Fiscal imputado, bulos impunes

Cinco magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con su presidente Manuel Marchena a la cabeza, han abierto una investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Es la primera vez que ocurre en la reciente etapa democrática. El Supremo encausa al fiscal general por un supuesto delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de correos electrónicos vinculados a procedimiento judicial. La información sobre esos correos permitió desmentir un grave bulo contra la Fiscalía que difundió Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, para defender al novio de la presidenta madrileña, defraudador fiscal confeso.

El bulo de Rodríguez consistió en distribuir el 12 de marzo pasado un correo electrónico del fiscal ofreciendo iniciar la negociación de un acuerdo de conformidad a Alberto González Amador, pareja de Ayuso, quien había declarado dos años consecutivos (2021 y 2022) gastos inexistentes por 1,8 millones de euros para ahorrarse el pago de impuestos a Hacienda por más de 350.000 euros: dos graves delitos fiscales que conllevan penas de cárcel. En la misma operación de intoxicación informativa, aireada por medios que no hicieron nada por contrastar la noticia, Rodríguez incluyó la idea de que ese ofrecimiento de acuerdo al novio de Ayuso había sido frenado en la Fiscalía “por órdenes de arriba”, algo que nunca ocurrió.

Unas horas después de aquella maniobra del jefe de gabinete de Ayuso, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ordenó distribuir a todos los medios una nota informativa con los principales hitos de un procedimiento judicial que situaba a la pareja de Ayuso al borde de una condena de cárcel. Esa cronología desmentía el bulo y, a la vez, defendía el honor de la Fiscalía al descubrir que quien ofreció un acuerdo de conformidad para evitar su ingreso en prisión fue el novio de Ayuso el pasado 2 de febrero. Esa nota atendía a los medios que en cumplimiento de su obligación profesional intentaron contrastar la desinformación que propagaba sobre el caso el Gobierno de Díaz Ayuso.

El Supremo sostiene que la difusión de la nota no constituye una revelación de secretos —porque lo que contaba ese escrito estaba ya publicado horas antes en distintos medios de comunicación—, pero quiere investigar quién filtró los correos del procedimiento a algunos medios. Y para hacer esa averiguación, ha decidido imputar nada menos y por primera vez en democracia, a un fiscal general del Estado. En otras circunstancias, esa imputación debería causar el inmediato cese de Álvaro García Ortiz. ¿Cómo puede seguir desempeñando el trabajo de fiscal general del Estado, principal garante de la legalidad en España, alguien que está investigado por un delito de revelación de secretos? La respuesta lógica sería: de ninguna manera, debe dimitir. Pero el contexto de toda esta historia hace que esa respuesta lógica se convierta en otra pregunta: ¿Cómo es posible que pueda acabar imputado quien lleva al delincuente ante los tribunales de justicia con pruebas y defiende de un bulo a toda la Fiscalía? Alguien a quien el jefe de Gabinete de la presidenta regional, que protegía con su mentira a un defraudador confeso, lleva días anunciando públicamente que la justicia se lo llevaría “pa’lante”, arrogándose una insólita portavocía de un alto tribunal.

Los cinco magistrados del Supremo recuerdan que la ley no permite difundir correos electrónicos de un procedimiento judicial porque puede causar indefensión al delincuente. Expertos consultados por este periódico sostienen que esa prohibición no afecta a las negociaciones entre abogados y fiscales y que incluso sería deseable la transparencia de ese tipo de arreglos fuera del procedimiento. El Tribunal Supremo tiene la responsabilidad de resolver con urgencia este caso cuyos instigadores persiguen la desestabilización de una institución capital y opacar un delito confeso.