La ley sí permite renovar el CGPJ

El acto de apertura del año judicial celebrado ayer solemnizó de forma casi teatral la gravedad de la situación de la justicia española. Para escuchar a Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, comparecieron magistrados del Constitucional con el mandato caducado hace más de un año, el defensor del Pueblo en funciones, la presidenta del Tribunal de Cuentas pendiente de renovación y todos los vo...

El acto de apertura del año judicial celebrado ayer solemnizó de forma casi teatral la gravedad de la situación de la justicia española. Para escuchar a Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, comparecieron magistrados del Constitucional con el mandato caducado hace más de un año, el defensor del Pueblo en funciones, la presidenta del Tribunal de Cuentas pendiente de renovación y todos los vocales del Poder Judicial que llevan casi tres años con el mandato expirado. La imagen no podía ser más expresiva de la anomalía en que se encuentra el sistema judicial.

De hecho, ayer Carlos Lesmes tuvo que repetir el esquema de los actos de apertura del año judicial de 2019 y 2020 y acudió a palabras muy semejantes. En 2019 alertó de la “grave anomalía” que suponía el bloqueo y expresó su inquietud por el descrédito del órgano de gobierno de los jueces si se prolongaba esa situación por más tiempo; en 2020 conminó a los partidos políticos a acabar con esa “seria anomalía”. Ayer no tuvo más remedio que reforzar idéntico argumento al apelar al prolongado incumplimiento del plazo marcado por la Constitución y subrayar sin matices que la situación “es insostenible para la judicatura y para la propia sociedad”.

Lesmes no quiso poner nombres ni hacer distingos respecto a los culpables del “incumplimiento de la legalidad”, pese a los múltiples indicios de una dispar responsabilidad en esta situación. Aseguró también que el bloqueo afecta directamente a un órgano diseñado para garantizar “la independencia en el ejercicio de la función judicial”. El presidente del Supremo y del Poder Judicial remató su discurso remarcando que un deber que impone la Constitución a los partidos políticos no puede “subordinarse en cuanto a su cumplimiento a razones de oportunidad política”. Pero son precisamente razones de oportunidad política las que han llevado al PP a bloquear durante los tres últimos años la renovación del órgano de gobierno de los jueces, aunque Lesmes no llegó a decirlo, o no lo dijo así.

Tres años después, las palabras de Lesmes constatan la perpetuación de una parálisis y no apuntan a solución alguna para resolver el grave problema provocado por la negativa del PP a la renovación. Tampoco el discurso de ayer parece haber movido ni un milímetro las posiciones de unos y de otros. Ni el PP, como culpable principal, ni el PSOE como partido de Gobierno han encontrado la ruta para escapar de una situación bloqueada, ni hay visos de que puedan hacerlo en breve.

Ha llegado el momento de que Carlos Lesmes, como presidente del Poder Judicial y del Supremo, y los 20 vocales que le acompañan en el Consejo del Poder Judicial encaren el problema con resolución y renuncien a sus cargos. Es una decisión traumática, pero a estas alturas parece la única que facilitaría la necesaria renovación del gobierno de los jueces. El PP, con un Poder Judicial dimitido, no debería atrincherarse más tiempo en la negativa a renovar un órgano clave en democracia. Según el propio Lesmes, en un recado dirigido al PP, la actual ley sí permite la renovación de ese órgano, contra la que sigue enrocado el partido liderado por Pablo Casado. Pudo parecer que incluso a Carlos Lesmes se le acababa la paciencia.