Un cisne negro en campaña
La inclusión de algunos exetarras sentenciados por delitos de sangre en listas electorales de Bildu arroja una nueva sombra de duda sobre todas las predicciones del 28-M
Con un buen puñado de encuestas encima de la mesa surge la noticia de la inclusión de algunos exetarras sentenciados por delitos de sangre en listas electorales de Bildu. Si estas elecciones se venían presentando bajo el signo de la incertidumbre en gran cantidad de ayuntamientos y comunidades autónomas, este imprevisto arroja una nuev...
Con un buen puñado de encuestas encima de la mesa surge la noticia de la inclusión de algunos exetarras sentenciados por delitos de sangre en listas electorales de Bildu. Si estas elecciones se venían presentando bajo el signo de la incertidumbre en gran cantidad de ayuntamientos y comunidades autónomas, este imprevisto arroja una nueva sombra de duda sobre todas las predicciones. Es posible que estemos ante eso que Nassim Taleb llamaba un cisne negro, un suceso hasta entonces inimaginable que acaba teniendo un efecto decisivo sobre el orden social; en este caso, como es obvio, sobre el proceso electoral. Me siento incapaz de evaluar cuál vaya a ser el impacto específico que provoque, aunque el primero no se ha hecho esperar: cambiar el guion de los discursos, apartar la discusión sobre los temas habituales en este tipo de campaña para concentrar la atención sobre él; en particular, y esta será la tarea fundamental de la oposición, recordar una y otra vez los pactos de esta legislatura entre el Gobierno y Bildu y obligar al PSOE ―otros de su mismo bloque apenas se sienten aludidos― a adoptar una actitud defensiva.
Cuánto acabe alterando los ya conocidos vaticinios es algo que, como digo, no me atrevo a predecir. Es posible que la fuerza de gravedad de lo local acabe imponiéndose y su efecto sea marginal. Dudo, sin embargo, que no vaya a tener consecuencias sobre las elecciones generales. Porque la maldición a la que nos sujeta nuestro bibloquismo polarizado es que uno sabe que no solo elige a un partido, sino también a sus inevitables socios parlamentarios. Y esta ecuación forma parte ya de cualquier cálculo electoral individual de ámbito nacional. Por eso mismo, el PSOE debe tener preparada una respuesta contundente y creíble.
No solo él, también Sumar. Es conocida la afinidad dentro del triángulo UP, ERC, Bildu, ¿la hará suya Yolanda Díaz? La decisión de los de Otegi es posible que persiga una estrategia que va más allá del blanqueamiento retrospectivo de los etarras, de persistir en imponer su versión particular de la memoria sobre el terrorismo; puede que el objetivo sea también la creación de un sub-bloque dentro de la izquierda, definir un grupo incompatible con nuevos pactos electorales a no ser que se acepte lo inaceptable. Que eso condene a la izquierda a la oposición es secundario. Bildu ya ha conseguido además sus objetivos inmediatos, ahora falta emprender la lucha por el derribo de todo el sistema del 78. Y pasar a una oposición activa y radical contra la derecha puede verse como el instrumento idóneo. Total, dentro de Euskadi, un territorio donde el Estado apenas está presente, puede seguir reinando e incluso aspirar a la hegemonía.
Quienes vienen siguiendo mis columnas ―no me hago muchas ilusiones, no teman― saben que siento cierta tirria por la actual tendencia a moralizar la política, eso de convertir todo conflicto político en una disputa entre el bien y el mal, entre los éticamente correctos y los indignos. Si adopto esa actitud es, entre otras razones, porque cuando aparecen las verdaderas disyuntivas éticas, y aunque parezca paradójico, estas acaban desvaneciéndose en el fragor del enfrentamiento político. Dicho en otras palabras, de tanto moralizar lo político hemos acabado por politizar la moral, devenimos en incapaces de ver las verdaderas quiebras de principios morales inesquivables. Y la decisión de Bildu lo es. Podrá ser legal, políticamente útil para sus objetivos o lo que ustedes quieran. Pero esto no va de derecho ni de política, va de moral. Me pregunto, ¿le gustaría a Irene Montero que metieran a un maltratador de género “rehabilitado” en una lista electoral? Es legal, señora, ¿por qué no?