Luz sobre las cloacas de Interior
La Audiencia Nacional debe investigar hasta el final el espionaje político de la policía bajo control del PP a diputados de Podemos
Doce años después de que EL PAÍS denunciara por primera vez la utilización de la policía por parte del Gobierno del PP para una guerra sucia contra sus adversarios políticos, en aquel caso los independentistas catalanes, la Audiencia Nacional investiga ahora unas operaciones parecidas contra Podemos. El juez Santiago Pedraz ha recabado pruebas de un supuesto espionaje ilegal de la policía, impulsado por los mandos políticos de Interior, para buscar información dañina contra los 69 diputados que Podemos logró en las elecciones de 2015. Decenas de policías consultaron entre 2015 y 2016 casi 7.000 veces las bases de datos del Ministerio del Interior en busca de trapos sucios contra una formación política cuya repentina fuerza electoral preocupaba al PP. El encargo partió del secretario de Estado de Seguridad de entonces, Francisco Martínez. El comisario que recibió las instrucciones avisó de que esa operación dejaría “rastro”.
La irrupción de Podemos en el Congreso ese año puso en guardia a la policía política del PP, según acreditó EL PAÍS a raíz de la publicación de grabaciones del comisario retirado José Manuel Villarejo donde este tramaba planes con dirigentes del PP contra los principales cargos de Podemos. Media docena de comisarios a las órdenes de la cúpula política se afanaron en buscar trapos sucios. Contactaron con exdirigentes venezolanos en busca de información sobre una supuesta financiación ilegal de Podemos; filtraron cuentas falsas en paraísos fiscales de Pablo Iglesias; y pactaron regalos a expolíticos venezolanos a cambio de declaraciones contra Podemos.
La información en poder del juez revela un espionaje masivo e indiscriminado sobre la vida de los 69 diputados para encontrar lo que fuera que pudiera usarse políticamente a través de medios de comunicación afines. Pese a que el desprestigio ya acorralaba al Ministerio del Interior a comienzos de 2016, las maniobras ilegales contra el adversario político seguían financiándose con dinero público e intoxicando el debate político. Esta operación del PP con instrumentos del Estado contó con el apoyo de medios de comunicación que se prestaron a difundir el material tóxico que se cocinaba en Interior. Entre enero y junio de 2016, el PP temió perder el Gobierno frente a una alianza de izquierdas de PSOE, Podemos y otras fuerzas. Esa alianza no fue posible: se repitieron las elecciones y Rajoy mantuvo, a duras penas, el Gobierno.
Lo publicado sobre las cloacas de Interior no deja lugar a la equidistancia: se trata de uno de los hechos más graves ocurridos en la reciente etapa democrática, y sigue impune. La justicia apenas ha intervenido y cuando lo ha hecho ha ido archivando los escasos procedimientos abiertos.
El juez Pedraz tiene ahora la oportunidad de probar que en España rige el imperio de la ley y se castiga a los infractores. Porque la gravedad de los hechos revelados no puede quedar huérfana de una verdad judicial. Que un Gobierno utilizara recursos policiales fuera de la ley para atacar a adversarios políticos pone en cuestión la categoría de España como un Estado de derecho sólido y respetuoso con el pluralismo político. A pesar de los años transcurridos, se abre un camino a la esperanza de justicia. La instrucción del juez Santiago Pedraz en la querella presentada por Podemos puede aún iluminar ese territorio subterráneo y oscuro en el que se movían funcionarios con placa para espiar nada menos que a diputados del Congreso por orden de un Gobierno del PP.