Política primero, relato después
Insistir, como hace el Gobierno, en que PP y Junts juegan de forma irresponsable con las pensiones no sirve como solución a los afectados
El Gobierno dio este jueves señales de estar dispuesto a negociar por separado las medidas contenidas en el decreto ómnibus que el Congreso rechazó el día anterior, pero sin decirlo claramente, sin comprometerse a ningún plazo y concentrando su mensaje en la irresponsabilidad de quienes votaron en contra: PP, Vox y Junts. No solo no tiene más remedio que hacerlo, sino que esta negociación debe empezar cuanto antes, especialmente en el asunto más sensible para el bolsillo de 12 millones de españoles: la subida de las pensiones en febrero. Cada hora que se gasta señalando a los culpables de la derrota parlamentaria puede ser útil en una efímera táctica de dominar el relato político, pero es una hora perdida en una cuestión urgente para la sociedad y en la que el Gobierno carga con el grueso de la responsabilidad de liderar y buscar soluciones.
El Real Decreto-Ley rechazado el miércoles incluía una subida de las pensiones del 2,8% que supone unos 40 euros más al mes para la pensión media de jubilación, que se sitúa en 1.447 euros. Si se llega a finales de febrero sin una solución, las pensiones quedan de facto congeladas. Organizaciones que representan a los pensionistas amenazaron este jueves con movilizaciones si no hay pronto un arreglo.
La subida de las pensiones para compensar el IPC es un compromiso irrenunciable de este Gobierno, que ha invertido no poco capital político y presupuestario en él. Una vez fracasada la opción del decreto omnibús, las quejas del Gobierno —justificadas por el cortoplacismo de una oposición que sacrificó el interés general a su obsesión por socavar al Ejecutivo—, no pueden durar más.
Hay alternativas para salir de esta situación y evitar un golpe a los pensionistas, que no tienen culpa de nada: ni de la voluntad de bloqueo del PP incluso en asuntos de amplio consenso social para poder denunciar cada día un supuesto apocalipsis institucional, ni de la absurda acritud de Junts, que crece en proporción a la necesidad de autoafirmación de su líder. Este jueves por la tarde ya tuvieron que soportar una concentración de organizaciones sociales ante su sede de Barcelona en protesta por el bloqueo.
La primera opción que tiene el Ejecutivo es presentar un nuevo texto solo con esta cuestión: tanto populares como exconvergentes han indicado ya que lo aprobarían. Otra posibilidad es aprobar un Real Decreto, que no necesita convalidación en las Cortes pero profundizaría en la deriva, siempre delicada, de soslayar al Legislativo en asuntos de calado.
Es legítimo que el Gobierno quiera dar la vuelta a la imagen de debilidad que traslada la votación del miércoles. Ya está claro que en el Congreso hay una mayoría de derechas incapaz de juntarse para una foto pero sí para boicotear medidas sociales con sus votos. En contra de lo que piensan, este boicot no es gratis. El PP es tan consciente de las consecuencias de su decisión que las comunidades autónomas en las que gobierna anunciaron inmediatamente que pagarán ellas las subvenciones al transporte público, otra medida que decayó con el decreto. Es una buena ocasión para que lo asuman definitivamente. Al fin y al cabo, han votado en contra de que lo pague el Gobierno central.
Pero otra cosa son las pensiones. El Ejecutivo apenas dispone de un par de semanas aproximadamente para arreglar el desaguisado, y el trámite de una iniciativa parlamentaria difícilmente cumpliría con ese plazo. Debe asumir su parte de coste político y acabar con la incertidumbre. La política primero, el relato después.