Robots, algoritmos y trabajos

Según el Índice de la Economía y Sociedad Digitales (DESI) de 2022, España ocupa el puesto 7 entre los 27 países de la Unión Europea en desarrollo digital. También ocupamos una buena posición en número de robots. De acuerdo con los datos de 2022 de la Federación Internacional de Robótica, España ocupa el lugar 14 en el...

Según el Índice de la Economía y Sociedad Digitales (DESI) de 2022, España ocupa el puesto 7 entre los 27 países de la Unión Europea en desarrollo digital. También ocupamos una buena posición en número de robots. De acuerdo con los datos de 2022 de la Federación Internacional de Robótica, España ocupa el lugar 14 en el mundo y el 4 en la Unión Europea en relación con esta variable. De su lado, los datos de la Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas del primer trimestre de 2022 sitúan en un 12,6 el porcentaje de empresas que utilizan inteligencia artificial (IA) y en un 15,1 el de aquellas que realizan análisis de Big Data. Avances en digitalización, robotización y uso de IA y Big Data que tienen su lógico correlato para el mundo del trabajo. Lo tienen ya. Pues muchos de los efectos de estos procesos se están dejando sentir en los centros de trabajo. No estamos hablando del futuro del trabajo. Estamos hablando de su presente.

El reto normativo que ello supone está parcialmente superado. A diferencia de lo ocurrido frente a otros fenómenos, donde la legislación laboral llega mucho después de que acontezcan, en este caso, las leyes tienen ya camino andado. La Ley 3/2018 regula la protección de datos y los derechos digitales de las personas trabajadoras. En un modelo económico cuya materia prima son los datos, que exista una Ley que garantiza la protección de los datos personales es esencial. Aunque no se menciona nada sobre la soberanía sobre los datos, ni de quién es la propiedad y el beneficio económico no menor que genera su venta. También es esencial garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales en los lugares de trabajo. La tecnología permite un control casi absoluto del trabajo y de la propia persona trabajadora. De hecho, la tecnología ha convertido la empresa en una especie de “gran hermano” que todo lo ve. Hablamos por ello de empresa panóptica. Aquí, garantizar, como hace la Ley 3/2018, el derecho a la desconexión digital, el derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales propiedad de la empresa (que no puedan revisar nuestros correos electrónicos o nuestros mensajes de whatsapp) o la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia, grabación de sonidos o geolocalización se vuelve imprescindible para asegurar la ciudadanía en la empresa.

También se ha avanzado en la regulación del teletrabajo, mediante la Ley 10/2021, y en la regulación del trabajo en plataformas digitales de reparto y de la transparencia algorítmica, mediante la Ley 12/2021. Algo en lo que España ha sido pionera. No solo por el contenido de esta Ley, que está sirviendo de punta de lanza para la elaboración de la Directiva europea sobre el trabajo en plataformas, sino, sobre todo, porque son normas, la del teletrabajo y la conocida como ley rider, que han sido fruto del diálogo social y del acuerdo de sindicatos y organizaciones empresariales. Redondeando todo ello está la Carta de derechos digitales de 2021, que contiene un apartado dedicado al mundo del trabajo donde destaca el derecho de la representación de las personas trabajadoras a tener voz en los procesos de transformación digital de las empresas, avanzando en su democratización.

Sin embargo, hay otros retos urgentes que deben acometerse. El reto del empleo es el primero. Aunque ha cambiado de signo. Hasta hace bien poco estábamos preguntándonos cuántos empleos íbamos a perder a consecuencia del avance de la tecnología. Hoy sigue preocupándonos este tema. De hecho, hay quien habla de promover solamente las que Acemoglu denomina “tecnologías brillantes”, que son aquellas que crean empleo. Pero comienza a preocuparnos también si vamos a ser capaces de cubrir los nuevos empleos que crea la tecnología y de adaptarnos a las transformaciones de los existentes por obra de la digitalización. En este ámbito, la formación en competencias digitales de la población sigue siendo un desafío ingente. El DESI 2022 indica que el 38% de nuestra población tiene competencias digitales por encima del nivel básico y que un 4,1% de las personas empleadas son especialistas en tecnología. Ello significa que la mayoría de la población necesita incrementar sus competencias digitales y que debe crecer —y hacerlo con rapidez— el número de personas especialistas en TIC. Si no es así, ni las empresas ni la economía podrán alcanzar el grado de desarrollo tecnológico que se pretende.

El segundo reto es la igualdad. La transición digital genera desigualdades entre hombres y mujeres, personas jóvenes y mayores y zonas urbanas y rurales. El DESI 2022 también indica que únicamente 2 de cada 10 especialistas en tecnología son mujeres, lo que significa que 8 de cada 10 son hombres. Situación que no parece que vaya a remediarse en un futuro próximo, pues, según los datos del Sistema Integrado de Formación Universitaria, en el último curso, únicamente el 27% del alumnado matriculado en los estudios de física, matemáticas, ingeniería e informática son mujeres. La falta de competencias digitales está extendida, pero los datos Eurostat muestran cómo son las personas mayores de 55 años las que menor nivel de competencias digitales poseen. Lo que provoca su exclusión del mercado de trabajo digital y dificulta su acceso a bienes y servicios básicos que hay se encuentran digitalizados. La cobertura de más de 100Mbpd alcanza el 68% de las zonas rurales y el 5G el 26,14%. Las cifras son el 88,31% y el 58,98% en las zonas urbanas. Hay un potencial de desarrollo económico y del empleo en la denominada España vaciada que puede venir de la mano del teletrabajo, pero ello no será factible si no se desarrollan las infraestructuras tecnológicas en el medio rural. Por eso son necesarias políticas de igualdad que acompañen el desarrollo tecnológico. De otra forma, la transición digital ahondará en las diferencias económicas y sociales ya existentes.

El tercer reto es el creciente uso de la IA por parte de las empresas. Ello plantea no pocos interrogantes, entre los que está el tipo de empleos que se verán afectados. Si digitalización y robotización inciden más sobre empleos de cualificación y salario intermedios en la industria y en las administraciones públicas, la IA puede tener un impacto considerable en trabajos, por así denominarlos, intelectuales, con lo que apunta a puestos de alto nivel de cualificación y salario. En pocas palabras: nadie se salva del impacto de la tecnología. Aunque, por el momento, los problemas más evidentes están en los sesgos o discriminaciones que pueden habitar en las decisiones adoptadas por algoritmos o sistemas de IA y en cómo ello afecta a los derechos fundamentales de las personas en el trabajo. Para evitarlo, la ley rider obliga a las empresas a informar a la representación de las personas trabajadoras de los datos que alimentan los algoritmos o sistemas de IA y de su lógica de funcionamiento. La Carta de derechos digitales añade la obligación de realizar evaluaciones de impacto para comprobar que no se producen discriminaciones y el sometimiento de los algoritmos y la IA a los principios de control humano y no maleficiencia. Pero todo ello está empezando y no sabemos si será bastante para evitar los riesgos que también existen de deshumanización del trabajo.