La nueva batalla por la reforma judicial: el presupuesto para organizar la elección de jueces

México podría elegir por primera vez a todos sus jueces en las urnas el próximo año. Esa al menos es la intención del Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador, que está a la espera de que el Congreso apruebe en septiembre la polémica reforma al Poder Judicial. La iniciativa oficialista plantea que en junio de 2025 casi 1.700 cargos judiciales —jueces de distrito, magistrados de circuito, magistrados electorales y ministros ...

México podría elegir por primera vez a todos sus jueces en las urnas el próximo año. Esa al menos es la intención del Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador, que está a la espera de que el Congreso apruebe en septiembre la polémica reforma al Poder Judicial. La iniciativa oficialista plantea que en junio de 2025 casi 1.700 cargos judiciales —jueces de distrito, magistrados de circuito, magistrados electorales y ministros de la Suprema Corte de Justicia— sean electos por el voto de los ciudadanos. El Congreso ha convocado a foros públicos para debatir los pros y contras de la reforma y eventualmente incorporar cambios a la propuesta. Tanto López Obrador como los legisladores de Morena, el partido oficialista, han dejado en claro que la elección de toda la judicatura por sufragio popular es innegociable, aunque se han mostrado abiertos a la posibilidad de que los comicios sean graduales o escalonados, para que no se vean gravemente afectados los expedientes en trámite en los tribunales. Más allá de eso, una nueva duda ha comenzado a asomar y amenaza con convertirse en otro frente de disputa política: ¿Cuánto va a costar a los mexicanos la elección de sus jueces? ¿De dónde saldrán los recursos?

La iniciativa de reforma pone al Instituto Nacional Electoral (INE) como encargado de organizar los inéditos comicios. La presidenta de la institución, Guadalupe Taddei, ha sido la primera en poner sobre la mesa de discusión pública el problema del financiamiento. “El presupuesto no es caprichoso, no es a lo que se nos ocurra, es definitivamente lo que genera la posibilidad o no de llevar a cabo un proceso electivo de esta magnitud”, dijo la funcionaria el martes en la Cámara de Diputados. Se prevé que los legisladores dictaminen la iniciativa en agosto, para aprobar la reforma en la primera o segunda semana de septiembre, antes de que López Obrador concluya su mandato y entregue la banda presidencial a Claudia Sheinbaum. Taddei, que participó en los foros de discusión sobre la reforma en el Congreso, pidió a los diputados aterrizar con mínimo detalle cuáles serán las etapas y requerimientos del proceso de elección de jueces. Algo tan elemental como cuántas casillas se instalarán, de qué tamaño serán las papeletas o qué espacio se requerirá en las bodegas del INE para almacenar las urnas.

“El Instituto sabe hacer procesos electorales, pero también requiere tener claridad en todo lo que va a emprender para que resulte altamente efectivo, y un proceso de presupuestación acorde con las necesidades y el tamaño del ejercicio que habremos de hacer”, ha insistido la funcionaria. El presupuesto del INE se define cada fin de año desde la Cámara de Diputados: incluye recursos para gasto corriente, para financiar a los partidos políticos y para organizar elecciones y consultas ciudadanas. Si los legisladores aprueban que la primera elección de jueces sea en 2025, se deberá incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año una partida holgada que contemple todos los gastos numerados por Taddei. La funcionaria pidió a los diputados decidir si los ciudadanos votarán de un tirón a los 1.691 cargos de jueces que quedarán vacantes (a la elección podrán presentarse más de 11.000 candidatos, según la iniciativa de reforma) o si solo se elegirá a una parte, en un esquema gradual a lo largo de varios años. “Ni siquiera es una pregunta de carácter político de parte del INE, es una pregunta de carácter operativo, porque eso define, en principio, el número de casillas”, ha dicho Taddei.

La funcionaria continuó con las dudas sobre el procedimiento: dijo que se tiene que definir cuándo inicia el proceso electoral; si habrá capacitadores electorales y funcionarios de casilla; cuál será el diseño de la papeleta electoral y cuántos candidatos aparecerán en ellas; si las boletas tendrán todos los medios de seguridad que las de una elección ordinaria; si habrá urnas electrónicas; si el INE desplegará una campaña en medios “tan didáctica, tan pedagógica, que no permita que un ciudadano diga: ‘Yo no supe cómo votar en el proceso electivo del Poder Judicial”; si los aspirantes a jueces harán campañas; de qué manera intervendrá el INE para asignarles espacios en radio y televisión; si los candidatos serán sujetos de fiscalización de gastos. Las preguntas de Taddei son traducibles en gastos. “El presupuesto no es caprichoso”, ha insistido la funcionaria, “tiene que ser justo lo que se requiere para que [la elección] sea de la calidad que requieren nuestros ciudadanos”.

La propuesta de López Obrador

López Obrador ha opinado este miércoles sobre el financiamiento de esa elección y ha vuelto a tocar la herida de los fideicomisos judiciales. “Que aporte el Poder Judicial la mitad de lo que tienen guardado en los fideicomisos y con eso alcanza. Y que ellos ayuden. Si es una reforma para que mejore el Poder Judicial”, ha dicho el mandatario en conferencia de prensa. “Tienen 20 mil millones de pesos guardados”, ha asegurado, “claro que alcanza, hasta con menos de la mitad. Ahí está ese dinero, para que no usen eso de pretexto, de excusa, de que cuánto va a costar [la elección de jueces]. Esto no es un gasto, es una inversión. La justicia es algo prioritario”, ha zanjado.

El Ejecutivo ha dado una dura batalla para hacerse con los recursos depositados en fideicomisos de la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral Federal. El año pasado, la fracción oficialista aprobó una iniciativa para eliminar 13 instrumentos financieros que reportaban un balance de 15 mil millones de pesos. Con la reforma, los recursos tendrían que ser transferidos a la Tesorería de la Federación (un plan alternativo era que esos fondos fuesen destinados a la reconstrucción de Acapulco tras el desastre del huracán Otis). Sin embargo, una jueza federal suspendió la entrada en vigor de la norma, con lo que los recursos de los fideicomisos no pueden ser tocados de momento. Desde el Poder Judicial, se ha defendido que en los instrumentos financieros hay recursos privados que no pueden ser arrebatados por el Ejecutivo, principalmente aportaciones para el pago de pensiones y otras prestaciones laborales de los trabajadores.

López Obrador todavía ha pedido este miércoles que la elección de jueces se lleve a cabo “el primer trimestre del año próximo”, al menos para la mitad de los cargos judiciales. Mientras no se resuelva de fondo el amparo que tiene congelados los fideicomisos judiciales, los recursos allí depositados tampoco podrán ser utilizados para financiar proceso electoral alguno. De modo que el Ejecutivo deberá pensar en un plan B. El Congreso tiene hasta noviembre para aprobar el Presupuesto de Egresos para 2025. La presidenta del INE insistió en su comparecencia ante el Legislativo en que planificar el proceso electoral judicial no es algo que la institución pueda hacer en “una semana”. El problema del financiamiento no está resuelto y el tiempo corre.

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