La UCO detiene a la exmilitante del PSOE Leire Díez y al expresidente de la SEPI Vicente Fernández

La exmilitante y exconcejal del PSOE Leire Díez y el expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) Vicente Fernández han sido detenidos este miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según han confirmado a EL PAÍS fuentes cercanas a la investigación. Ambos arrestos se enmarcan en un procedimiento relacionado con contratación pública, que impulsa el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, encabezada por el magistrado Antonio Piña. La operación continúa abierta bajo la tutela de la Fiscalía Anticorrupción, según fuentes policiales y jurídicas. Las pesquisas se centran en posibles delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. La investigación se encuentra secreta y en una fase inicial. Díez trabajó para una empresa pública, Enusa, participada en un 60% por la SEPI, en la época en que Fernández era presidente de la sociedad estatal.

Las detenciones se han producido antes de la media tarde de este miércoles y los agentes han trasladado a Leire Díez a los calabozos de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid). La exconcejala socialista, nacida en Bilbao hace 52 años, está también imputada en otra investigación por cohecho y tráfico de influencias que instruye el Juzgado Número 9 de Madrid. El ministerio público le atribuye el “liderazgo” de un “plan delictivo” para “desacreditar” a la cúpula de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción con el objetivo de “anular” causas que “afectan a políticos y empresarios”. Ella se presentaba como una reportera de investigación que lleva años indagando en las llamadas cloacas del Estado y ha negado su vinculación con el Partido Socialista. Sin embargo, unas grabaciones que constan en el sumario del caso que dirige Arturo Zamarriego revelan que ella se presentaba como la “mano derecha” del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Díez fue teniente de alcalde socialista en el municipio cántabro de Vega de Pas tras las elecciones de 2011. Con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ya en La Moncloa fue nombrada responsable de comunicación de Enusa, empresa pública que depende la SEPI, entre 2018 y 2021, cuando la sociedad estatal estaba presidida por el otro detenido, Vicente Fernández. Luego, ostentó el cargo de consejera en Cistec, una empresa de servicios tecnológicos con sede en Bilbao, en 2021 y 2022.

Desde 2022 y hasta 2024, fue directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, de donde salió dando las gracias a Juan Manuel Serrano, quien fuera presidente de la compañía postal y ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez antes de llegar a La Moncloa.

Vicente Fernández Guerrero (Málaga, 52 años) accedió en 2018 a la presidencia de la SEPI, tras la investidura de Sánchez, y cesó un año y cinco meses después. Años más tarde, pidió permiso a la Oficina de Conflictos de Intereses para trabajar como asesor externo de Servinabar, una de las sociedades vinculadas al caso Cerdán, para la que trabajó de 2021 a 2023. La investigación que implica al ex secretario de Organización del PSOE ha revelado que Cerdán tenía presuntamente un 45% de esa mercantil que conseguía contratos públicos a través de supuestos amaños que perpetraban desde el Ministerio de Transportes.

Fuentes del entorno de Fernández exponen que la asesoría a Servinabar fue de carácter directo para el dueño de la empresa, Joseba Antxon Alonso, y consistía en buscar socios y obras privadas y no públicas en la Costa del Sol. Por esa colaboración recibió entre 100.000 y 200.000 euros. Las mismas fuentes señalan que prestó a Leire Díez un piso en el madrileño barrio de Salamanca para algunas reuniones.

Antes de su etapa en la SEPI, Fernández Guerrero fue interventor general de la Junta de Andalucía, el máximo órgano de control interno y contabilidad de la Administración andaluza. También ejerció como secretario general de Innovación, Industria y Energía en esa comunidad autónoma entre 2012 y 2016 y como secretario en consejos de administración de empresas públicas, como la Empresa Pública de Gestión de Activos, la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial; y Cartuja 93.

Fernández, letrado de la Junta de Andalucía, obtuvo el número uno de su promoción. Fuentes próximas al ahora detenido en su etapa en Andalucía, destacan de él una enorme ambición profesional a la que se unían una gran capacidad técnica y nutridos contactos con el mundo empresarial y de la Administración.

El exdirectivo estuvo imputado en una causa de la Audiencia de Sevilla por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), de la que resultó absuelto junto al resto de 15 acusados. El pasado mes de julio compareció en la comisión parlamentaria del Senado que investiga el caso Cerdán, pero se acogió a su derecho a no declarar.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a las detenciones asegurando que se ha arrestado a una “fontanera” de Sánchez y a un “estrecho colaborador” de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. “Así no se puede seguir, @sanchezcastejon”, ha tuiteado. Antes, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha asegurado que “con este ritmo de escándalos, en 2027 del PSOE no van a quedar ni las raspas”, en referencia a la fecha límite de la legislatura, que el presidente Sánchez ha insistido que finalizará entonces. “A este ritmo de detenciones, probablemente, las cárceles se queden pequeñas”, ha añadido la portavoz popular. El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, dentro de Sumar, socio minoritario del Gobierno, Enrique de Santiago, ha ceñido las detenciones en el marco de un asunto de particulares. “Desgraciadamente, hay problemas de corrupción. Nosotros hemos dicho claramente cómo analizamos este problema. Todo lo que atañe a personas particulares es de particulares. En el momento que se cruce la línea y lo que aparezca es financiación a un partido, eso ya es otros términos, por supuesto”, ha asegurado.