Proteger a los viajeros

La decisión del Gobierno de multar con casi 179 millones de euros a cinco de las mayores aerolíneas de bajo coste busca poner fin a algunas de las prácticas abusivas que llevan a cabo Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea y que suponen un notable daño a sus pasajeros. El Ministerio de Consumo considera que cobrar por llevar equipaje de mano en cabina, reclamar asientos contiguos en caso de personas dependientes, no permitir el pago en efectivo en los aeropuertos o la falta de transparencia en el precio final del vuelo son hábitos muy lesivos para los usuarios a los que estas empresas deben poner fin. Las compañías aéreas ya han anunciado que recurrirán la sanción ante la justicia. Serán ahora los tribunales los que decidan si las obligan a suspender con efecto inmediato esas estrategias o les permiten mantenerlas hasta que dicten sentencia.

Pese a esa incertidumbre, no cabe duda de que se trata de una multa histórica, tanto por su cuantía como por ser la primera de esta naturaleza que dicta Consumo. Además, la sanción —que pone en entredicho prácticas que, en algunos casos, constituyen la esencia de un modelo de negocio— puede cambiar la forma en la que opera el sector aéreo. Si la justicia ratifica la penalización, España será el primer país de la Unión Europea que prohibirá cobrar por el equipaje de mano.

Para poner coto a una anomalía largamente denunciada por las asociaciones de consumidores, el Gobierno se ampara en una decisión del Tribunal de Justicia de la UE, que en 2014 reconoció que no se puede cobrar a los viajeros por un elemento indispensable: el equipaje de mano. No determinó, sin embargo, las medidas o el peso de lo que se considera como tal, lo que facilitó que en 2018 algunas aerolíneas empezaran a poner en marcha los cobros ahora sancionados, una política comercial que se ha ido extendiendo en el sector.

Las empresas se defienden asegurando que no son actuaciones ilegales y que tendrán que repercutir esos costes sobre el precio de los billetes, lo que perjudicará a los pasajeros que viajan sin equipaje de cabina. Corresponderá a las autoridades vigilar que la respuesta de las aerolíneas —acogiéndose a su potestad de fijar libremente los precios del servicio que prestan— no menoscabe los derechos de los consumidores. También hay que pedir a la recién estrenada Comisión Europea que acelere la armonización de las dimensiones de las maletas que pueden volar junto a sus propietarios sin pagar suplemento alguno, una normativa en la que las autoridades de la UE llevan meses trabajando y que servirá para proporcionar más garantías a las empresas y a los consumidores.