Niñas prostituidas y olvidadas por la justicia

El 22 de agosto de 2014, los padres de una adolescente de 15 años, de nacionalidad ecuatoriana y residente en Murcia, interponían una denuncia en la comisaría del distrito de San Andrés de esa ciudad. Su hija menor no había llegado a casa a dormir esa noche. Además, aseguraba la madre, la niña manejaba cantidades de dinero cuya procedencia ellos desconocían, porque no trabajaba.

Así comenzaba, hace ahora 10 años, una operación de investigación conjunta de la Policía, entre el Grupo de Menores (Grume) y el Grupo II de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (U...

El 22 de agosto de 2014, los padres de una adolescente de 15 años, de nacionalidad ecuatoriana y residente en Murcia, interponían una denuncia en la comisaría del distrito de San Andrés de esa ciudad. Su hija menor no había llegado a casa a dormir esa noche. Además, aseguraba la madre, la niña manejaba cantidades de dinero cuya procedencia ellos desconocían, porque no trabajaba.

Así comenzaba, hace ahora 10 años, una operación de investigación conjunta de la Policía, entre el Grupo de Menores (Grume) y el Grupo II de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) que llevó a la desarticulación de pisos en la ciudad de Murcia donde se ofrecía sexo con chicas menores de edad a cambio de dinero. Concretamente, tres pisos, cada uno regentado por una mujer proxeneta. Las tres captadoras y explotadoras contaban, a su vez, con la ayuda de otras mujeres que hacían las veces de captadoras intermediarias de las adolescentes. Eran estas las encargadas de buscar a las chicas, tanto en una discoteca donde acudían adolescentes latinas, también a través de los anuncios donde ellas mismas solicitaban empleo como canguro, cuidando ancianos o de camareras. Pero, además, las captaban directamente del colegio y después las ponían en contacto con las captadoras principales. En el staff de las tres delincuentes también colaboraban sus parejas. Ejercían de conductores para la entrega y recogida de las menores de edad a los lugares donde eran explotadas sexualmente, además de otros taxistas piratas que también transportaban tan importante mercancía. Cada una de las proxenetas tenía montado su propio negocio en Murcia, pero se conocían y compartían el catálogo de niñas: un menú a la carta de servicios sexuales con menores a cambio de suculentas sumas de dinero.

En 2015, la madre de una adolescente tutelada en un centro de menores de Gran Canaria denuncio en la Unidad de Menores y Familia de la Policía Canaria (Umefa) la existencia de una organización que se dedicaba a llevar a adolescentes a fiestas privadas para ser prostituidas. Así comenzó la investigación del caso 18 Lovas, que es precisamente como se llamaba la supuesta agencia de contratación de azafatas, gogó y animadoras con sede social en Gran Canaria. Esta agencia no era sino una tapadera para un proxeneta delincuente violador de niñas, que se dedicaba a la captación de adolescentes para su explotación sexual. En muchos casos, se servía de otras víctimas a las que ofrecía pequeños montos de dinero y regalos para que le ayudaran a captar a chicas menores de edad. Era él mismo quien probaba primero la “mercancía” en un piso que tenía para que se cambiaran de ropa las menores, donde también les hacía fotos desnudas para coaccionarlas.

Tanto en la red de trata y explotación sexual de menores de Murcia, llamada Operación Baúl, como en la de Gran Canaria, las niñas eran captadas por su vulnerabilidad. En Murcia, salvo una menor de esta región, eran adolescentes de nacionalidad latinoamericana. En Canarias, las víctimas, en la mayoría de los casos, eran captadas en centros tutelados dependientes del Gobierno canario.

En ambos casos, este suculento banquete de criaturas a la carta era demandado por hombres veteranos, algunos con hijas y nietas de la edad de las niñas que violaban. Ya saben, la única ley del delito de trata sexual o esclavitud sexual es la ley de la oferta y de la demanda: si se demandan niñas, se captan niñas… Esos hombres en su mayoría reconocidos empresarios, ilustres abogados y con buena posición económica, tenían conocimiento pleno de que las chicas que alquilaban para que se las sirvieran directamente y discretamente en su bufete, en un hotel o en una finca con piscina en la periferia, eran menores de edad. A una de ellas la proxeneta le decía: “A los clientes diles que tienes 14 años, no 17, porque a esos men viejos les gusta sobar y toquetear a las niñas muy pequeñas”. Las niñas por esos tocamientos y felaciones, en general, se llevaban unos 30 euros; el resto, el botín, era pagado directamente a las proxenetas de un lado y del otro del Atlántico.

En el caso de Murcia, ha costado 10 años para que un juez por fin se arremangara. Y todo esto a pesar de la gravedad de los hechos probados, a las 29 detenciones ocurridas en su día, las 12 menores identificadas y rescatadas de la explotación sexual y junto con la expectación mediática que ha generado. El juicio se demoró tanto tiempo, que la Fiscalía ha llegado a un acuerdo con todas y todos, proxenetas y violadores de niñas, quienes vergonzosamente van a salir prácticamente de “rositas” sin pisar la cárcel y con multas de calderilla.

Al parecer, el caso 18 Lovas lleva el mismo camino, ya que se encuentra parado en el juzgado número 2 de Las Palmas de Gran Canaria.

Como decía el pensador y filósofo Séneca: “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”.