Invertir en una red eléctrica del siglo XXI

La red eléctrica española atraviesa un momento crítico, no tanto por falta de generación —donde destaca la fuerte integración de fuentes renovables en el modelo— como por la saturación de las redes de transporte (líneas de alta tensión) y de distribución. Todo ello en medio de un proceso de descarbonización de la economía que va a disparar la demanda de electricidad en los próximos años y que ya empieza a crear algunos cuellos de botella. El apagón del pasado 28 de abril dejó en evidencia la vulnerabilidad del sistema y desde entonces los agentes implicados no han dejado de echarse mutuamente las culpas de un episodio que todavía, casi cinco meses después, presenta demasiados interrogantes.

En este contexto, la propuesta de planificación eléctrica para 2030 presentada ayer por la vicepresidenta para la Transición Ecológica contempla una inversión de 13.590 millones de euros hasta el final de la década, una cifra colosal que supone un 62% más de lo previsto en los planes actuales y que en buena parte correrá a cargo de Red Eléctrica, gestora del transporte. Esta inversión permitirá que la capacidad disponible pase de 2.000 megavatios a 27.700, lo que multiplica por 14 la capacidad actual. Al tiempo, el plan propone destinar un 10% de las inversiones a mejorar el control de tensión y a sistemas para recabar más y mejores datos sobre el estado de la red, un problema que se puso de manifiesto con el apagón de abril.

Los datos, por sí mismos, suponen el reconocimiento de un déficit inversor en el sistema eléctrico y la falta de una cierta planificación de la transición energética. En los últimos años, España ha hecho una loable apuesta por las energías renovables, pero para que el sistema funcione es igualmente necesario reforzar el esqueleto que lo sostiene: la infraestructura de transporte y distribución.

Precisamente, esta semana la patronal de las compañías eléctricas alertaba de que la capacidad del sistema se encuentra al límite y que más del 80% de los puntos críticos de conexión, generación o distribución (los conocidos nudos) no pueden soportar más demanda, con casos especialmente graves como Cantabria, País Vasco y La Rioja, que usan casi el 100% de su capacidad. Eso impide que nuevas industrias, centros de datos o proyectos renovables puedan conectarse a la red.

La propuesta, que entra ahora en trámites de audiencia y alegaciones, debería convertirse en una prioridad para el Gobierno y el conjunto de los partidos. Se trata de una medida de calado estructural frente a la que no caben tacticismos políticos y sí una actuación coordinada de las diferentes administraciones. La falta de capacidad puede acabar expulsando inversiones a otros países más ágiles en modernizar su infraestructura y, con ello, supone la pérdida de miles de empleos. La red eléctrica es la columna vertebral de la economía del siglo XXI. Su modernización es urgente.