Menos recursos para los partidos y elección popular de los consejeros del INE: las claves de la reforma electoral de López Obrador

La iniciativa de reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador supone una reestructura radical de un sistema político que se ha ido conformando a lo largo de décadas en México. Los cambios constitucionales modificarían el sistema de partidos, que ahora tendería al bipartidismo. Para elegir a los representantes en las Cámaras del Congreso se dejaría a un lado el voto directo y se introduciría un esquema de listas y las competencias de las inst...

La iniciativa de reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador supone una reestructura radical de un sistema político que se ha ido conformando a lo largo de décadas en México. Los cambios constitucionales modificarían el sistema de partidos, que ahora tendería al bipartidismo. Para elegir a los representantes en las Cámaras del Congreso se dejaría a un lado el voto directo y se introduciría un esquema de listas y las competencias de las instituciones encargadas de organizar los comicios e impartir justicia electoral se centralizarían en órganos nacionales únicos, mismos que, a su vez, tendrán una infraestructura más reducida. El argumento central de la propuesta presidencial es abaratar los costos del sistema electoral. La iniciativa propone reformar 18 artículos de la Constitución, y para su aprobación se requiere del voto de las dos terceras partes del Congreso.

Elección de funcionaros electorales por voto directo

Una de las modificaciones más llamativas ha sido que los consejeros y magistrados electorales sean electos por el voto ciudadano. En la actualidad, la Cámara de Diputados designa a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y a su presidente. Al Senado le corresponde la selección de los magistrados del Tribunal Electoral federal (TEPJF). El proyecto de López Obrador propone que los integrantes de esos órganos sean votados por la ciudadanía a partir de 2023, lo que supondría revocar del cargo a varios funcionarios electorales que aún no terminan el periodo para el que fueron designados.

En el caso del INE, se plantea reducir de 11 a siete el número de consejeros. Los ciudadanos podrán elegir a los nuevos consejeros y magistrados de entre listas de candidatos formuladas por el presidente de la República, el Legislativo y la Suprema Corte de Justicia. Habrá 60 candidatos en el caso del INE y 30 en el caso del Tribunal Electoral. Cada funcionario estará en el cargo seis años. La persona más votada de entre los candidatos a consejeros presidirá el instituto y la presidencia del Tribunal Electoral será decidida entre los integrantes del pleno.

Transformación del INE y el Tribunal Electoral

La iniciativa propone la transformación del Instituto Nacional Electoral (INE) en un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). Con el cambio, se eliminarían los 32 institutos electorales locales (OPLE), que fueron creados en 2014 para organizar los comicios estatales, y el INEC se convertiría en la única autoridad para organizar todas las elecciones, tanto federales como locales. También organizaría las consultas populares y de revocación de mandato. La propuesta plantea eliminar también los tribunales electorales locales, encargados del despacho de asuntos relacionados con comicios estatales. El proyecto de reforma señala que tanto el INE como el TEPJF suelen asumir las labores de los órganos locales: el INE organiza cada vez más elecciones estatales y el Tribunal Electoral revisa las sentencias emitidas en el ámbito local y emite la última palabra.

“El INE, desde su creación hasta la fecha, ha ido ejerciendo cada vez más su facultad de atracción sobre las funciones de los OPLE, al grado de realizar o verificar prácticamente todas las actividades significativas que corresponden formalmente a dichos órganos, salvo la investigación y sustanciación de quejas; el registro de candidatos, cómputos y declaración de validez. Contar con una autoridad administrativa única abonará a dar mayor certeza y a armonizar los procesos electorales y de participación ciudadana”, dice el proyecto. “Hay que agregar la irrelevancia de los tribunales locales en materia electoral: como primera instancia, no brindan certeza a los procesos electorales. El Poder Judicial de la Federación resuelve en definitiva casi cualquier acto impugnado de las elecciones locales. Por eso, se propone que el TEPJF absorba las controversias electorales locales del país”.

