De Félix Gallardo a Caro Quintero: las estrategias de los jefes narcos para sortear la justicia

Miguel Ángel Félix Gallardo, el Jefe de Jefes, exlíder del Cártel de Guadalajara, y condenado a 40 años de prisión, ya tiene un pie fuera de la cárcel. Un juez le concedió esta semana la prisión domiciliaria por problemas de salud. Su previsible salida se une a la de otros narcotraficantes destacados de la época que han logrado beneficios carcelarios o han sido directamente liberados en los últimos años. Las estrategias legales son diversas. Aparte de los achaques y la edad avanzada de los condenados, en muchos casos, los expedientes mal armados y la falta de capacidad de las fiscalías tienen ...

Miguel Ángel Félix Gallardo, el Jefe de Jefes, exlíder del Cártel de Guadalajara, y condenado a 40 años de prisión, ya tiene un pie fuera de la cárcel. Un juez le concedió esta semana la prisión domiciliaria por problemas de salud. Su previsible salida se une a la de otros narcotraficantes destacados de la época que han logrado beneficios carcelarios o han sido directamente liberados en los últimos años. Las estrategias legales son diversas. Aparte de los achaques y la edad avanzada de los condenados, en muchos casos, los expedientes mal armados y la falta de capacidad de las fiscalías tienen la culpa.

Preso desde 1989, Félix Gallardo ha pasado buena parte de su vida adulta tras las rejas. Ahora tiene 76 años y está sordo, medio ciego y padece neumonía. Sus abogados llevan años pidiendo la prisión domiciliaria ante el evidente deterioro de su salud. Una petición que le ha sido concedida por el juez a cambio de llevar un brazalete electrónico. La medida, una práctica habitual en estos casos, no ha despertado gran polémica. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido la decisión porque Félix Gallardo “está verdaderamente mal” y “no puede ser atendido en el reclusorio”.

Sin embargo, ha habido otros casos menos claros. El que causó más indignación fue la liberación hace unos años de Rafael Caro Quintero, cofundador del Cártel de Guadalajara junto a Félix Gallardo. El famoso narcotraficante llevaba en prisión desde 1985 cuando fue arrestado en su escondrijo en Costa Rica. En 2013, un tribunal colegiado determinó que Caro Quintero debería haber sido juzgado bajo el fuero común, los delitos que son perseguidos e investigados por las autoridades y fiscalías estatales, y no el federal, responsabilidad de la Fiscalía General de la República. El agente antinarcóticos estadounidense Enrique Kiki Camarena, de cuyo asesinato se le acusaba, no era personal diplomático, señaló el tribunal.

En la madrugada de un viernes de agosto, el capo salió de la cárcel. Aunque la Suprema Corte luego revocó la liberación, Caro Quintero ya había desaparecido. Se mantuvo oculto en la sierra de Sinaloa hasta que fue detenido una vez más en julio pasado, casi una década después, y a petición de EE UU.

La liberación sorpresiva de Caro Quintero sembró dudas sobre el Poder Judicial y su posible connivencia con o, por lo menos, debilidad ante el narcotráfico. Según Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, se trató de una “estrategia legal bien planteada” que agarró por sorpresa a la Fiscalía General de la República. “No es que fuera un error. La delincuencia organizada está bajo el fuero federal, pero los delitos por los que se le acusaba eran del fuero común”, señala.

El Poder Judicial no ha sido la única institución señalada por las liberaciones inesperadas de capos. Las fiscalías locales y la federal tienen un largo historial de casos mal armados que terminan por provocar la liberación de los acusados, sean narcos o no. “Si la Fiscalía presenta una acusación débil, le facilita el trabajo a un abogado defensor; puede presentar decenas de amparos porque una estrategia es evitar que haya sentencia, alargar el proceso lo más que se pueda”, señala el abogado penalista Luis Tapia. Apenas un 0,9% de los delitos registrados son resueltos, según la ONG Impunidad Cero.

Esta debilidad del sistema fiscal y judicial benefició a Héctor El Güero Palma, otro lugarteniente del Cártel de Guadalajara. En 2021, un juez lo absolvió de las acusaciones de delincuencia organizada y ordenó liberarlo. La decisión judicial provocó una ola de indignación y la Secretaría de Seguridad Pública se apresuró para intentar mantenerlo entre rejas. La dependencia emitió una petición de consulta a la Fiscalía General de la República y a los ministerios públicos de los 32 Estados para saber si había alguna otra causa abierta contra él.

Un mes después, Palma ingresó otra vez al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, y se inició un nuevo procedimiento. Sin embargo, en el enésimo giro de este drama legal, un magistrado estuvo a punto de dejarlo en libertad, al no localizarse dos testigos clave y porque consideró que se había transgredido “el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción expedita, mediante un recurso judicial rápido, sencillo y efectivo”. En abril, la Fiscalía General de la República abrió una nueva carpeta de investigación para impedir su salida de prisión.

Estas acciones in extremis también reflejan un descuido por parte de los ministerios públicos, según Tapia. “Cuando las fiscalías consiguen la orden de aprehensión, a veces paran de investigar aunque todavía les quede todo el proceso por delante”, dice. Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano, coincide en la escasa capacidad de las fiscalías para construir investigaciones sólidas. “Las detenciones raramente se dan a partir de investigaciones”, apunta. Como ejemplo, Rivas señala que, de las aproximadamente 3.000 detenciones realizadas por la Guardia Nacional en 2021, solo 17 fueron producto de una labor previa de investigación.

Frente a estas deficiencias y para ahorrarse problemas, las autoridades mexicanas han recurrido a menudo a las extradiciones a EE UU, pero el proceso se puede alargar años si el acusado o la Fiscalía interponen recursos. Tras su detención, Caro Quintero, el narcotraficante más buscado por la DEA estadounidense, se amparó ante un juez y logró una suspensión definitiva de la orden de extradición. Dos meses después, el antiguo capo sigue en México.

Pese a los retrasos, los expertos señalan que difícilmente los jueces pueden detener una extradición. Sin embargo, el proceso puede tropezar cuando la legalidad de la detención está en disputa; si, por ejemplo, no se informó al acusado de que se le detiene por una orden de extradición. “Allí es donde puede ser que un caso ganado se complique”, señala Tapia. De ejecutarse la orden contra Caro Quintero, en EE UU le espera otro de sus compadres, Joaquín El Chapo Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, extraditado en 2017 tras fugarse dos veces de las cárceles mexicanas.

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