Manifestación en Barcelona

La manifestación convocada por la entidad antindependentista Societat Civil Catalana llevó ayer a decenas de miles de personas a las calles de Barcelona. La Guardia Urbana calculó que fueron unas 50.000, mientras que los organizadores hablaron de 300.000. Más allá de la envergadura de la convocatoria, lo que esta tiene de significativo es que demuestra que las heridas que dejó el procés siguen abiertas para una parte de la población ...

La manifestación convocada por la entidad antindependentista Societat Civil Catalana llevó ayer a decenas de miles de personas a las calles de Barcelona. La Guardia Urbana calculó que fueron unas 50.000, mientras que los organizadores hablaron de 300.000. Más allá de la envergadura de la convocatoria, lo que esta tiene de significativo es que demuestra que las heridas que dejó el procés siguen abiertas para una parte de la población muy crítica con cualquier gesto de gracia que pueda ponerse en marcha para perdonar a quienes participaron en la organización del otoño separatista de 2017 y que precipitaron una cadena de episodios que afectaron a la convivencia entre catalanes. El lema fue “No en mi nombre: ni amnistía ni autodeterminación” y se celebraba en el aniversario de la protesta contra la independencia de aquel año 2017, organizada también por Societat Civil Catalana.

Han pasado seis años, el Estado de derecho restableció la quiebra constitucional que gestionó en La Moncloa Mariano Rajoy y el fracaso del procés se sustancia en cada cita electoral desde entonces. La última, la del 23-J, cuando una mayoría de catalanes votó por los socialistas —como ya ocurrió en las autonómicas—. El PSC sí estuvo en la protesta de 2017 junto al PSOE y no participó en la de ayer, embarcado desde hace años en tratar de explicar su proyecto a los catalanes. Un proyecto que escapa de la confrontación y que explora un camino que se inició ya con los indultos a los condenados por aquella intentona separatista. Ahora, además, los socialistas necesitan el voto de Junts para la investidura de Pedro Sánchez, que negocia con ellos una amnistía para quienes aún tienen causas pendientes.

De manera que la capitalización política de la protesta la protagonizaron las derechas españolas con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, manifestándose por primera vez con el líder de la ultraderecha, Santiago Abascal, inflamados ambos de retórica apocalíptica y antisanchista sin ningún aterrizaje en el tiempo presente, en los seis años transcurridos, en el fracaso del procés y en la realidad compleja y plural de Cataluña y el conjunto de España. No hubo ninguna foto conjunta de los líderes del PP y de Vox en la convocatoria callejera de ayer, como sí la hubo en la plaza de Colón en 2019, y los esfuerzos por evitarla vuelven a evidenciar que aunque los socios gobiernan en ayuntamientos y comunidades autónomas, el PP es consciente de que Vox le resta más que le suma, aunque Feijóo agradeciera sus imprescindibles escaños en la investidura.

No hubo incidentes relevantes en la manifestación, cuya legitimidad es indiscutible, y sí una pancarta contra el Rey, lo que en el contexto de esta manifestación demuestra el grado de excitación de algunos sectores de la derecha.

El recurso de salir a la calle tras pancartas cargadas de lemas emocionales anclados en el recurrente mensaje de que España se rompe no ha servido ni sirve de nada para acabar con la envenenada dinámica que generó el procés. El momento es extremadamente delicado, Sánchez tiene todo el derecho a negociar con todas las fuerzas que puedan apoyarlo y a hacerlo sin prisas hasta finales de noviembre. De hecho, aún se conocen pocos detalles de esa negociación, pero frente a la vía de cargar la atmósfera de peligros hiperbólicos, lo que resulta necesario son explicaciones detalladas y argumentos que aclaren las inquietudes de los que miran con escepticismo o con indignación la urgencia de encontrar ahora, justo para la investidura, una salida a la tóxica herencia del procés.