Eliminar los 300 distritos electorales y que haya menos legisladores

El presidente López Obrador ha difundido la idea de que su proyecto de reforma busca eliminar a los legisladores plurinominales. En realidad, su iniciativa propone conservar la figura, pero cambiar su implementación. Actualmente el país se divide en 300 distritos electorales y cinco circunscripciones conformadas por varios Estados. De los 500 diputados que integran la Cámara baja, 300 son electos por el voto directo en esos distritos, y otros 200 son designados por “representación proporcional” mediante listas regionales. Así, los sufragios obtenidos por voto directo sirve de base para repartir más lugares a los partidos a partir de las listas. Se trata de los llamados legisladores plurinominales o pluris. Este esquema, si bien otorga más legisladores a las fuerzas mayoritarias, también garantiza que los partidos minoritarios –y los ciudadanos que votaron por ellos– tengan representación en el Congreso. En el caso del Senado, de los 128 representantes que integran la Cámara alta, 32 son de representación proporcional (plurinominales).

López Obrador ha planteado desaparecer la división en distritos y circunscripciones electorales y, en consecuencia, la posibilidad de que haya legisladores electos mediante esas listas. Esto reduciría a 300 el número de diputados y a 96 los senadores. Sin embargo, no significa que esos legisladores serán electos por el voto directo que actualmente existe. Al contrario, se propone que ahora los candidatos sean propuestos mediante listas por cada una de las 32 entidades federativas, a semejanza del modelo estadounidense. La distribución de diputados y senadores se daría mediante un cruce de la densidad población y los votos obtenidos por cada partido en la contienda. Un Estado con mayor población contaría en la Cámara de Diputados con un mayor número de representantes. Así, el Estado de México aportaría 40 diputados; la Ciudad de México, 22; Jalisco, 20, y Veracruz, 19. En contraste, Baja California Sur, Campeche y Colima aportarían dos diputados cada uno. En esos Estados, justamente, las nuevas reglas favorecerían al partido mayoritario y al segundo lugar, pues no habrá lugares suficientes para repartir a los partidos minoritarios, con lo que, en los hechos, se propicia la conformación de un bipartidismo.

La conformación de congresos estatales y cabildos en los ayuntamientos seguiría el mismo criterio de densidad poblacional. Las legislaturas locales se constituirían en función de la población de los municipios o alcaldías del Estado en cuestión, con un mínimo de 15 diputados y un máximo de 45. La eliminación de los 300 distritos electorales también implicaría una reducción a la estructura del INE, que cuenta con Juntas Ejecutivas en cada uno de esos territorios.

Eliminar el financiamiento público ordinario a los partidos

Que el financiamiento público de los partidos prevalezca sobre el financiamiento privado es uno de los pilares del sistema electoral mexicano. Actualmente, la Constitución establece una fórmula mediante la cual se reparte el gasto público a los partidos todos los años. En años electorales, el gasto público aumenta, pues se les otorga presupuesto adicional para hacer campañas. La iniciativa de López Obrador propone eliminar el financiamiento ordinario y que solo se les asignen recursos cuando haya elecciones: un mayor gasto cuando se elijan senadores y presidente de la República, y uno menor cuando se voten diputados. En los periodos no electorales, los partidos deberán cubrir sus gastos mediante aportaciones de sus simpatizantes y militantes.

El monto del financiamiento privado que podrían recibir los partidos no está claro en la propuesta, pero se establecen algunas restricciones a los particulares que hagan aportaciones. “Los recursos provistos no serán deducibles de impuestos; se prohíbe que una misma persona física done en un año a más de un partido o candidatura independiente, y que se apliquen recursos obtenidos para el sostenimiento de actividades ordinarias en gastos de campaña o al pago de deudas contraídas para cubrir procesos electorales anteriores”.

Facilitar las consultas populares

Actualmente, para que los resultados de una consulta popular o una consulta de revocación de mandato sean vinculantes –de cumplimiento obligatorio–, se requiere que en el ejercicio participe, al menos, el 40% del listado nominal de personas con credencial para votar. La cifra equivale a unos 37 millones de personas, una cifra difícil de alcanzar dado el nivel de abstencionismo que caracteriza las elecciones mexicanas. En el reciente ejercicio de consulta de revocación de mandato de López Obrador participó el 17,77% de los ciudadanos; la cifra fue aún menor, del 7%, en la consulta popular de 2021 que fue promovida para abrir investigaciones contra exfuncionarios. La iniciativa propone bajar a 33% del listado nominal el umbral para que los resultados de las consultas ciudadanas sean vinculantes.

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