Escuchar a la universidad pública

Los dos días de huelga celebrados la semana pasada en las universidades públicas de Madrid han sido el reflejo del descontento y la preocupación por la situación de los campus dependientes de la Comunidad. El principal objetivo del paro fue presionar al Gobierno regional para que revise los presupuestos autonómicos, incremente la financiación de los centros de enseñanza superior y compense así los años de recortes que los han llevado a una situación financiera crítica. Esta es especialmente grave en la Universidad Complutense, que en julio del año pasado anunció un recorte del 30% solo para sobrevivir esos 12 meses. En 2025, la Complutense se ha endeudado con la propia Comunidad por 34,5 millones de euros (el equivalente a un 5% de su presupuesto) para pagar las nóminas. El préstamo —que obliga a lo que el rector, Joaquín Goyache, ha llamado “presupuestos de guerra” para los próximos tres años— le costará 4,4 millones solo en intereses.

Las consecuencias de estos recortes están siendo dramáticas en todos los ámbitos, desde reducciones salariales hasta aulas sin calefacción, pasando por alumnos de Bellas Artes que han de adquirir por su cuenta los materiales de prácticas. El pasado mes, los decanos de las 26 facultades de la Complutense alertaron de la situación en una carta conjunta en la que subrayaban que el sistema de financiación en vigor “plantea importantes dificultades para la sostenibilidad y calidad del sistema universitario”.

Los estudiantes también se han manifestado contra la nueva ley de educación superior, en trámite en la Asamblea de Madrid, elaborada sin el concurso de los rectores y que, pese a una primera rectificación del Ejecutivo regional, contiene escollos como la injerencia en los procesos de elección de los propios rectores y las penas desproporcionadas a las protestas en los campus.

La pugna entre las universidades públicas y la Comunidad de Madrid es de fondo: atañe a cuál es el papel de lo público en la sociedad. Se enfrentan, por un lado, el modelo de universidad surgido en democracia, como ascensor social contra la desigualdad, formación meritocrática y herramienta de fomento y difusión del conocimiento; por el otro, el rechazo a la prestación de servicios por parte del Estado (Madrid es la comunidad que menos gasta por habitante en servicios públicos básicos), que en la educación superior se refleja en un paradigma abiertamente elitista en el que el ánimo de lucro y las necesidades inmediatas del mercado orientan gran parte de las decisiones.

En reiteradas ocasiones, Isabel Díaz Ayuso ha descalificado las protestas como partidistas. El éxito de la huelga de la semana pasada o gestos como la carta de los 26 decanos de la Complutense —de toda posición ideológica— demuestran que no es así. Y aunque los rectores se han abstenido de dar su apoyo explícito a los paros, su rechazo activo a la reforma de la ley indica que no comparten las posiciones del Gobierno autonómico. La presidenta de la Comunidad de Madrid debería actuar institucionalmente, escuchar de buena fe a la comunidad universitaria y negociar una solución que resuelva las razonables demandas de los campus. Las universidades madrileñas, algunas de ellas con siglos de historia, no merecen menos de su Gobierno.