Justos remedios

El Tribunal Supremo levantó la semana pasada las medidas cautelares que impedían la comercialización del genérico del Apixabán, un anticoagulante sanguíneo que usan unas 350.000 personas en España. La detentora de la patente del medicamento recurrió a un juzgado de lo mercantil de Madrid para frenar una decisión de otro tribunal de lo civil de Barcelona. Ante el conflicto de jurisdicciones, el Supremo concluyó que era la pr...

El Tribunal Supremo levantó la semana pasada las medidas cautelares que impedían la comercialización del genérico del Apixabán, un anticoagulante sanguíneo que usan unas 350.000 personas en España. La detentora de la patente del medicamento recurrió a un juzgado de lo mercantil de Madrid para frenar una decisión de otro tribunal de lo civil de Barcelona. Ante el conflicto de jurisdicciones, el Supremo concluyó que era la primera decisión la que contaba y que el juzgado de Madrid era incompetente para intervenir en el caso.

Se estima que el retraso le ha costado a la sanidad pública española 23,2 millones de euros. Las comunidades autónomas se han pasado más de un mes financiando medicamentos de marca mientras los genéricos esperaban en un almacén el visto bueno judicial para poder ser enviados a las farmacias. La misma tarde del levantamiento de las medidas cautelares, las primeras cajas llegaban a manos de los farmacéuticos.

La protección de las patentes es el alma de la industria farmacéutica. Es lo que mantiene activa la innovación permanente: miles de personas en laboratorios de todo el planeta buscan una nueva patente que supere a la anterior y mantenga a la Humanidad en la frágil vanguardia de la lucha contra la enfermedad, contra cientos de enfermedades distintas. Pero esa protección ha de llevarse a cabo dentro de un marco legal justo y transparente. No parece de recibo que, ante una derrota en los tribunales, se fuerce un conflicto jurisdiccional que tenga que acabar en manos del Supremo para bloquear la distribución de un genérico. Máxime cuando el principal perjudicado de ese conflicto es el ciudadano: sea aquel que no tenga el medicamento cubierto por la Seguridad Social y deba pagar de más, sea el contribuyente que debe cargar con los costes adicionales del compuesto de marca.

Situaciones como esta ponen de relieve el papel de los genéricos para el control del creciente gasto farmacéutico español, un papel que debe ponerse a la altura de los demás países europeos. En España, además, donde los casos de escasez de medicinas en las farmacias se han triplicado en solo dos años, la mayor presencia de los genéricos en las reboticas permite garantizar alternativas de suministro. En los últimos años e ha subrayado la necesidad de impulsar la cuota de mercado de los genéricos y se han tomado en consideración varias medidas, aunque nada ha llegado todavía al Boletín Oficial del Estado.

Todos —industria, Administración y ciudadanía— nos beneficiamos de un sistema de innovación equilibrado que justifique los costes de desarrollo de nuevos medicamentos y a la vez permita que las patentes ya amortizadas tengan un mercado más amplio. España avanza en esa dirección. El sector farmacéutico no debería ponerle palos en las ruedas.