Prorrogar los ERTE

Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han contribuido a aminorar el impacto de la parálisis de la economía por la pandemia del coronavirus. Gracias a esta modalidad flexible de contratación, las empresas pueden sostenerse con costes sociales más bajos, los trabajadores tienen subsidios sin agotar sus derechos de prestación y el paro no ha llegado a niveles de récord. El impacto real de la covid-19 sobre el empleo solo se conocerá cuando vuelva la normalidad al conjunto de la producción, pero la eficacia relativa de los ERTE justifica que su vigencia se prolongue al menos hast...

Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han contribuido a aminorar el impacto de la parálisis de la economía por la pandemia del coronavirus. Gracias a esta modalidad flexible de contratación, las empresas pueden sostenerse con costes sociales más bajos, los trabajadores tienen subsidios sin agotar sus derechos de prestación y el paro no ha llegado a niveles de récord. El impacto real de la covid-19 sobre el empleo solo se conocerá cuando vuelva la normalidad al conjunto de la producción, pero la eficacia relativa de los ERTE justifica que su vigencia se prolongue al menos hasta septiembre, con la vista puesta en su posible mantenimiento hasta finales de año. La razón estratégica es simple: solo a finales del segundo semestre de 2020 podrá hacerse un balance de los costes astronómicos de la crisis vírica y la intensidad de la recuperación, que hoy es una incógnita.

El Gobierno y los agentes sociales están de acuerdo en prorrogar los ERTE, pero discrepan en detalles. La patronal reclama que estén vigentes hasta fin de año; es evidente que esto no puede ser un obstáculo insalvable, porque bien cabe aceptar que antes de que acabe el actual periodo de vigencia (30 de junio) se apruebe —con acuerdo social— una prórroga hasta septiembre y en esa fecha se negocie un aplazamiento hasta diciembre. La diferencia es táctica. El Gobierno prefiere asegurarse una negociación al final de cada trimestre para reducir paulatinamente el coste de los expedientes. En abril el coste público fue de 4.500 millones y en mayo de 5.100. El Gobierno argumentó en la última reunión tripartita que los recursos del erario están al límite.

No hay razones para desconfiar del análisis del Gobierno. La posición de Trabajo es explorar la posibilidad de ir bajando poco a poco tanto las prestaciones garantizadas a los trabajadores afectados como la exoneración de hasta el 70% de las cuotas de las empresas a la Seguridad Social. Y habrá sectores que requieran más tiempo de ERTE que otros. De ahí que el Ejecutivo prefiera prórrogas cortas. Lo más probable es que Gobierno y agentes sociales se pongan de acuerdo antes de que concluya junio en los términos en los que hay que mantener esta fórmula. Las partes manejan argumentos razonables que pueden conectarse con facilidad. Efectivamente, hay que conocer cuáles son los recursos disponibles, incluidos los fondos procedentes de la Unión Europea, antes de negociar cuantías de ayudas y recortes de cuotas, y, por supuesto, hay que hacer todo lo posible por mantener los subsidios a los trabajadores. Sobre esta buena disposición, puede haber acuerdos acerca del recorte gradual de las ayudas. Si el Gobierno pretende aprobar la prolongación de los ERTE en el Consejo de mañana, debería hacerlo con el respaldo total de empresas y sindicatos.