Una presidenta para el Poder Judicial

El renovado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —integrado por 10 vocales elegidos a propuesta del PSOE y otros 10 a propuesta del PP— inició su andadura en julio dando una imagen de enfrentamiento y polarización que vaticinaba un mandato tormentoso. Sin embargo, los problemas para consensuar su principal nombramiento se resolvieron ayer al elegir como presidenta del Consejo y del Tribunal Supremo a Isabel Perelló, magistrada del alto tribunal desde 2009 y perteneciente a la progresista asociación Jueces y Juezas para la Democracia.

Con una trayectoria marcada por la solidez, la discreción y la independencia, Perelló será la primera mujer que presida el CGPJ en sus 44 años de existencia, un hito que hace de esta designación una de las mejores noticias de los últimos tiempos en el turbulento mundo judicial. Su elección llega además cuando las mujeres son ya una mayoría consolidada en la carrera: suponen un 57% y alcanzan el 73% en la última promoción. Que esa presencia en la base permee a todos los estamentos judiciales es la tarea pendiente. Ayer se dio un paso histórico por el que muchas juristas han trabajado en casi 50 años de democracia.

Con todo —y pese a haber obtenido 16 de los 20 votos posibles— el modo de producirse el nombramiento deja algunos interrogantes sobre un Gobierno de los jueces que hasta ahora ha evidenciado su fractura. Así, la magistrada que presidirá el Consejo no es ninguno de los siete candidatos propuestos por los dos sectores —progresistas y conservadores— al iniciarse la negociación, supuestamente elegidos por considerarlos los de mayor mérito y competencia. La derecha judicial —los 10 vocales elegidos a propuesta del PP— boicoteó de entrada a las tres magistradas apoyadas por los 10 vocales elegidos por el PSOE. Los argumentos para no votar a ninguna de las tres eran variopintos: desde que Pilar Teso era la candidata del Gobierno hasta que Ana Ferrer pertenece a Jueces y Juezas para la Democracia, como Perelló. Por su parte, la izquierda judicial reivindicó desde el primer momento la necesidad de que fuera una mujer quien ocupara la presidenta del órgano y rechazó apoyar al magistrado Pablo Lucas, de tendencia progresista y propuesto por el grupo conservador. Apremiados por el bochorno de llegar este jueves a la apertura del año judicial sin presidencia acordada y ante el indefendible argumento de que no era imprescindible que la ocupara una mujer porque se buscaba “la excelencia”, los vocales propuestos por el Partido Popular aceptaron in extremis apoyar a Isabel Perelló.

Tras 25 años con presidentes del Poder Judicial de tendencia conservadora y tras más de cinco de bloqueo por la negativa del PP a renovar una institución clave en el funcionamiento de la democracia, el nuevo Consejo aprobó ayer su asignatura más delicada. Pese a su final feliz, el tortuoso desarrollo de este primer acto no augura un mandato tranquilo en un órgano muy desprestigiado en los últimos tiempos por las injerencias políticas.

El CGPJ deberá nombrar hasta un centenar de cargos —presidentes de audiencias provinciales y tribunales superiores y casi una treintena de magistrados del Supremo—, y para hacerlo necesitará una mayoría mínima de 12 votos, lo que implica una suma de votos progresistas y conservadores. El acuerdo entre diferentes que durante casi dos meses parecía imposible para elegir un cargo será imprescindible ahora para nombrar cien. Conjurado el fantasma de un nuevo bloqueo en el Gobierno de los jueces, es imprescindible que no se reproduzca en la designación de todas las vacantes. La fama de Isabel Perelló como defensora del consenso hacen que su elección sea —además de histórica por romper un viejo pero rocoso techo de cristal— una señal esperanzadora.