Pulso a los titanes digitales

El siglo XXI se definirá no solo por los tradicionales grandes pulsos de poder —entre potencias o entre clases sociales—, sino también, y en una medida cada vez más relevante, por uno muy específico de nuestro tiempo: el pulso entre poder político y el inmenso poderío digital de los gigantes empresariales tecnológicos. La batalla se disputa en distintos frentes: garantizar la libre competencia, el adecuado pago de impuestos, la gestión transparente de datos personales o la vigilancia de los contenidos que viajan en estas extraordinarias plataformas digitales. La Comisión Europea presentó ayer ...

El siglo XXI se definirá no solo por los tradicionales grandes pulsos de poder —entre potencias o entre clases sociales—, sino también, y en una medida cada vez más relevante, por uno muy específico de nuestro tiempo: el pulso entre poder político y el inmenso poderío digital de los gigantes empresariales tecnológicos. La batalla se disputa en distintos frentes: garantizar la libre competencia, el adecuado pago de impuestos, la gestión transparente de datos personales o la vigilancia de los contenidos que viajan en estas extraordinarias plataformas digitales. La Comisión Europea presentó ayer dos muy esperados proyectos de legislación en esta materia: la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA). Las normativas buscan evitar abusos de posición dominante y garantizar que las plataformas vigilen responsablemente sus contenidos. Para ello, aspiran a dotar a las autoridades reguladoras de herramientas mucho más eficaces de control de estos titanes. Son propuestas en la dirección correcta.

La Comisión Europea acierta al admitir que su regulación de la competencia ha quedado en gran medida desfasada, siendo incapaz de abordar los problemas que plantean las prácticas de grandes empresas tecnológicas. Las normas nacen con la intención de contribuir a modificar los comportamientos de los gigantes empresariales. Prevén cuantiosas penalizaciones para las compañías que violen las reglas de la competencia, con la perspectiva de fragmentación de sus negocios para las reincidentes. Las propuestas son un primer paso que tendrá que ser considerado por el Parlamento y el Consejo Europeo.

No menos importante en el análisis del poder de esas empresas es el estricto cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los países en los que operan. Sigue siendo manifiesta la incapacidad para conseguir que la próspera actividad de esas firmas en los países europeos se traduzca en contribuciones igual de significativas a las haciendas públicas. Se trata de algo más que una anomalía, que hasta ahora no ha pasado del reconocimiento del problema, de sus consecuencias adversas sobre la capacidad recaudatoria de los Estados y sobre el mínimo asentamiento de principios de homogeneidad fiscal en el propio territorio comunitario.

Restaurar el juego limpio y competitivo; conseguir que los derechos de las personas y su privacidad se respeten; frenar la difusión de contenidos peligrosos; lograr que todas las empresas paguen los impuestos, también en igualdad de condiciones que las demás, son actuaciones necesarias para afianzar el propio sistema económico. El renovado celo por la libre competencia que define la Comisión, lejos de estar reñido con la innovación, la propicia, al facilitar la pluralidad de oferentes y la posibilidad de que emerjan nuevas compañías con nuevas ideas. La “adaptación a la era digital” de Europa que defiende la presidenta Von der Leyen, además de incorporar cuantiosas asignaciones de recursos a la aceleración de la convergencia con los grandes, puede señalar la dirección de regulación global adecuada de ese sector. El pulso, nuevamente, está echado, pero ahora parece que los argumentos encuentran voluntad política y respuestas legislativas.