Encrucijada gallega

Galicia acude hoy a las urnas en la primera cita de las tres que, como mínimo, se sucederán este año, junto a las autonómicas vascas —todavía sin fecha oficial, aunque todo apunta al 21 de abril— y las europeas de junio. Es la primera vez que los ciudadanos votan tras el cambio de escenario que supusieron las autonómicas y municipales del 28-M y, sobre todo, las generales adelantadas del 23-J y su corolario con una investidura fracasada y otra exitosa que no llegó hasta casi cuatro meses después de los comicios. Los protagonistas de ambas, ...

Galicia acude hoy a las urnas en la primera cita de las tres que, como mínimo, se sucederán este año, junto a las autonómicas vascas —todavía sin fecha oficial, aunque todo apunta al 21 de abril— y las europeas de junio. Es la primera vez que los ciudadanos votan tras el cambio de escenario que supusieron las autonómicas y municipales del 28-M y, sobre todo, las generales adelantadas del 23-J y su corolario con una investidura fracasada y otra exitosa que no llegó hasta casi cuatro meses después de los comicios. Los protagonistas de ambas, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, disputan su segundo duelo electoral, esta vez por candidatos interpuestos, en una situación política aún más encrespada que en julio.

Esa pugna nacional se ha empeñado en teñir la campaña, pero es importante insistir en que los gallegos eligen hoy un Gobierno que durante los próximos cuatro años deberá afrontar retos que afectan profundamente a su vida cotidiana, como la despoblación en una sociedad envejecida o la crisis de una sanidad pública que salió muy tocada de la pandemia. Fue la estrategia del PP nacional la que determinó el ligero anticipo de estas elecciones y su planteamiento inicial de confrontación con el Gobierno central. Son el PP, que ha gobernado Galicia 36 de los 42 años de autonomía, y su líder estatal quienes más se juegan en el mantenimiento de los 42 escaños actuales.

Galicia vota en un escenario muy distinto al de hace cuatro años, cuando lo hizo en plena pandemia. La participación se quedó entonces en un escueto 48,9% (tras contar el voto en el extranjero, de especial relevancia en una comunidad marcada históricamente por la emigración), porcentaje que seguramente se superará hoy. Las encuestas publicadas hasta el último día legal dibujan un panorama muy reñido, con la posibilidad de que el PP conserve la mayoría absoluta pero también de que pueda perderla por primera vez en años, incluso que necesite apoyarse para seguir en la Xunta en una formación populista como Democracia Ourensana. En una situación que se puede resolver por un puñado de papeletas, cobra mayor relevancia el voto de los emigrantes, que suponen el 17,7% del censo, pero que en provincias como Ourense se acerca al 30%. Una incógnita que, además, no se resolverá hasta pasado del lunes 26, día en que comienza el escrutinio del voto exterior.

Una menor abstención en una comunidad que siempre ha votado más en las elecciones generales que en las autonómicas (casi siete puntos más de participación el 23-J que en 2016, las últimas autonómicas equiparables) puede resultar clave para una alternancia en el Goberno que sería histórica. La izquierda acaricia la posibilidad de volver a la Xunta 15 años después, pero esta vez no de la mano del PSOE, sino de un BNG que hace solo ocho años era la cuarta fuerza en la comunidad. Por primera vez una formación nacionalista (y por primera vez una mujer, Ana Pontón) tiene opciones de liderar el Gobierno de Galicia, una expectativa indisoluble de su decisión de primar en los últimos años lo social y transversal sobre lo más identitario. Este escenario haría sentir los efectos de estos comicios en toda la política nacional y en especial en el liderazgo y a la forma de hacer oposición del PP.

Tengan el resultado que tengan, aquellos que se empeñan en repetir que España es una democracia defectuosa tendrán en la celebración de las elecciones de hoy otra oportunidad de comprobar cómo sus augurios chocan con la legitimidad que emana de la normalidad institucional y ciudadana garantizada por el Estado de derecho.