Una muerte evitable

El asesinato de la educadora social Belén Cortés, de 35 años, en un piso de Badajoz destinado a la reinserción de menores infractores mientras cuidaba de cuatro de ellos ha puesto de manifiesto la desprotección a la que están expuestas las personas que desempeñan estas labores y la necesaria revisión de los pliegos de condiciones que las administraciones autonómicas exigen a las empresas privadas que los gestionan. En el caso de Cortés, el homicidio, en el que hay tres menores implicados —de 14, 15 y 17 años—, se cometió una noche en la que ella era la única cuidadora a cargo de los jóvenes, cuando, según compañeros de la víctima, llevaban meses alertando de que el comportamiento de los chicos era cada vez más agresivo y que era desaconsejable dejarlos a cargo de una sola persona.

Lo que está en cuestionamiento no es el proyecto en sí. Estos pisos —que en Extremadura se conocen como “hogares de inserción sociolaboral”— están destinados a menores que se encuentran cumpliendo programas de convivencia en grupo por decisión judicial, ya sea como medida cautelar o por sentencia firme. Se trata de viviendas en régimen abierto en las que se persigue que los jóvenes puedan seguir desarrollando su vida con normalidad pero fuera de sus hogares. En muchos de los casos, son precisamente los menores con delitos cometidos dentro del ámbito familiar los derivados a ese tipo de centros. Como apuntan desde la Fiscalía de Menores, muchas veces, cuando el menor sale de un entorno familiar problemático empieza a remontar.

Estos recursos están contemplados en la ley del menor —que establece diferentes espacios para cumplir con un régimen cerrado, semiabierto o abierto—, pero la normativa no especifica cómo debe ser el funcionamiento interno de los centros ni el grado de seguridad de los empleados. Son las comunidades autónomas las que lo estipulan. En este caso, según ha señalado el Gobierno extremeño, Administración y empresas adjudicatarias del servicio estaban trabajando en un reajuste de los pliegos de condiciones para contemplar un refuerzo de personal para esos pisos.

Lo que hay que dirimir, para que no vuelva a ocurrir, es por qué no se escucharon antes las quejas de los educadores. Se trata de una profesión que, habitualmente, responde a una llamada muy vocacional y, precisamente por eso, muchos de ellos asumen responsabilidades que les desbordan. Corresponde a los poderes públicos evitar que tengan que verse en esa tesitura. Urge, por tanto, revisar las condiciones laborales y de seguridad de estos profesionales y poner en funcionamiento un protocolo de aplicación inmediata para casos como este. Máxime cuando ya constaban incidencias por conductas improcedentes por parte de esos menores. De Belén Cortés se ha dicho que era una excelente profesional que adoraba su trabajo. Ese amor no se puede convertir en un arma de doble filo.