Regular el acceso al porno

El Gobierno ha puesto en marcha una estrategia para regular el acceso de los niños y adolescentes a los contenidos pornográficos y frenar así la creciente influencia de estos en la educación afectivo-sexual de los menores. Esta estrategia incluye una ley para la protección integral de los menores, un plan de actuación que involucrará a diferentes ministerios y la propuesta de un pacto de Estado entre las fuerzas políticas y...

El Gobierno ha puesto en marcha una estrategia para regular el acceso de los niños y adolescentes a los contenidos pornográficos y frenar así la creciente influencia de estos en la educación afectivo-sexual de los menores. Esta estrategia incluye una ley para la protección integral de los menores, un plan de actuación que involucrará a diferentes ministerios y la propuesta de un pacto de Estado entre las fuerzas políticas y las organizaciones sociales. Entre las medidas a adoptar figura una nueva herramienta de verificación de la edad para poder acceder a los contenidos pornográficos, para lo que será preciso contar con la colaboración de las empresas tecnológicas, que hasta ahora se han mostrado reticentes. Cabe esperar que, ante la alarma social que se ha generado, tengan en cuenta que la protección de los menores debe estar por encima de cualquier legítimo interés comercial.

Los datos corroboran la necesidad de intervenir con urgencia. Uno de cada cuatro niños accede al porno antes de los 12 años, con una edad de inicio que ya es a los ocho —un 20%. La mitad de los menores de entre 12 y 15 y el 70% de los que tienen entre 15 y 17 años lo consumen con regularidad. Y lo que hace que sus efectos sean más devastadores es que para el 30% de los menores, el porno es la única fuente de información afectivo-sexual. En estas edades cruciales de formación de la personalidad, la pornografía distorsiona la percepción de la sexualidad, de manera que los menores interiorizan como normales patrones de conducta que son muy nocivos, no solo para las posibles víctimas, sino para los propios jóvenes, que tendrán problemas emocionales ante la dificultad de tener relaciones respetuosas, sanas e igualitarias. Entre las consecuencias de esta mala educación está la normalización de la violencia contra las mujeres, a las que la pornografía cosifica y deshumaniza. No es de extrañar, por tanto, que se haya producido, como constata la memoria anual de la Fiscalía, un aumento de las agresiones sexuales por parte de menores y también de las agresiones en grupo.

La pornografía contribuye a asentar los estereotipos de género, por eso hay que regular el acceso de los menores a sus contenidos, a pesar de las endiabladas dificultades tecnológicas que se pueden encontrar en una batalla muy compleja de librar. La hoja de ruta está diseñada. Ahora hay que lograr que se aplique la normativa ya vigente y que la nueva entre en vigor lo antes posible, incluidas las posibles sanciones por incumplimiento.