Volver a Granada

Aunque la covid-19 lo cambie todo, no creo que el conflicto político catalán desaparezca en la “nueva normalidad”. Ya lo hemos visto a lo largo de la crisis sanitaria: la tensión nacionalista del Govern y de Esquerra no ha cesado, preocupados ambos por su recíproca competencia y por mantener encendida la llama de su reivindicación independentista. Es más, todos sabemos que la estabilidad del Gobierno —en lo que se refiere a los apoyos de su investidura— depende de la política territorial que se aplique y más en concreto del desarrollo de la mesa bilateral creada con Cataluña y de las negociaci...

Aunque la covid-19 lo cambie todo, no creo que el conflicto político catalán desaparezca en la “nueva normalidad”. Ya lo hemos visto a lo largo de la crisis sanitaria: la tensión nacionalista del Govern y de Esquerra no ha cesado, preocupados ambos por su recíproca competencia y por mantener encendida la llama de su reivindicación independentista. Es más, todos sabemos que la estabilidad del Gobierno —en lo que se refiere a los apoyos de su investidura— depende de la política territorial que se aplique y más en concreto del desarrollo de la mesa bilateral creada con Cataluña y de las negociaciones permanentes con el PNV.

Una dificultad más para añadir a la, ya de por sí, enorme complejidad que enfrentamos con la recuperación socioeconómica de España, después de la pandemia, que tan duramente nos ha golpeado. Porque, desgraciadamente, todo parece indicar que esta delicada fase de nuestra historia la tendremos que afrontar con la más grave fractura de nuestro sistema político. Por eso, examinar los márgenes de la negociación territorial con Esquerra y el PNV, a la vista de los compromisos contraídos, resulta esencial.

El acuerdo de investidura con Esquerra se limita a crear una mesa bilateral con el Gobierno de la Generalitat y buscar un acuerdo “para la resolución del conflicto político”. El acuerdo con el PNV establece compromisos más concretos en relación con el traspaso a la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) de las competencias estatuarias pendientes, inversiones en la Alta Velocidad, apoyo a la industria, etcétera, y una nueva apelación al diálogo... “para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales”. Sobre esas bases se sustenta, pues, el marco acordado con los principales apoyos políticos del Gobierno. Es fácil deducir lo que quieren los nacionalistas, pero, ¿qué queremos nosotros? O, quizás, mejor: ¿qué podemos hacer nosotros para atender estas peticiones y estos compromisos?

Formalmente, el PSOE tiene una posición autonómica consensuada con todos los territorios en el documento aprobado en Granada en julio de 2013 titulado Hacia una estructura federal de Estado. Más tarde, en el verano de 2017, la Comisión Ejecutiva del PSOE y la del PSC aprobaron la llamada Declaración de Barcelona, titulada Por el catalanismo y la España federal. Si unimos ambos documentos tendremos definida la posición del PSOE ante el problema territorial de España. Fuera de este marco, el consenso interno se pierde y los riesgos electorales del PSOE se agravan.

El documento de Granada fue negociado por Alfredo Pérez Rubalcaba con todos los dirigentes territoriales del PSOE. Fue una tarea enorme de diálogo interior y de esfuerzo de todos. Cada noche, al final de las conversaciones con uno u otros, retocábamos el documento para atender peticiones de nuestros dirigentes territoriales. Fue aprobado por unanimidad en el Consejo Territorial de julio y después en la Conferencia Política de 2013. Todas las resoluciones del partido aprobadas posteriormente se remiten a ese gran acuerdo interno. Incluidas la Declaración de Barcelona y la Resolución Política del Congreso de 2017. Es un texto riguroso y propositivo, que contempla 14 medidas para dar respuesta a los diferentes problemas suscitados en el modelo autonómico español, 40 años después de su implantación y para responder también a las demandas políticas y económicas de las comunidades autónomas, generadas con las reformas estatutarias de segunda generación (2006-2010). Naturalmente, la propuesta del PSOE pretende también atender a las reivindicaciones nacionalistas planteadas esos años.

Se trata de una alternativa perfeccionadora del modelo autonómico español, en clave federal, no confederal. Se plantea una reforma de nuestra Constitución (en paralelo a otras reformas necesarias en la Carta Magna) y en particular de su título VIII, que contempla, entre otras, las siguientes medidas:

—La incorporación a la Constitución de nuestro mapa autonómico.

—Una nueva y clarificadora distribución de competencias, inspirada en los repartos competenciales federales.

—La determinación y reconocimiento de los Hechos Diferenciales.

—Sustituir el Senado por una Cámara de Representación Territorial, dotándola de nuevas competencias en el proceso legislativo.

—El reforzamiento de las facultades del Estado para asegurar la igualdad de los españoles en sus prestaciones básicas.

—Constitucionalizar la participación de las comunidades autónomas en la gobernación del Estado, así como los principios de lealtad y colaboración entre comunidades autónomas y Estado.

—Un nuevo modelo de financiación tomando como referencia el federalismo alemán.

Aunque no de manera explícita, la propuesta socialista se materializa en un proceso de negociación política amplio que incluye, primero, la reforma constitucional y, después, la de los Estatutos de Autonomía, en momentos sucesivos o simultáneos. La aprobación del referéndum constitucional en algunas de nuestras comunidades no sería posible si no va acompañado de la actualización de su autogobierno. En otras, la nueva Constitución permitiría modernizar sus Estatutos en fases posteriores, especialmente para aquellas que no los actualizaron en el periodo 2006-2010.

La actual dirección política del PSOE ha añadido dos elementos singulares a esta propuesta. La consideración de España como un Estado plurinacional y una concreta definición de compromisos a Cataluña en su propuesta política pactada con el PSC en las vísperas de la convocatoria del referéndum de ese año... “para evitar el choque de trenes de 1 de octubre”. (Declaración de Barcelona, 2017). Hay que entender que el término “plurinacional” el PSOE lo acepta en la consideración de una “nación con naciones” o nacionalidades y no como una “nación de naciones”, en afortunada distinción de Andrés Ortega. A su vez, los compromisos de tratamiento singular a Cataluña bien pueden integrarse en su nuevo Estatuto, aunque los detalles de su concreción estarán llenos de complejidad técnica y política.

Esta es nuestra oferta y estos son también nuestros límites en el diálogo con nuestros nacionalismos. Recordar el documento de Granada como guía de la política autonómica del PSOE no es una reivindicación de autoría ni un nuevo y merecido elogio a la gestión conciliadora de Alfredo y de Elena Valenciano en este enconado tema. Es reiterar que todo el PSOE está de acuerdo en este marco y que salirse de él solo podrá hacerse con un consenso interior semejante. Es también reiterar nuestro convencimiento de que el impulso federalista, las herramientas del modelo federal, son imprescindibles ante los desajustes que viene mostrando nuestro sistema autonómico. Las imperfecciones del funcionamiento sanitario en la pandemia o las reiteradas exigencias de revisión de nuestro sistema de financiación son dos buenos ejemplos de nuestras urgencias autonómicas. Hay muchas más y no son fácilmente conciliables

Es, por último, una clarificación política que, creo sinceramente, nuestro partido debe a los españoles. La ambigüedad de los compromisos contraídos en la investidura y la constatación de las exigencias independentistas, autodeterministas o confederales de nuestros interlocutores reclama un posicionamiento firme en la defensa de nuestro modelo territorial autonómico-federal y en el rechazo a la fragmentación territorial de nuestro país. En tiempos de tantas incertidumbres, no añadamos una más. Mucho menos, una tan grave.

Ramón Jáuregui fue redactor de la Conferencia Política del PSOE de 2013.