Sentencia

Debería saberse, quizá en el futuro se sepa, si la sentencia que no manda a prisión a ninguno de los siete empresarios que pagaron a una red de explotación sexual para tener relaciones con menores, va a ser utilizada en el futuro por nuevas organizaciones para animar a gente con dinero a abusar de niñas explotadas por ellos. Un cebo, un gancho, una manera de tranquilizar al cliente: las hemos captado en colegios, discotecas de menores o...

Debería saberse, quizá en el futuro se sepa, si la sentencia que no manda a prisión a ninguno de los siete empresarios que pagaron a una red de explotación sexual para tener relaciones con menores, va a ser utilizada en el futuro por nuevas organizaciones para animar a gente con dinero a abusar de niñas explotadas por ellos. Un cebo, un gancho, una manera de tranquilizar al cliente: las hemos captado en colegios, discotecas de menores o anuncios de trabajo, les hemos prometido mucho dinero por dejarse acompañar y tocar por señores mayores, ahora están cagadas de miedo en despachos, pisos y locales nuestros, son 11 adolescentes, las estamos prostituyendo, páguenos y haga con ellas lo que quiera, es ilegal pero no mucho, es casi imposible que le detengan, pero si lo hacen ni siquiera pisará la cárcel y pagará menos de lo que paga por la niña. Dejar sin penas incluso a los proxenetas, que sí fueron condenados a cárcel, “se traduciría en un estímulo para la comisión de delitos de naturaleza igual o similar”, dice el tribunal, frase que puede acomodarse detrás de cualquier nombre de los encausados, también de los empresarios José Antonio Arce López, José Jara Albero, Juan Martínez Fernández, Juan Peque Álvarez, Antonio Giménez Pelegrín, Antonio Morales Nicolás y Juan Castejón Ardid que, debido a la lentitud judicial, han sido condenados a penas ridículas. La explotación sexual de menores existe porque hay demanda, y si esa demanda no se siente amenazada al punto de evitar incluso la cárcel y pagar un dinero irrisorio después de sentarse en el banquillo, el problema ya no pasa por el desorden criminal sino por el orden judicial. Cuando se lee en la sentencia que la finalidad de los proxenetas era “favorecer la prostitución de mujeres menores de edad”, y que esta se trata de “una de las formas más graves de violencia contra las mujeres que se pueden acometer”, de qué manera se va a poder defender a esas mujeres si a los agresores que las explotan y a los agresores que las requieren se les juzga diez años después.