Un golpe tras otro

La revelación este miércoles de un nuevo escándalo de presunta corrupción en la órbita del PSOE contribuye a reforzar cierta sensación de desgaste acelerado, no del Gobierno de España, pero sí de la coraza moral con la que el proyecto político liderado por Pedro Sánchez se ha presentado a los ciudadanos desde hace siete años.

El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández; la exmilitante socialista Leire Díez, y Antxon Alonso —socio del exsecretario de Organización Santos Cerdán en la empresa que está en el centro de la trama de presuntas mordidas a cambio de obras— fueron detenidos por la Guardia Civil en el marco de una investigación por corrupción en la que se practicaron además 19 registros en empresas, varias de ellas públicas. Las tres detenciones se añaden a la causa contra el propio Cerdán y a las varias abiertas contra su predecesor en Ferraz, el exministro José Luis Ábalos, actualmente en prisión, suspendido esta semana en sus funciones de diputado y a punto de ser juzgado.

Todo se suma además al movimiento de mujeres contra las situaciones de supuesto acoso sexual dentro del PSOE que ha cuajado a raíz de la inacción del partido ante las denuncias contra Francisco Salazar, ex asesor de Pedro Sánchez en La Moncloa. Si la semana pasada el líder socialista de Torremolinos, Antonio Navarro, fue suspendido de militancia por ese mismo motivo –aunque solo después de que la Fiscalía de Violencia contra la Mujer de Málaga abriera diligencias—, también este miércoles la formación tuvo que forzar la dimisión del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. La incapacidad del aparato del PSOE para dar respuesta a las denunciantes ha revelado un problema estructural de inercias machistas contra el que se están rebelando las propias mujeres socialistas. La actual secretaria de Organización, Rebeca Torró, no ha sabido ni atajar ni encauzar ni explicar una tormenta que es de su plena competencia. Hoy dará su primera rueda de prensa desde su nombramiento el 5 de julio, el día en que estalló el caso Salazar.

En este punto, es inevitable empatizar con el ciudadano que haya perdido el hilo de los recientes escándalos que golpean al PSOE. La coincidencia de asuntos turbios contribuye a la impresión de erosión general. La realidad parlamentaria, sin embargo, sigue siendo la misma que hace seis meses, cuando las revelaciones sobre Santos Cerdán dejaron tocado el crédito de Pedro Sánchez. Esa realidad dicta que el presidente está condenado a gobernar sin Presupuestos, lo cual es grave. Pero también certifica —como se demostró ayer en el Congreso— que el Ejecutivo tiene capacidad de aprobar medidas útiles para los ciudadanos y, sobre todo, que por ahora no hay mayoría alternativa. Entre sus socios de investidura existe el consenso tácito de que la única línea roja es la hipotética aparición de una financiación ilegal del PSOE. En este momento, la continuidad de Sánchez solo depende de Sánchez.

Lo que sí puede estar en cuestión es la confianza ciudadana en el proyecto político de la izquierda. Si eso ya es grave de por sí, lo es más aún cuando la ultraderecha espera su oportunidad para rentabilizar la desafección que genera la acumulación de casos y dinamitar la democracia desde dentro, como en otros países. Por eso son necesarias medidas radicales de transparencia, asunción de responsabilidades y reparación. Tanto en el aspecto de la corrupción como en el del machismo interno, caiga quien caiga. El proyecto que se presentó como regenerador de la vida pública y comprometido con el feminismo necesita una catarsis a la altura del golpe sufrido. De lo contrario, no podrá volver a presentarse ante los ciudadanos con las mismas credenciales.