El grito desesperado de las madres buscadoras: acampar bajo la bandera del Zócalo para encontrar a un hijo

María Icela Valdez contempla las puertas cerradas del Palacio Nacional a lo lejos. Está sentada en una sillita diminuta en el Zócalo de Ciudad de México. Mientras habla, se recuesta sobre el mástil de la inmensa bandera nacional que ondea en el centro de la plaza. Ella y otras madres buscadoras llevan siete días acampando bajo el asta bandera frente a la residencia del presidente como protesta. “El Gobierno está en guerra contra las madres con hijos desaparecidos, por eso no dejamos que bajen la bandera. Según la ley marcial, cuando un país está en guerra, la bandera siempre tiene que estar ondeando”, dice Valdez, de 65 años. En otra pancarta con las caras de sus hijos puede leerse: “Las víctimas estamos en guerra con el Gobierno”.

Las mujeres quieren hablar con López Obrador y exigen a las autoridades que busquen a sus hijos, muchos de ellos desaparecidos en Tamaulipas, un Estado muy castigado por la violencia y lleno de fosas clandestinas. Están desesperadas. La mayoría tiene entre 50 y 70 años, complicaciones de salud y un gran desgaste emocional. Junto a María Icela están sentadas Patricia de la Cruz, Ana María Maldonado y Laura Sánchez, todas ellas madres de desaparecidos. “Nos hermana el amor y el dolor de no saber dónde están nuestros hijos”, dice una de ellas.

Hubo un tiempo en el que las puertas de Palacio Nacional estuvieron abiertas para las madres buscadoras. Valdez se acuerda bien. Era 24 de junio de 2019. Ella estuvo ahí dentro, con el presidente, la comisionada de Búsqueda y la plana mayor de las instituciones de Derechos Humanos en México. Valdez siempre recordará aquella fecha porque su fotografía acaparó las portadas de los periódicos. Arrodillada, frente a López Obrador, implorando ayuda para encontrar a su hijo, Roberto Quiroa, desaparecido el 10 de marzo de 2014. “El presidente me dijo: No te preocupes, yo te lo voy a entregar”. Cinco años después de aquello, María Icela mira hacia Palacio Nacional con los ojos llenos de lágrimas. Se siente traicionada, abandonada y ninguneada. “Nos ha tratado con mucho desprecio”, dice al hablar del presidente. “El Gobierno nos maltrata y nos humilla. No se dan cuenta de que nosotros les votamos”, remarca con amargura.

Valdez cuenta que, al igual que otras madres, sí tuvo esperanzas renovadas en el nuevo Gobierno y que las tiene en Claudia Sheinbaum, próxima presidenta del país. “Dice que es el tiempo de las mujeres, ojalá que se acuerde de nosotras, eso nos mantiene un poco con fuerza”, agrega. Ana María Maldonado, de 72 años, reconoce que creyó en que López Obrador pondría remedio a la crisis de desaparecidos en el país. También estuvo en Palacio Nacional aquel 24 de junio y guarda en su celular una fotografía junto al presidente. “Le pidió a Alfonso Durazo (secretario de Seguridad en aquel momento y actual gobernador de Sonora) que buscara a los muchachos, pero hasta el día de hoy nada”. Maldonado busca desde 2010 a su hijo Carlos Palomares, desaparecido el 22 de septiembre en la colonia Narvarte, de Ciudad de México.

Aquel día en Palacio Nacional fueron presentados los primeros pasos del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas ante las familias y se anunció una inversión millonaria con la que se pretendía solucionar el problema forense en el país. Pese a aquellos pasos adelante, la crisis continúa y el maltrato institucional a las víctimas ha aumentado. La herencia recibida del Gobierno anterior se convirtió en un problema propio que la Administración actual no ha conseguido frenar. “Necesitamos que arreglen el problema de la identificación y la entrega. En muchos casos no hay laboratorios, ni genetistas, no hay forenses...”, enumera Valdez.

Las mujeres denuncian la violencia que en los últimos años sufren las familias que buscan a sus desaparecidos. Expuestos a los ataques de las autoridades y del crimen organizado. La última de una larga lista de asesinadas fue la buscadora Ángela Meraz León, en Baja California. “Esta vida no es vida”, dice Mendoza. Entre las madres que están en el Zócalo también está Laura Sánchez, de 50 años, enferma de diabetes, hipertensión y con problemas de movilidad. Busca a su hijo Miguel Ángel Hernández, desaparecido en Reynosa, el 25 de agosto de 2019. Dice que la Fiscalía de Tamaulipas le avisó de que su hijo está preso en un Cefereso de Michoacán, sin embargo, después de la pandemia las autoridades ya no le dicen qué pasó con él. “Quiero que me digan cómo está, por favor. El presidente también es padre, por favor, que se tiente el corazón y que me ayude a encontrarlo”, ruega Sánchez.

En 2023 la comisionada Quintana decidió renunciar por desacuerdos con el nuevo censo de personas desaparecidas encargado por el Gobierno. De más de 110.000 desaparecidos contabilizados, la Administración de López Obrador redujo el número a unos 90.000. Meses más tarde, Quintana reconoció que su dimisión tuvo que ver con las diferencias que tuvo con sus superiores. La asociación que María Icela Valdez y su hija Delia crearon, el Colectivo 10 de Marzo AC, interpuso un amparo para que los nombres de esas personas no desaparecieran del censo y lo ganaron. Actualmente su organización busca a unas 15.000 personas.

Por las noches la lluvia y el frío hacen más difícil aún permanecer en el Zócalo. En el campamento improvisado han instalado cinco tiendas de campaña para resguardarse. Sin embargo, ninguna autoridad local o federal ha mostrado el más mínimo interés en las mujeres que están bajo la bandera. Ellas dicen que nadie se ha acercado para hablar o para conocer cuáles son sus reclamos. Los pocos apoyos que llegan son de parte de la sociedad civil, entre ellos, el dinero para contratar un baño portátil donde hacer sus necesidades. “Convocamos no solo a otras madres buscadoras a que se unan a nosotras, sino a todas las personas de la sociedad civil porque ellos también corren peligro, nadie estamos exentos de que nos pase esto”, comenta Patricia de la Cruz, de 57 años. Busca a su hijo Fernando Hernández de la Cruz, desaparecido el 22 de junio de 2022 en Altamira, Tamaulipas.

“Tenemos derecho a saber qué pasó con nuestros hijos”, agrega Mendoza y denuncia que el único detenido por la desaparición de su hijo Carlos fue puesto en libertad por una mala investigación de la Fiscalía. Cuando salió, el perpetrador amenazó de muerte a la familia. Otro de sus hijos falleció de un infarto poco después. “Ya solo me quedan dos hijos de los cuatro que tuve”, se lamenta.

Las madres que en algún momento fueron abrazadas como un símbolo nacional por la llamada cuarta transformación, se han convertido en las enemigas incómodas del oficialismo. El último recurso ha sido tomar la bandera, el símbolo patrio por excelencia. Cada día le recuerdan al Estado mexicano la deuda pendiente que tiene con sus desaparecidos.

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