Paraísos fiscales intolerables

Los paraísos fiscales son los agujeros negros de la economía global: su existencia se apoya en la falta de verdaderos regímenes sancionadores que eviten que los beneficios generados en un país terminen en otro bajo la promesa de no tributar o de hacerlo de manera irrisoria. Así, la red legal y financiera que permite acceder a ellos no solo distorsiona la competencia entre empresas y economías, sino que supone una muestra palmaria d...

Los paraísos fiscales son los agujeros negros de la economía global: su existencia se apoya en la falta de verdaderos regímenes sancionadores que eviten que los beneficios generados en un país terminen en otro bajo la promesa de no tributar o de hacerlo de manera irrisoria. Así, la red legal y financiera que permite acceder a ellos no solo distorsiona la competencia entre empresas y economías, sino que supone una muestra palmaria de injusticia, ya que facilita que los más ricos encuentren vías de escape a la necesaria solidaridad fiscal.

Afortunadamente, las redes de investigación periodística y el análisis pormenorizado de datos financieros permiten ofrecer cierta transparencia sobre la cuantía de las evasiones, algo que debería servir para avanzar en un régimen sancionador que, a fecha de hoy, sigue estancado. El último informe sobre paraísos fiscales elaborado por el Observatorio Fiscal de la Unión Europea muestra hasta qué punto estos agujeros negros absorben unas rentas que, en justicia, deberían estar sujetas al régimen tributario de las sociedades donde se han generado.

Según el informe, un total de 12 billones de dólares —alrededor del 15% del PIB mundial— se mantienen ocultos a la fiscalización pública. Se trata de una cifra intolerable que evidencia la capacidad de multimillonarios y grandes multinacionales para eludir sus obligaciones para con los países donde operan y obtienen su riqueza.

España no se libra de este mal y hasta 140.000 millones de euros —el 10% de nuestro PIB, aproximadamente— se esconden bajo estos esquemas. Tanto particulares como empresas hacen un uso extensivo de estos paraísos, sustrayendo así recursos necesarios para financiar las políticas públicas. Solo en el impuesto de sociedades, España deja de recaudar el 16% de su factura tributaria, unos 4.200 millones de euros al año. Esa cifra permitiría, por ejemplo, financiar prácticamente el ingreso mínimo vital o duplicar el dinero destinado a becas y ayudas a la educación.

Aunque se ha avanzado algo, queda mucho por hacer, particularmente dentro de la propia Unión Europea. Es paradójico que Países Bajos, uno de los Estados más exigentes en materia de disciplina fiscal, sea precisamente uno de los lugares por el que se escapan miles de millones de euros de los impuestos de sus socios. Parte de la lucha requiere un refuerzo de la cooperación internacional: el marco que propuso la OCDE para evitar esta erosión internacional de las bases tributarias se encuentra encallado, y la Unión Europea no acierta a establecer una verdadera armonización fiscal. En un contexto de fuertes restricciones económicas, es un deber avanzar en la erradicación de los paraísos fiscales, persiguiendo y señalando a aquellos que se aprovechan de los huecos del sistema para lucrarse en detrimento de toda la sociedad.