Restaurar la confianza en la Justicia

Por primera vez desde 2018, el Gobierno de los jueces asistió ayer a la apertura del año judicial sin el mandato caducado y sin vetos legales de ningún tipo. Recién elegidos por el Congreso y el Senado conforme a la ley, los vocales del órgano renovado acudieron a la ceremonia presidida por el Rey con un logro histórico bajo el brazo: el nombramiento de una mujer, la magistrada Isabel Perelló, como presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo. Era un techo de cristal que llevaba demasiado tiempo intacto. De ahí la pertinencia de la reivindicación que Perelló hizo en su discurso del papel de las mujeres que trabajan en la Administración de Justicia.

El panorama “desolador” que denunció el año pasado su antecesor, Vicente Guilarte, ante la falta de renovación del CGPJ se transformó ayer en un escenario de esperanza. Ya sin limitación de funciones, el Consejo tendrá que abordar pronto y rápido uno de los principales problemas que lastran la Justicia en España: el atasco en los tribunales como consecuencia de la imposibilidad legal —fruto del citado bloqueo y ahora eliminada— de renovar un centenar de cargos en audiencias provinciales, tribunales superiores o el mismo Supremo.

Ese fue, con razón, otro de los aspectos abordados ayer por Perelló. El tercero, en un mensaje dirigido al poder político y a los partidos, fue la reclamación de respeto para la independencia judicial. En efecto, como dijo, ningún poder del Estado puede dar indicaciones a los jueces sobre cómo han de aplicar el ordenamiento jurídico, lo que no puede significar, aunque no lo dijo, que ningún poder, incluido el Judicial, se pretenda blindado a la crítica pública a su labor.

Por eso es de lamentar que a la reivindicación de la independencia de los jueces Perelló no le sumara la del respeto de los propios jueces a la imparcialidad que se les supone, y que tantas veces ha quedado en entredicho últimamente en España. A socavar la reputación de la Administración de Justicia también han contribuido sus propios integrantes. De ahí que el CGPJ tenga también por delante una tarea a la que no se aludió ayer: la de restaurar la disciplina profesional para que la independencia respecto a la política sea, como corresponde, bidireccional.

La esperanza suscitada por la renovación del Consejo no puede hacer olvidar que la derecha judicial se embarcó hace un año en una guerra contra los poderes Legislativo y Ejecutivo a cuenta del anuncio de la tramitación de la ley de amnistía para los implicados en el procés. Las manifestaciones de togados a la puerta de los juzgados contra el acuerdo entre partidos sobre una norma que ni siquiera había comenzado a tramitarse no recibieron reproche alguno por parte de quienes tienen la potestad disciplinaria en el propio Poder Judicial pese a que la ley sanciona como falta grave la “censura a las autoridades y poderes públicos invocando la condición de juez o sirviéndose de esa condición”.

La independencia judicial no está en peligro —por mucho que la clase política intente influir en la actuación de sus profesionales— ni la ley de amnistía ha supuesto el fin de la democracia, como auguraron algunos de ellos. Más bien al contrario. El Poder Judicial ha demostrado que aplicando las reglas del Estado de derecho se puede incluso impedir la aplicación de una ley sin necesidad de recurrirla ante instancias superiores, tan solo forzando una interpretación creativa del texto legal. Lo ha hecho contra la voluntad del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, y sin que nadie interfiera en su potestad de hacerlo.