Crecer y sanear

La deuda de las Administraciones públicas ha vuelto a registrar un máximo histórico en términos absolutos, alcanzando 1,290 billones de euros en junio. España no es un caso aislado, ni el que presenta el mayor desequilibrio de la UE. Su principal determinante, la contracción extraordinaria del PIB, además de hundir los ingresos públicos ha generado en las economías avanzadas incrementos también excepcionales del gasto público. Si no nos vemos obligados a renovar el confinamiento, España registrará este año una contracción de su PIB de entre el 10% y el 15%. Los resultados no pueden ser otros q...

La deuda de las Administraciones públicas ha vuelto a registrar un máximo histórico en términos absolutos, alcanzando 1,290 billones de euros en junio. España no es un caso aislado, ni el que presenta el mayor desequilibrio de la UE. Su principal determinante, la contracción extraordinaria del PIB, además de hundir los ingresos públicos ha generado en las economías avanzadas incrementos también excepcionales del gasto público. Si no nos vemos obligados a renovar el confinamiento, España registrará este año una contracción de su PIB de entre el 10% y el 15%. Los resultados no pueden ser otros que déficit público y un stock de deuda pública desconocidos en las series estadísticas. Los datos difundidos ahora, correspondientes a junio, elevarían la deuda pública hasta el 110% del PIB, pero a final de año superará probablemente el 115%, según la mayoría de las previsiones. Su reconducción solo tendrá lugar cuando lo haga con la intensidad y duración suficiente la recuperación del crecimiento económico y del empleo.

Esto último es lo más inquietante y ha de constituir hoy la prioridad principal de la política económica. Llevarse las manos a la cabeza cada vez que aparece un registro de déficit o de deuda pública es un ejercicio de intimidación sin mucho fundamento, más amparado en la obsesión por el adelgazamiento a ultranza del gasto público que por la propia solvencia y estabilidad del conjunto de la economía. Afortunadamente, ninguna institución prioriza hoy la reducción de esos desequilibrios en las finanzas públicas frente a la recuperación y reconstrucción de los daños actuales.

Desde luego, no lo hacen los guardianes tradicionales de la ortodoxia, los bancos centrales, que han venido defendiendo un mayor activismo de las Administraciones públicas que compense la excepcionalidad de la política monetaria. El expresidente del BCE lo recordó anteayer mismo. Afortunadamente, los operadores en los mercados financieros son igualmente conscientes de la inevitabilidad de esos aumentos de la deuda pública y aceptan de buen grado las intervenciones compradoras de bonos públicos por los bancos centrales. Los tipos de interés con que cotizan esos títulos de los Tesoros y las correspondientes primas de riesgo siguen en mínimos históricos.

Con la incertidumbre todavía existente acerca del control del virus, sería una irresponsabilidad adoptar políticas contractivas que limitaran la recuperación económica. Esto no significa que el Gobierno no disponga de un plan de actuación a medio plazo para, restablecido el crecimiento, adoptar decisiones para reducir la deuda pública. Habría que anticiparlo con ocasión de la elaboración de los próximos Presupuestos. Y debería procurar que ese plan dispusiera del mayor apoyo político posible. No se trata solo de salvar el ya de por sí relevante trámite de aprobación de las cuentas, sino de transmitir a los agentes económicos españoles e internacionales el convencimiento de que nuestro país merece confianza a largo plazo. La condición necesaria para conseguirlo es asumir las recomendaciones que la Comisión Europea ha venido haciendo en sus informes periódicos, compatibles desde luego con el saneamiento de las finanzas públicas y con esa otra prioridad de modernización económica, básica para acceder a los recursos del fondo de recuperación. La mejor forma de sanear las finanzas públicas es asegurar la calidad del crecimiento a medio plazo.