Separar el derecho a la vivienda adecuada de las estructuras financieras, la visión de Miguel Robles-Durán

De acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, la vivienda es un derecho humano fundamental. Esto protege a las personas de desalojos forzosos, demolición arbitraria del hogar y les confiere el derecho a elegir residencia y la libre circulación. Sin embargo, en los últimos años, la economía y los mercados inmobiliarios, entre otros factores, han determinado la manera de vivir de las personas, desplazándolas de un lado a otro en busca de oportunidades y mejor calidad en servicios, trabajo, transporte y recreación.

Si bien organismos como la ONU-Hábitat establecen siete elementos para considerar una vivienda adecuada (seguridad de tenencia, asequibilidad, accesibilidad, adecuación cultural, servicios básicos, habitabilidad y ubicación) el mundo se encuentra lejos de un ideal en la materia, al registrarse más 1.800 millones de personas viviendo en asentamientos informales o en viviendas inadecuadas, de acuerdo con Naciones Unidas.

En México, país en donde las personas pueden pasar hasta cinco horas en el transporte público para ir a trabajar y buena parte de la población se concentra en las grandes ciudades, el acceso a una vivienda adecuada es un tema de primer orden, mismo que se complejiza debido a fenómenos como la centralización, el turismo, la gentrificación y los salarios más altos, entre otros factores.

Esto, aunado a la inminente tendencia de urbanización rumbo al año 2030 (961 ciudades que concentrarán el 83.2% de la población, según ONU-Hábitat), es también un llamado a que gobiernos locales y federales, y organismos privados y expertos colaboren para encontrar soluciones que atiendan las barreras de la población en cuanto a espacios adecuados y seguros para vivir.

En el marco del Foro Vivienda Justa y Prosperidad Compartida, organizado por el Espacio Cultural Infonavit, Urban Front y EL PAÍS, Miguel Robles-Durán, arquitecto, profesor de The New School de Nueva York y cofundador de la consultora transnacional Urban Front, asegura que en los últimos 15 años, prácticamente en todos los países, ha habido cambios drásticos en la manera en que la vivienda se está entendiendo desde el punto de vista financiero.

“Hubo una incursión de compañías enormes internacionales que se han enfocado en lo que ellos llaman ‘la financiarización de la vivienda’, específicamente en las condiciones de vivienda en renta. Muchas de estas organizaciones globales se dieron cuenta después de la crisis (financiera de 2008) que mucha gente ya no iba a poder adquirir, comprar, o tener una tenencia fija de su casa y empezaron a invertir mucho en comprar de manera masiva”, explica Robles-Durán.

Para el arquitecto afincado en la ciudad de Nueva York, esto ha sido un hecho determinante en el aumento del costo de las rentas de las ciudades. “Se ha generado un mercado de especulación con relación a la vivienda en renta, lo que indica que la gente no puede tener acceso a una vivienda asequible”, detalla.

Ejemplos de países como España, en donde la vivienda desbancó al desempleo como el principal factor de exclusión social en 2019, según un informe de la fundación Foessa sobre exclusión y desarrollo social en ese país, hablan de un fenómeno que habita al mundo contemporáneo desde distintos frentes y dimensiones.

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en su Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020, demostró que de las 35.3 millones de viviendas particulares habitadas, el 16.4% eran rentadas y el 14.2% prestadas, lo que representa 10.8 millones de hogares habitados pero administrados por los dueños de estas viviendas.

“En México, desde hace cinco o seis años, se está comenzando a aceptar el primer proyecto masivo de este tipo de inversiones ultrafinancieras. Posiblemente el más emblemático es la torre que está en Coyoacán, Mítikah, en donde ya se comienzan a ver acciones muy maduras de todos estos fondos de inversión inmobiliaria”, dice Miguel Robles-Durán. “Prácticamente a eso se dedican, venden acciones específicas para que la gente pueda invertir y especular en la vivienda”, reflexiona el experto sobre este proyecto.

Como panelistas invitados al Foro Vivienda Justa y Prosperidad Compartida, los miembros de la organización que representa, Urban Front, buscan expandir la visión sobre proyectos alternativos de vivienda en el país. “Nosotros también estamos pensando en que México tiene la posibilidad de experimentar con cosas que nunca ha experimentado, por ejemplo cuestiones de viviendas colectivas, viviendas cooperativas, estructuras de fideicomisos comunales y fideicomisos sociales, así como en estructuras de covivienda”, expresa Miguel Robles-Durán.

En la antesala de la propuesta de reforma a la Ley del Infonavit, la cual plantea un sistema de arrendamiento donde el trabajador con al menos un año de cotización en el seguro social pueda pagar una mensualidad no mayor al 30 % de su salario y que, de cumplir diez años rentando la vivienda tenga el derecho de comprarla, el experto de Urban Front considera una oportunidad histórica para la gente.

“Ahora, con un cambio de gobierno que se está enfocando en ver la problemática de la vivienda desde un punto de vista de raíz, creo que hay muchas posibilidades para que México apunte a generar políticas que demuestren, no nada más relativo al país sino también a Latinoamérica y en general al mundo, cómo se pueden generar espacios para pensar en alternativas que provean a la gente vivienda asequible”, finaliza.

Miguel Robles-Durán participará en el panel sobre derecho a la vivienda en el Foro Vivienda Justa y Prosperidad Compartida que se llevará a cabo el jueves 4 de julio en el Complejo Cultural Los Pinos, un evento del Espacio Cultural Infonavit, Urban Front y EL PAÍS.