Futuro verde

La crisis del coronavirus que ha obligado a paralizar la economía para salvar vidas ha desviado la atención de la otra gran crisis global que la humanidad debe afrontar sin demora, la emergencia climática. Ambos procesos se solapan ahora y no tendría sentido planificar la recuperación de la crisis provocada por la pandemia al margen de los objetivos que se deben cumplir para evitar el calentamiento global. Al contrario, las medidas necesarias para reactivar la economía deben alinearse con las grandes transformaciones que exige la lucha contra el cambio climático. El instrumento que debe propic...

La crisis del coronavirus que ha obligado a paralizar la economía para salvar vidas ha desviado la atención de la otra gran crisis global que la humanidad debe afrontar sin demora, la emergencia climática. Ambos procesos se solapan ahora y no tendría sentido planificar la recuperación de la crisis provocada por la pandemia al margen de los objetivos que se deben cumplir para evitar el calentamiento global. Al contrario, las medidas necesarias para reactivar la economía deben alinearse con las grandes transformaciones que exige la lucha contra el cambio climático. El instrumento que debe propiciar esta sinergia ha iniciado su andadura parlamentaria con la aprobación en el Consejo de Ministros del proyecto de ley de cambio climático y transición energética que pilota la vicepresidenta Teresa Ribera.

Sería deseable que pudiera ser aprobado en el Parlamento antes de final de año y concitara el alto consenso político que se ha alcanzado en las instituciones comunitarias para promover una recuperación verde, con presupuestos y ayudas públicas orientados a incrementar las energías renovables y promover la movilidad eléctrica. Ese consenso para una recuperación verde va más allá de la esfera política e incluye a las organizaciones ecologistas, pero también, y cada vez más, a grandes empresas multinacionales, entidades financieras y organismos públicos y privados.

Una de las principales virtudes del proyecto, que prevé movilizar en la próxima década más de 200.000 millones de euros de inversión, es que fija objetivos a medio y largo plazo. Como se había anunciado, pretende alcanzar la neutralidad del carbono en 2050, es decir, que en esa fecha no se emita más C02 a la atmósfera del que la naturaleza pueda absorber. Eso significa que en 30 años la totalidad de la energía que se consuma deberá proceder de fuentes limpias. También establece que en 2030 las emisiones sean al menos un 20% inferiores a las de 1990. Sorprende que este objetivo esté por debajo de lo que ya figura en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima enviado a Bruselas, que lo establece en el 23%, y quede muy lejos de las recomendaciones de la UE. Queda margen para negociar durante la tramitación parlamentaria una ambición mayor y para debatir una cuestión que no se aborda: el impulso de la fiscalidad verde.

Las medidas que ya se han adoptado y las que contempla el proyecto de ley hacen factible que en 2030 el 70% de la energía eléctrica que se genere proceda de fuentes renovables. Resulta especialmente interesante el cambio en el sistema de promoción de estas energías, pues en el pasado ha sido objeto de controversia y abusos. Se elimina el sistema de subvenciones y se sustituye por un mecanismo de subasta que dará mayor seguridad jurídica a los inversores y estimulará la producción. Pero el sector que requerirá mayor esfuerzo y consenso político, por la dificultad que implica, es el de la movilidad. El transporte es responsable del 27% de las emisiones de C02 y la principal causa de polución por NO2 y partículas en las grandes urbes. La ley prevé que en 2050 todos los turismos y vehículos comerciales ligeros estén libres de emisiones, lo que exigirá que a partir de 2040 ya no puedan matricularse aquellos que no cumplan los requisitos. Los plazos son cortos, pero factibles si las políticas públicas y la industria hacen el esfuerzo necesario.