debería haberse preparado mejor en términos de información y burocracia, de forma que se evitasen las largas colas de inmigrantes que dan sensación, de falta de capacidad. Por definición, nadie sabe cuántos irregulares hay en España, pero los cálculos van desde 500.000 hasta 800.000, la población de toda la provincia de Girona. La magnitud de las cifras era conocida, y sin embargo se están produciendo cuellos de botella administrativos. El plazo previsto, hasta el 30 de junio, se antoja poco realista, y se echa en falta la coordinación con administraciones locales. Afrontar en profundidad la política migratoria y sus encrucijadas es una cuestión de Estado. Como tal, necesita políticas de Estado, con el apoyo de los principales partidos y las administraciones, y medios adecuados al desafío. El Estado no es solo el Gobierno, sino todas las comunidades autónomas y los municipios, sea cual sea su color.

España supera los 49,5 millones de habitantes y de ellos, por vez primera, más de 10 millones han nacido en el extranjero, según el INE. Hace dos décadas, eran menos de la mitad. Las principales proyecciones indican que ese proceso no va a parar, y que el aumento de la población española en los próximos años se deberá solo a la migración internacional. Esa es la realidad con la que deben trabajar las principales fuerzas políticas y las administraciones: España ya no se puede entender sin su población inmigrante, y los inmigrantes y los nuevos españoles constituyen una contribución decisiva que hace de este un país más rico, en todos los sentidos. Sin los trabajadores extranjeros, la economía española no sería la más dinámica de Europa, y su aportación va a continuar siendo esencial. Las nuevas necesidades, junto a las de una población nacional cada vez más envejecida y con mayor esperanza de vida, obligan a reevaluar todos los servicios públicos. Hay que escuchar las preocupaciones de unos ciudadanos cuyos servicios públicos están bajo tensión. Frente a quien quiere convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios del deterioro de la sanidad o del encarecimiento de la vivienda, la respuesta es reforzar el Estado de bienestar a la altura de las nuevas exigencias. La mejor forma de evitar el discurso falaz sobre la usurpación de los servicios públicos por los extranjeros es que haya buenos servicios para todos.

La audacia para regularizar a los inmigrantes debe ir acompañada de la valentía para responder a inquietudes que, en algunos casos, son legítimas. Si no, demasiados ciudadanos buscarán la respuesta en eslóganes efectistas y venenosos como la “prioridad nacional” que propone la ultraderecha de Vox. Un eslogan que, ante la ausencia de discurso propio, ya ha comprado el Partido Popular, a pesar de que aspira a gobernar la España real, y este es un país diverso y abierto que nada tiene que ver con la ensoñación nativista de la extrema derecha. La regularización de inmigrantes no es una decisión política ordinaria. Es una apuesta de Estado. Si se hace sin suficientes recursos, consenso y pedagogía, un acierto político puede tensionar el debate público hasta acabar por beneficiar a los oportunistas y a los xenófobos.