La quita es solo un paso

El Consejo de Ministros aprueba este martes uno de los movimientos más arriesgados y trascendentes de la legislatura: la condonación parcial de la deuda autonómica, pactada con ERC para la investidura de Pedro Sánchez y extendida después al conjunto de las comunidades de régimen común. La medida no solo supone un movimiento de más de 83.000 millones de euros, sino que abre un debate de calado político, económico y territorial que dará mucho de qué hablar en el arduo trámite parlamentario que le espera.

La dimensión técnica de la propuesta está bien definida. Hacienda ha elaborado una metodología en tres fases que parte del “sobreendeudamiento” acumulado entre 2009 y 2013, cuando las autonomías tuvieron que recurrir a los mecanismos estatales de liquidez y dispararon sus pasivos. La diferencia entre aquella crisis y la respuesta expansiva que se dio entre 2019 y 2023 sirve como base para fijar el volumen global de ese endeudamiento adicional que sufrieron los territorios. El resultado es que Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid concentran, por este orden, los mayores importes de quita en valores absolutos.

Lo que se debate, sin embargo, va más allá de los números. El Gobierno central sostiene que la quita corrige una injusticia histórica: los territorios tuvieron que endeudarse masivamente durante la Gran Recesión, cuando se les cerró el grifo. Ahora, una vez constatado que las políticas aplicadas a la pandemia y a la crisis inflacionista resultaron más eficaces que la austeridad a machamartillo, se trata de aliviar aquella losa financiera. La tesis tiene fundamento: entre 2009 y 2013 el endeudamiento regional creció en más de 109.000 millones, frente a apenas 29.000 millones en el periodo 2019-2023.

Sin embargo, el trasfondo es inevitablemente político. La frágil mayoría del Gobierno dio un papel predominante en las negociaciones a ERC, que logró arrancar una exigencia que en otros tiempos habría sido imposible. Extender la medida al resto de las comunidades fue la única forma de evitar que el gesto se percibiera como un privilegio territorial. Esa extensión obliga ahora al Partido Popular a explicar por qué rechaza una operación que alivia la carga financiera de sus propios gobiernos autonómicos, que están claramente entre los más beneficiados. La paradoja es evidente: el PP denuncia que la condonación es un parche, que se ha diseñado al gusto de Cataluña y que sin reformar el sistema de financiación no se corrigen los desequilibrios de fondo —lo que en parte es cierto—, pero al mismo tiempo sus barones gestionan presupuestos que serían más holgados con el perdón de miles de millones de deuda.

La aprobación parlamentaria no será fácil. Al tratarse de una ley orgánica, se requiere mayoría absoluta en el Congreso. El Ejecutivo confía en que el beneficio general para todas las comunidades, incluidas las gobernadas por el PP, allane el camino. Pero la oposición frontal de Génova y las dudas de formaciones como Compromís o Sumar anticipan un debate áspero. El riesgo es que una medida pensada para aliviar tensiones territoriales acabe alimentando nuevas fracturas.

Hay, además, un problema de fondo que ninguna condonación resuelve: el modelo de financiación, pendiente de actualizar desde 2014. La quita puede dar oxígeno, pero no garantiza una distribución estable ni justa de los recursos ni en el corto ni en largo plazo: la Autoridad Fiscal ya ha advertido de la necesidad de encuadrar cualquier alivio en un marco fiscal sostenible. La credibilidad de la política económica exige que esta operación no se convierta en un simple truco contable, sino en el primer paso hacia una reforma integral y consensuada del sistema de financiación autonómica.