Los secretos del CNI
El presidente Sánchez convierte las explicaciones sobre el ‘caso Pegasus’ en una doble propuesta legislativa en torno a los servicios de inteligencia y los secretos oficiales
El pleno al que acudió el jueves Pedro Sánchez, forzado por el resto de las fuerzas políticas, incluido el socio menor del Gobierno, evidenció el acelerón electoral en que vive instalada la política española: la hipérbole desatada de Vox, la fantasía verbal de Rufián al...
El pleno al que acudió el jueves Pedro Sánchez, forzado por el resto de las fuerzas políticas, incluido el socio menor del Gobierno, evidenció el acelerón electoral en que vive instalada la política española: la hipérbole desatada de Vox, la fantasía verbal de Rufián aludiendo a una improbable “operación búnker” y la deslegitimación explícita del Ejecutivo por parte de la derecha y la ultraderecha minan la credibilidad del Parlamento sin remedio. Era un pleno importante, pero Sánchez apenas ofreció explicaciones nuevas en torno al espionaje con Pegasus a los líderes independentistas ni añadió nada sustancial sobre los fallos de seguridad que evidenció el asalto al móvil de varios miembros del Gobierno, incluido el suyo propio. Aseguró por primera vez de forma clara desconocer la intervención bajo aval judicial del CNI de los 18 móviles de los líderes independentistas, lo que inevitablemente deja en el aire la pregunta sobre el nivel de autonomía de los servicios de inteligencia con respecto al Ministerio de Defensa o directamente La Moncloa. Sánchez, sin embargo, sí recalcó que España tenía en 2019 “un evidente problema de seguridad”, en alusión a los graves disturbios ocurridos en Cataluña tras las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas, disturbios impulsados por un enigmático Tsunami Democràtic, con asedio al aeropuerto incluido, mientras las calles del centro de Barcelona ardían literalmente durante una semana.
La respuesta que ofreció Sánchez fue en realidad una doble propuesta. Anunció la reforma de la ley de 2002 que regula el control judicial del CNI para reforzar las garantías y el respeto a los derechos de los ciudadanos y se comprometió también a promover una nueva ley de secretos oficiales que acabe con la vigente, preconstitucional y heredada de la dictadura. Ambas iniciativas parecen responder a necesidades objetivas, pero aún no sabemos las causas que explican el relevo al frente del CNI de su directora. Es inevitable detectar un sesgo oportunista al ofrecer ambas iniciativas en sustitución de una explicación más completa tanto de los espionajes del CNI como de su impericia para combatir los padecidos por miembros del Gobierno. Es probable que el organismo merezca tras 20 años de existencia una reforma efectiva que mejore su eficiencia y sus mecanismos de control político, pero de las palabras de Sánchez no se desprenden todavía rasgos significativos sobre el alcance de la reforma. La intervención de comunicaciones no supone lo mismo hoy que hace 20 años, cuando se aprobó la ley que obliga al CNI a pedir autorización a un magistrado del Tribunal Supremo para aquellas actividades que afecten a derechos constitucionales. El Defensor del Pueblo también recalca esa necesidad de perfeccionar el control judicial en el escrito en el que ha avalado las 18 escuchas admitidas por el CNI. Con respecto a la obsoleta Ley de Secretos Oficiales de 1968, el Gobierno ya elaboró en otoño un borrador que corregía la duración interminable de los secretos, tras haber paralizado junto al PP las iniciativas del PNV desde 2016 para reemplazar esa norma por una legislación homologable a la de las democracias más avanzadas.
Fueron pocas las concreciones en ambas propuestas y el presidente hubiera podido ahorrarse parte de la artillería contra el PP y la corrupción, y ampliar la información sobre el repertorio de medidas previstas para que al CNI no se le escapen otra vez asaltos a los móviles del Ejecutivo y estén sin duda bajo control judicial las actividades de inteligencia que justifican la existencia misma del CNI.