Moreno Bonilla en el zoco fiscal

En virtud del decreto 114/2020 de la Consejería de la Presidencia, que entró en vigor hace un par de años, la Junta de Andalucía se comprometió a crear una oficina en Cataluña. El coste, de entrada, no parecía que fuese muy elevado. La Junta había tenido oficina activa en Barcelona, la desmanteló en 2012 durante la era glacial de los recortes, pero ha conservado la propiedad del local. Su nuevo objetivo, según constaba en el decreto, sería la prestación de servicios principalmente a los 556.188 nacidos en Andalucía q...

En virtud del decreto 114/2020 de la Consejería de la Presidencia, que entró en vigor hace un par de años, la Junta de Andalucía se comprometió a crear una oficina en Cataluña. El coste, de entrada, no parecía que fuese muy elevado. La Junta había tenido oficina activa en Barcelona, la desmanteló en 2012 durante la era glacial de los recortes, pero ha conservado la propiedad del local. Su nuevo objetivo, según constaba en el decreto, sería la prestación de servicios principalmente a los 556.188 nacidos en Andalucía que entonces vivían en Cataluña (un 7,25% de la población catalana). También fomentaría la cultura andaluza e intentaría captar inversiones de empresas catalanas, además de apoyar a los andaluces que se planteasen invertir en Cataluña. Leído así parece una decisión institucional perfectamente razonable, coherente con la mecánica del Estado autonómico, pero ese no fue el titular que entonces quiso vender el presidente Moreno Bonilla. En el antiguo Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, al hacer balance de su primer año de gobierno, presentó la iniciativa como una demostración de la influencia de la “comunidad más poblada e importante de España” para “defender la unidad de España”.

Es verdad que aquella iniciativa quedó en nada, pero esta semana ha sido reactivada y el presidente no ha engañado sobre cuál es su propósito. La oficina barcelonesa tendrá un delegado y la gestionará una firma de abogados, según información de Canal Sur, y su objetivo será pescar adinerados contribuyentes catalanes usando el anzuelo de la fiscalidad. “Les digo a los empresarios catalanes que aquí está su tierra. En Cataluña hay impuesto de sucesiones y donaciones, aquí no. En Cataluña hay patrimonio, aquí no. Y además aquí no nos vamos a independizar nunca porque somos orgullosa parte de España”. En un ejercicio de ennoblecedor patriotismo, el presidente ha prometido activar una estrategia de descapitalización del tejido económico catalán usando la rebaja impositiva como único argumento. ¡Viva España!

Al margen de la burda deslealtad, el éxito improbable de esta estrategia es la competencia interna ya existente en el zoco fiscal que en parte es nuestro país: hoy nadie está en condiciones de competir en estas rebajas porque la ventaja que lleva la Comunidad de Madrid es enorme. Se trata de una tendencia consolidada durante lustros, reforzada desde el pasado noviembre al aprobarse a bombo y platillo una promesa que fue clave en el éxito electoral del Partido Popular: una bajada récord del IRPF y la supresión de todos los impuestos propios. Así se hace estructural una paradoja que solo lo es en apariencia: la Comunidad que está en la cola de los ingresos públicos por habitante es aquella donde la renta media es la más elevada de España y los niveles de consumo/riqueza son de los más altos de país.

Hace un par de años los investigadores del valenciano IVIE lo pusieron negro sobre blanco en su informe Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal. Académicos de prestigio constataban entonces que esa capacidad normativa ejercida a la baja tenía como principales beneficiarios a un 7% de los contribuyentes: ellos concentraban los 4.163 millones de euros de beneficios fiscales y de media podían estar ahorrándose 16.200 euros anuales, “una cifra que puede considerarse capaz de incentivar el cambio de domicilio fiscal”. En su informe, cuyas conclusiones eran previas a las de la última bajada de impuestos, ya se subrayaba quiénes eran los perjudicados de esa política: las personas que más usan los servicios públicos sanitarios, educativos o de protección social. Ocurre lo mismo con los territorios, tanto a nivel nacional como europeo, así lo constató en noviembre pasado el informe Nuevas formas de competencia fiscal en la UE: una investigación empírica utilizado por Carlos Sánchez. La competencia fiscal a la baja para atraer rentas perjudica siempre a los territorios que más recursos necesitan para construir equidad. Por eso lo ocurrido esta semana es tan abracadabrante. Porque Andalucía sigue siendo la comunidad que más fondos de solidaridad recibe del resto.