Duro pacto migratorio

Una década de gestación y tres años de tensas negociaciones ha costado alumbrar el nuevo Pacto de Migraciones y Asilo de la Unión Europea. El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo firmaron ayer por fin uno de los acuerdos más difíciles. El pacto ha de poner fin a la injusta gobernanza de los procesos migratorios y de asilo después de que la crisis de 2015 hiciera saltar por los aires el convenio de Dublí...

Una década de gestación y tres años de tensas negociaciones ha costado alumbrar el nuevo Pacto de Migraciones y Asilo de la Unión Europea. El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo firmaron ayer por fin uno de los acuerdos más difíciles. El pacto ha de poner fin a la injusta gobernanza de los procesos migratorios y de asilo después de que la crisis de 2015 hiciera saltar por los aires el convenio de Dublín. Se ha logrado, sin embargo, a costa de endurecer los requisitos de acogida, hasta el punto de que varias organizaciones humanitarias consideran que el nuevo procedimiento socava el derecho de asilo.

El sistema actual hacía recaer en los países de entrada todo el peso de la gestión migratoria sin que recibieran la ayuda del resto, lo que ha llevado al colapso de sus sistemas de acogida, aunque gran parte de los migrantes tuvieran como destino otros países. La negativa de una parte de los Estados miembros a asumir cuotas de solicitantes de asilo ha sido el principal escollo en las negociaciones. No era fácil casar los diferentes intereses en los cinco reglamentos que componen el pacto, teniendo en cuenta la dificultad de distinguir entre las personas con derecho a protección internacional porque huyen de guerras de quienes migran por razones económicas.

Finalmente, se aplicará un sistema de “solidaridad obligatoria” con los países reconocidos como de presión migratoria, como España, Grecia e Italia, pero “flexible”, de manera que en situaciones de crisis, los diferentes Estados deberán asumir en su territorio una cuota de solicitantes o pagar 20.000 euros por cada uno de los que les corresponda. El pacto supone un endurecimiento general de las condiciones para los demandantes de asilo, con un procedimiento común a toda Europa: siete días para identificar y tramitar las solicitudes y seis meses para estudiarlas y tomar una decisión. Mucho más rápida será la tramitación y repatriación de quienes de entrada no puedan acreditar motivos de asilo.

Lo acordado es el mal menor, no la solución óptima, pero es un paso para aplicar una política común. La alternativa era continuar en la situación de tensión actual, que los partidos de extrema derecha capitalizan de forma preocupante. De hecho, algunos gobiernos habían endurecido ya sus normas internas. Siempre es mejor un acuerdo imperfecto que la falta de acuerdo. Por eso puede ser considerado un pacto histórico, especialmente tras el fracaso del Mecanismo de Solidaridad Voluntaria, cuyos resultados han sido claramente decepcionantes. El nuevo mecanismo ha de entrar en vigor antes de las elecciones europeas. Las autoridades comunitarias se han de conjurar para evaluar los resultados del pacto con el fin de corregir sus carencias y evitar que implique, como advierte Amnistía Internacional, un aumento del sufrimiento de los solicitantes de asilo, refugiados y migrantes.