“Gobierno golpista”, la derecha tenía un plan

La derecha política tenía el relato escrito mucho antes de la decisión del Tribunal Constitucional. Planeaban azuzar el mantra de que el “Gobierno es golpista” hasta las generales y autonómicas de 2023. Así que el clima de gravedad democrática era ya un deseo de la oposición, con anterioridad a que ...

La derecha política tenía el relato escrito mucho antes de la decisión del Tribunal Constitucional. Planeaban azuzar el mantra de que el “Gobierno es golpista” hasta las generales y autonómicas de 2023. Así que el clima de gravedad democrática era ya un deseo de la oposición, con anterioridad a que el TC paralizara las enmiendas para reformar la elección de sus mayorías. Pero la jugada de la derecha política aún podría salir mal.

Lo confesó Isabel Díaz Ayuso hace unos días: “[Las siguientes elecciones] se tienen que plantear en clave plebiscitaria. Aparte de llegar a las urnas para hablar de servicios públicos, lo que estamos viviendo en España no lo hemos vivido en 44 años de democracia”, aseguró sobre lo que bautizó después como “pseudodictadura” de Pedro Sánchez.

De un lado, vino a culminar un discurso que la derecha lleva macerando durante tres años: del mantra del Gobierno ilegítimo; pasando por los socios ilegítimos; hasta llegar a la “pseudodictadura”. Ello cuenta ya con apoyo de buena parte del Partido Popular, que mantuvo esa tesis tras la reunión en Génova 13 esta semana, muestra evidente de que será un relato clave en 2023.

Del otro, ese relato irrumpe precisamente ahora, primero, por un factor de oportunidad: la derecha quizás teme quedarse sin argumentario económico para el año que viene. El Banco de España avisa de que nuestro país no va a entrar en recesión, pese a que los alimentos se mantengan elevados. Urgirá impedir como sea que se hable de los logros energéticos del Ejecutivo en Bruselas, o de la caída de la inflación.

Inducir un clima de gravedad democrática sirve al PP para legitimar su descaro de bloquear la renovación del Poder Judicial, como si la parálisis fuera el último bastión para parar los pies a Sánchez. Por otra parte, que el TC, el intérprete de la Constitución, simplemente quite la razón a un Ejecutivo —esta vez, pese a un procedimiento excepcional— se vendió incluso como la prueba de una Moncloa en una afrenta incorregible contra el Estado de derecho.

Ese relato pseudodictatorial le urge a Ayuso para acallar sus errores de gestión. Pintan bastos para la Comunidad de Madrid porque no tiene presupuestos, pero sí al sector sanitario en pie. Las campañas identitarias impiden que los ciudadanos fiscalicen la gestión de cualquier gobierno, al par que el ayusismo busca apretar filas para fagocitar a Vox.

La pregunta es por qué Alberto Núñez Feijóo, más cercano a las tesis de un PP a lo Rajoy, se suma ahora a esa batalla cultural. Quizás esté movido por una forma de entender la democracia, demasiado arraigada en la derecha, desde que el sistema estalló en 2015: la deslegitimación de los nuevos adversarios políticos.

Ejemplo es que el PP marianista sumió al bipartidismo en una especie de entente tácita de salvación patriótica que apartara a Podemos y al independentismo, e incluso, acabara deshinchando a Ciudadanos. Ello motivó, por ejemplo, que el viejo PSOE se abstuviera para que gobernara Rajoy. Pero todo cambió con el regreso de Sánchez en 2018. El líder socialista partió ese eje tácito del bipartidismo de Estado, al asumir que España no podía vivir deslegitimando a partidos como Podemos, Bildu o ERC porque un nuevo país se abrió paso tras el 15-M, en lo político y lo generacional.

Sin embargo, la derecha sigue aún en ese marco mental, pese a que logra con su bloqueo una suerte de profecía autocumplida. El PP consiguió esta semana elevar nada menos que a ERC como a eje rector de la arquitectura constitucional del Estado español, ahora que Gabriel Rufián amaga con apoyar la proposición para renovar las mayorías del TC.

Así que el Gobierno deberá enmendar su forma atropellada de legislar, porque la mayoría parlamentaria no necesita tirar de enmiendas o abusar de decretos-ley. La derecha política, en cambio, paraliza las instituciones bajo la creencia de que debe defender a medio país de sí mismo, pese a las mayorías democráticas expresadas en las urnas. Es decir, reservándose el derecho a bloquear la cúpula del Poder Judicial o el TC.

La derecha tenía un plan, sí. Pero la izquierda tiene ahora la oportunidad de unir al bloque de investidura, desde Podemos hasta a Yolanda Díaz —pocas excusas les servirán—, mientras que Bildu o ERC quieren parecer más institucionales que el PP. La derecha tenía un plan, pero tras unir a la izquierda, indignar a su votante, y darle un relato electoral, la jugada aún podría salir mal.