La hora de los partidos

Con la composición, el próximo jueves, de la Mesa del Congreso y la elección de la presidencia de las Cortes se inicia el complejo proceso de legitimación democrática propio de un sistema parlamentario como el de España, que tiene como fin conformar el próximo Gobierno. Esa negociación es una especie de indicador adelantado de lo que puede suceder con la pieza de caza mayor:...

Con la composición, el próximo jueves, de la Mesa del Congreso y la elección de la presidencia de las Cortes se inicia el complejo proceso de legitimación democrática propio de un sistema parlamentario como el de España, que tiene como fin conformar el próximo Gobierno. Esa negociación es una especie de indicador adelantado de lo que puede suceder con la pieza de caza mayor: la investidura del próximo presidente del Gobierno. En la era del bipartidismo imperfecto esta cuestión no era tan relevante. Hoy, cuando ese bipartidismo pertenece al pasado y lo que existen son dos bloques —una suerte de bibloquismo imperfecto—, urge aún más si cabe recordar la posición central del Parlamento en el sistema, y la clarificación de responsabilidades sobre las instituciones que protagonizan esta trama.

En un sistema parlamentario, la Mesa tiene que reflejar la pluralidad de la Cámara y su presidente, tercera autoridad del Estado, debe ser alguien con prestigio, flexibilidad democrática y capaz de estar por encima de las presiones de la refriega partidista. En un sistema parlamentario, además, las elecciones se convocan para formar el Parlamento del que surgirá el Gobierno. Lo que se dirime en los próximos días no es el papel que tendrá que jugar el Rey, como han venido a sugerir algunas voces: es la hora de los partidos. Les corresponde a los que han conseguido representación parlamentaria, en tanto que instituciones a las que la Constitución reconoce en su artículo 6, ser el instrumento fundamental para la participación política, clarificar sus posiciones ante el jefe del Estado sobre el candidato al que apoyarán en la eventual investidura. Y una vez haya realizado esta ronda, será el Rey quien proponga, a través del presidente del Congreso, al candidato a la presidencia del Gobierno.

Esa propuesta, por tanto, será el resultado de las conversaciones que el Rey va a tener con los representantes de los grupos políticos. Así son las reglas de juego, tal como establece el artículo 99 de la Constitución española. Embarrar el debate público pretendiendo dar a la figura del Rey un especial protagonismo supone obviar la ineludible responsabilidad de los partidos en la preservación de su neutralidad. No hay otra fórmula que la que surge de las posiciones que las formaciones políticas manifiestan ante el Monarca. Y su deber es acudir cuando son convocados a esas consultas, de manera que si eluden esta obligación constitucional merman la calidad democrática del régimen parlamentario.

La Constitución, pues, admite cualquier solución que los representantes de los grupos políticos quieran darle, pero es a los partidos a quienes hay que pedir responsabilidad para hacerlo, no al Rey. Crear un estado de opinión en el que se sugiera la idea de que la elección del Rey implicaría una toma de posición política no solo desgasta su figura, sino que la instrumentaliza para distorsionar las reglas de juego. Dar a entender, como viene afirmando el Partido Popular, que el candidato propuesto debe ser el de la lista más votada deforma el principio básico del parlamentarismo. La Constitución no dice una sola palabra acerca de la lista más votada; la investidura depende de lograr una mayoría suficiente, nada más y nada menos que eso. Lo relevante no es que el PP tenga primero la opción de presentarse y después la tenga el PSOE: lo fundamental es que el Rey proponga un candidato, haya una votación y que de esa manera empiece a correr el reloj de una eventual repetición de elecciones, que convendría a todas luces evitar en aras de la estabilidad del sistema.

Hace tiempo que el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo parece empeñado en crear una realidad paralela en la que repite ese mantra de que le toca gobernar al candidato de la lista más votada. Parece querer forzar así la abstención de los socialistas, o a lo peor esa es una forma de preparar el terreno para volver a sacar del cajón el relato que acusa de ilegítimo a cualquier Gobierno que no incluya al Partido Popular.

Esta realidad paralela obvia olímpicamente el contexto europeo, y hace una lectura interesada y torticera de la Constitución: no gobierna la lista más votada, sino el candidato que logra suficientes apoyos entre los partidos con representación parlamentaria, con cada uno de los diputados representando a todos y cada uno de los españoles. “Los únicos países en los que no se reconoce a quien gana son aquellos en los que las elecciones no son precisamente transparentes”, ha asegurado esta semana la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra. Nada más lejos de la realidad: su propia familia europea, por ejemplo, celebró los resultados electorales en Suecia aplaudiendo a su candidato, Ulf Kristersson, líder de la tercera fuerza más votada, cuando alcanzó el cargo de primer ministro. Pero tampoco hace falta salir de España: el PP gobierna en Extremadura y no fue la lista más votada el 28-M.

Ha llegado, pues, la hora de los partidos: la Constitución da al Rey un papel relevante, pero no decisivo en la investidura del próximo presidente del Gobierno; los partidos no deberían instrumentalizar la figura del jefe del Estado. Sería aconsejable que al menos uno de los candidatos, o los dos, acudan a la investidura para que el reloj de la repetición de elecciones empiece a correr y se evite una situación como la que propició Mariano Rajoy en 2015, que al rechazar presentarse dejó al Monarca en una situación muy incómoda. Y sería conveniente también que los partidos no embarraran el terreno de juego y la política española saliera definitivamente del estado de excepcionalidad permanente en el que tiende a meterse con tanta frecuencia. Nos jugamos mucho como para añadir más incertidumbre en un contexto marcado por una guerra en Ucrania, el avispero de Níger y el Sahel, la rivalidad entre Estados Unidos y China y en plena presidencia española de la Unión Europea.