El fiscal y la filtración

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre lo encontrado en los ordenadores y teléfonos móviles del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no aporta pruebas sobre el delito de revelación de secretos por el que está siendo investigado en el Tribunal Supremo. Elaborado con los datos obtenidos en el registro de su despacho desarrollado el 30 de octubre durante 11 horas, el informe contiene, al menos, dos datos relevantes. Por un lado, los correos electrónicos analizados acreditan que García Ortiz recibió el documento en el que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconocía sus delitos 20 minutos después de que se difundiera la primera información sobre dicho correo —con citas textuales— en la Cadena SER.

Por otro lado, el instituto armado halló “cero mensajes” en el teléfono móvil del fiscal general correspondientes a los días que se investigan. La explicación que este periódico ha obtenido es que había cambiado de teléfono recientemente y borrado los mensajes del viejo dispositivo siguiendo una directriz de Protección de Datos. Esta circunstancia abona la sospecha de culpabilidad del fiscal general porque supone la desaparición de la hipotética prueba. Corresponde a la Fiscalía explicar fechas y detalles de ese cambio y borrado de móvil cuando ya estaba abierta la investigación, aunque nadie pudiera anticipar que el juez instructor del caso, Ángel Hurtado, iba a ordenar una medida tan extraordinaria como un registro en su despacho y la clonación del teléfono.

Una actuación tan invasiva contra un alto cargo del Estado como la dictada por el magistrado del Supremo no se había dado jamás en democracia. Y mucho menos para investigar un supuesto delito que no parece entrar en la categoría de los de gravedad incontestable —terrorismo, por ejemplo—, donde están justificadas acciones tan drásticas. Bien al contrario, lo que se investiga es una filtración a la prensa. Y nunca juez alguno había recurrido a ella tratando de indagar en una filtración, algo cotidiano en España.

Sea como fuere, el informe de la Guardia Civil acredita ahora que García Ortiz recibió el correo sobre González Amador tras su difusión en la radio y que la nota publicada por la Fiscalía trataba de responder al bulo difundido por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta Díaz Ayuso.

Como es conocido, Alberto González Amador había ofrecido al fiscal que investiga su caso un acuerdo para admitir dos delitos contra la Hacienda pública, pagar una multa de medio millón de euros y rebajar así el castigo a solo ocho meses de cárcel. Sin embargo, Rodríguez utilizó el intercambio de mensajes entre el investigado y el fiscal para —hurtando el verdadero origen de ese diálogo— difundir la falsedad de que todo había sucedido al revés: que había sido la Fiscalía la que había ofrecido un pacto y que esa oferta se había retirado por “órdenes de arriba”.

La información falsa, difundida por medios afines al PP, fue contestada 12 horas más tarde por el fiscal general del Estado a través de la nota en la que se restauraba la verdad. El enredo jurídico que acorrala a García Ortiz contribuye a tapar un escándalo mayor: el Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido la actuación de un defraudador fiscal confeso. Y para esa defensa, no ha escatimado esfuerzos de personas pagadas con dinero público.