México pide perdón a Arturo Medina, un joven con discapacidad encarcelado cuatro años sin pruebas

En un caso sin precedentes, el Gobierno de México ha pedido perdón público este lunes a Arturo Medina Vela, el joven con discapacidad psicosocial e intelectual que pasó cuatro años privado de libertad sin pruebas sólidas en su contra. El Estado ha reconocido haber violado los derechos de Medina Vela, al que un juez declaró “inimputable”, una figura jurídica aplicada a personas con discapacidad que, bajo el pretexto de proporcionar un tratamiento terapéutico, en la práctica niega el derecho a elegir una defensa, declararse inocente, o impugnar los cargos de los que se les acusa. Se trata del Primer Acto de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional para Personas con Discapacidad, un evento que ha organizado la Secretaría de Gobernación siguiendo recomendaciones de las Naciones Unidas, que en 2019 sacaron un comunicado donde denunciaban el trato legal que había recibido Medina Vela.

El 14 de septiembre de 2011, Medina Vela —que entonces tenía 21 años— fue arrestado por la policía en la Colonia Morelos, Ciudad de México, acusado de haber robado un vehículo. Su madre, Judith Medina, con la que vivía, acudió a la comisaría donde estaba retenido, aportó la documentación que acreditaba la discapacidad de su hijo y explicó que, debido a ella, el joven no sabía conducir. La policía argumentó que existían pruebas recogidas por cámaras de seguridad de la zona, grabaciones que nunca aparecieron. En lugar de ser puesto en libertad, a los pocos días de ser apresado se le realizó un análisis forense que estableció que el detenido padecía “un trastorno social de la personalidad y posible retraso mental superficial”, como recoge el informe de 2019 de Naciones Unidas. Por ello, fue declarado como inimputable por el juez Noveno Penal del Distrito Federal y, consecuentemente, trasladado al Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial.

Medina Vela pasó cuatro años en el centro, hasta 2015, a pesar de que su madre reclamó ante el juez en numerosas ocasiones a través de distintos recursos jurídicos. En 2019, un informe de la ONU exigió al Gobierno mexicano una “reparación efectiva” al joven, el reconocimiento público de que se habían violado sus derechos y “adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro”.

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ha sido el encargado de pedir disculpas: “Arturo Medina Vela fue sujeto de violaciones graves a sus derechos humanos que hoy debemos reivindicar. Queremos reconocer el enorme esfuerzo que tanto tú, Arturo, como tu familia han realizado a lo largo de 10 años en la búsqueda de una reivindicación de sus derechos. Por eso, a nombre del gobierno de México, te ofrezco una disculpa sin condición alguna por los hechos que te afectaron a ti, a tu mamá, a tu familia. Una disculpa pública por el trato degradante que significó la forma en que la autoridad de procuración e impartición de justicia de la Ciudad de México incurrió en tu agravio hace una década”. Judith Vela, madre de Arturo, ha aceptado las disculpas del Estado mexicano, pero ha asegurado que “también es necesario recordar y tomar conciencia que existen muchos casos como el de Arturo”.

El acto de perdón ha sido calificado como “histórico” por Documenta A.C., una organización civil que lucha por los “derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en conflicto con la ley y con discapacidad psicosocial o intelectual”, que se ha encargado de proporcionar acompañamiento jurídico a Medina Vela y su familia. Esta agrupación fue la que consiguió que la ONU se implicara en el caso y publicara el comunicado de protesta en 2019.

“Este acto es un paso en la reivindicación de la dignidad de Arturo Medina y de su lucha por justicia. Su caso refleja las problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad psicosocial e intelectual en el sistema de justicia penal” ha declarado a través de Twitter la ONU, que además ha reconocido “el compromiso del Gobierno de iniciar las reformas necesarias para que a las personas con discapacidad les sean reconocidos sus derechos a la igualdad y de capacidad jurídica. Asimismo, la ONU-DH reconoce el trabajo y acompañamiento de Documenta A.C.”.

Sin embargo, desde Documenta A.C. han recordado que todavía “hay muchos casos como el de Arturo en nuestro país, en donde no se reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y se violan sus derechos”. “Por eso es importante y URGENTE que el Estado mexicano cumpla con las modificaciones pertinentes a las leyes federales y locales y con la capacitación a toda la cadena de justicia de los distintos órdenes de nuestro país”, ha añadido la organización.

En 2015 —último año con datos disponibles— en México había 4.476 internos con padecimientos mentales en los centros penitenciarios del país, 1.054 declarados inimputables, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De acuerdo con un artículo de Documenta A.C., publicado en Animal Político, “aunque las estadísticas muestran que a nivel mundial el 15% de la población vive con una condición de discapacidad, en muchos países más del 50% de la población penitenciaria tiene una discapacidad”.

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