Crisis entrelazadas: personas desaparecidas en México

En México existe una crisis de desaparición, una en materia forense y una en materia de justicia. Estas crisis no pueden entenderse por separado. Este lunes, en la conmemoración internacional de las víctimas de desaparición, es un buen momento para recordarlo.
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En México existe una crisis de desaparición, una en materia forense y una en materia de justicia. Estas crisis no pueden entenderse por separado. Este lunes, en la conmemoración internacional de las víctimas de desaparición, es un buen momento para recordarlo.

Sin triunfalismos, y sometidos al escrutinio más importante, que es el de las propias víctimas, en los últimos dos años se ha comenzado a construir el andamiaje institucional de búsqueda desde el Estado. Hemos creado, con las familias, protocolos de búsqueda, tenemos un registro que, con todos los espacios de oportunidad, nos permite tener un acercamiento a información sobre las personas reportadas como desaparecidas (edad, sexo, lugar y fecha de desaparición) y que hoy ascienden a más de 91.000.

Tenemos todas las comisiones formadas, hemos trabajado herramientas jurídicas y de análisis de contexto; estamos en terreno diariamente con las familias. En materia forense, hemos construido el primer centro de identificación humana dedicado a personas desaparecidas con un enfoque de identificación masiva, y hemos creado un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. Además, se aceptó la competencia del Comité contra las desapariciones forzadas de ONU. Estos pasos son muy importantes, sin duda, y no podrían entenderse sin una voluntad política, y sin el impulso, la exigencia y el acompañamiento de las familias. Falta seguir avanzando y fortaleciendo, pero vamos caminando.

Sin embargo, estos avances son insuficientes si no se acompañan de medidas que combatan sistemáticamente la crisis en materia de justicia y en materia forense; en suma, si no se piensa en una reforma integral en materia de verdad y justicia.

Hemos señalado que existen decenas de miles de cuerpos sin identificar, cuya obligación recae principalmente en las fiscalías; no existe un censo de los cuerpos sin identificar, tampoco está sistematizada la metodología de toma de muestras genéticas; no hay una base de datos genética dedicada a personas desaparecidas; la información genética que existe rara vez se contrasta y comparte, y no existen las capacidades y voluntades para hacerlo de manera masiva. Los servicios médicos forenses son insuficientes. Pero no se trata de un problema limitado a recursos materiales o humanos, sino que cruza con prácticas aferradas a la parálisis, la negligencia y, en algunos casos, la colusión.

Por otro lado, existe entre un 94 y un 98% de impunidad; no hay ninguna sentencia por violaciones a derechos humanos con cadena de mando; no existen megacausas ni se analizan los casos desde el contexto; las cárceles están sobrepobladas de personas sin sentencia o sentenciadas como autores materiales sin atender a las redes de macrocriminalidad. Si nos limitamos a desaparición forzada, no existen más de 40 sentencias condenatorias a nivel nacional.

Las fiscalías se han abstenido de votar el Protocolo Homologado de Búsqueda y desde la Fiscalía General de la República (FGR) se impulsó una Ley Orgánica que regresó la institución al siglo pasado. Las comisiones de búsqueda necesitamos más herramientas legales para operar efectivamente y hace falta una fuerte política pública en materia de atención a víctimas. A eso hay que sumar un amparo que sigue sin ser un recurso sencillo y efectivo, y un anquilosado entendimiento del federalismo que, en materia de graves violaciones a los derechos humanos, genera víctimas de primera y segunda, y aleja a la justicia y la verdad.

Trasversalmente hay que señalar un ingrediente más: la indiferencia y el entumecimiento social. No se entiende cómo, con cientos de miles de homicidios, con más de 91.000 personas reportadas como desaparecidas –la mayoría de ellas jóvenes entre los 15 y los 30 años–, con miles de fosas clandestinas y con prácticamente total impunidad, la sociedad mexicana prefiere voltear a otro lado. La falta de indignación social debería apelar a nuestro ser más profundo y cuestionarnos.

Necesitamos discutir sobre fiscalías nuevas no solo de nombre, sino de estructuras; sobre fiscalías dedicadas a graves violaciones a los derechos humanos con análisis contextual; sobre jurisdicciones especiales o sobre otras figuras comparadas que nos permitan acercarnos a la verdad y la justicia. Es urgente un sistema forense independiente y con un enfoque masivo, nacional y científico, que nos permita identificar el mayor número de personas posible; requerimos comisiones de búsqueda consolidadas y con dientes; y necesitamos repensar acciones preventivas para la no repetición.

Es urgente que actuemos como sociedad y como Estado –los tres poderes y los tres órdenes de Gobierno–. Necesitamos abrir una discusión seria sobre una reforma integral que cambie estructuralmente el sistema para garantizar los derechos a la verdad y a la justicia, partiendo de que existen crisis que se entrelazan y reconociendo que el sistema ordinario no ha dado respuesta. Es una deuda que, como Estado y sociedad, le debemos a las víctimas de desaparición y de graves violaciones a los derechos humanos y, en realidad, nos debemos a todos como país.

Karla Quintana Osuna es titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

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