Bruselas refuerza el modelo de pactos migratorios con un nuevo comisario para el Mediterráneo
Von der Leyen quiere triplicar los efectivos de Frontex hasta llegar a los 30.000, en otro movimiento hacia una UE cada vez más blindada
La Comisión Europea refuerza su política de pactos migratorios como los firmados con Egipto o Túnez para que esos países frenen las llegadas a la UE a cambio de fondos. La apuesta por el enfoque de línea dura y ese tipo de acuerdos es clara, aunque enviar dinero a regímenes cuestionados por el incumplimiento de derechos humanos, como es el caso egipcio y tunecino, ha recibido durísimas críticas. El Ejecutiv...
La Comisión Europea refuerza su política de pactos migratorios como los firmados con Egipto o Túnez para que esos países frenen las llegadas a la UE a cambio de fondos. La apuesta por el enfoque de línea dura y ese tipo de acuerdos es clara, aunque enviar dinero a regímenes cuestionados por el incumplimiento de derechos humanos, como es el caso egipcio y tunecino, ha recibido durísimas críticas. El Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen tendrá la próxima legislatura un comisario para el Mediterráneo, una cartera de impacto, que se encargará de velar por el cumplimiento de esos pactos millonarios y de diseñar otros nuevos. La UE, además, endurece su blindaje y triplicará los efectivos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para alcanzar los 30.000 miembros, y la dotará con nuevas tecnologías y más drones para la vigilancia.
Es una iniciativa que ya estaba en el manifiesto del Partido Popular Europeo (PPE), la familia política de Von der Leyen, reelegida el jueves en el Parlamento Europeo —a propuesta de los líderes de los Veintisiete— como presidenta de la Comisión durante otros cinco años. Dentro su nueva hoja de ruta, planea ya un nuevo pacto para el Mediterráneo, que pone el foco en la región, de importancia estratégica para el club comunitario y la principal ruta de llegadas de migrantes en situación irregular a la Unión, a países como Malta, Grecia, Chipre o Italia. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, lleva tiempo reclamando una política más robusta hacia la zona y explorar nuevos acuerdos.
En 2023, llegaron al territorio comunitario 385.445 migrantes en situación irregular, según datos de Frontex; lejos de los casi dos millones de 2015, en plena crisis de refugiados derivada de la guerra de Siria. Pese a eso, el debate migratorio está caliente. De enero a junio de este año, la ruta más activa ha sido la del Mediterráneo central (desde países como Túnez), con 25.653 llegadas irregulares, un 61% menos que el año pasado. Después, la del Mediterráneo este (por ejemplo, desde Egipto), con casi 25.000, un 75% más que en 2023. Por la del Mediterráneo occidental (desde países como Marruecos), este semestre se han detectado unos 5.000 cruces irregulares.
La UE rubricó su acuerdo con el presidente tunecino, Kais Said, hace un año. Un pacto por valor de unos 900 millones de euros para proyectos de energía, desarrollo económico y digitalización; también para control de fronteras. Controvertido no solo por el vínculo con Said, también por cómo se firmó, con nula consulta con el Consejo Europeo, ni con el alto representante para Política Exterior, ni con el Colegio de Comisarios. Después, llegó un pacto con Egipto (7.400 millones) y otro, similar aunque con distinto diseño, con Mauritania (500 millones). Para el último, firmado con Líbano, Bruselas anunció un paquete de asistencia financiera de 1.000 millones de euros (parte de ellos, reasignados de otras partidas).
El reto es diseñar nuevos acuerdos con países de origen y tránsito. Y algunos miran ya hacia lugares como Libia, donde, sin embargo, la falta de Estado hace inviable por el momento la rúbrica, dicen fuentes de Bruselas. Las organizaciones de derechos civiles y especializadas en migración han denunciado violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Libia.
Cuotas de solicitantes de asilo
Hace dos meses que los Veintisiete dieron luz verde definitiva al pacto migratorio, un conjunto de normas y reglamentos que endurecen los requisitos de acogida de los solicitantes de asilo, facilitan las deportaciones y establecen, por primera vez, que todos los Estados miembros deben contribuir a la gestión de la migración y acoger una cuota de solicitantes de asilo o contribuir a una cesta común con 20.000 euros por cada migrante rechazado.
Pero ahora, mientras las capitales se preparan para implementarlo, se ha agudizado el debate en la UE ―impulsado por un grupo de países capitaneados por Dinamarca— sobre cómo lanzar “soluciones innovadoras” para frenar las llegadas a Europa, con nuevos pactos como los rubricados con Túnez o Egipto y que plantea incluso la creación, fuera de territorio comunitario, de centros para enviar a los solicitantes de asilo rescatados en el mar, en un modelo similar al controvertido plan que Italia quiere concretar en Albania y que va un paso más en la senda de externalizar todos los campos de la gestión migratoria.
“Ahora que comienza este ciclo legislativo, la UE puede y debe hacer algo más que abandonar su compromiso con el régimen global de protección de los refugiados”, critica Olivia Sundberg Diez, de Amnistía Internacional, una de las 90 organizaciones que han firmado una declaración contra los avances del club comunitario para externalizar sus responsabilidades en materia de asilo.
El pacto migratorio de los Veintisiete engloba las normas para cuando las personas en situación irregular llegan a la Unión. Los modelos sobre “dimensión exterior” que cada vez más voces reclaman, plantean fórmulas antes de que lleguen.
El nuevo comisario para el Mediterráneo es una evolución de ese paradigma. “Necesitamos un enfoque común sobre los retornos para que sean más efectivos y dignos, y tenemos que desarrollar nuestras asociaciones integrales, en particular con nuestro vecindario meridional”, apuntó Von der Leyen el jueves, en su discurso de reelección en Estrasburgo. “La región mediterránea debe recibir una atención a fondo”, dijo antes de anunciar la nueva agenda y esa nueva cartera en la que muchos en Bruselas ven ya al griego Margaritis Schinas (PPE), ahora vicepresidente comunitario para el Estilo de Vida Europeo, que junto a Interior se ha ocupado del tema migratorio, y persona de gran confianza de la conservadora alemana. No obstante, Grecia no ha aclarado aún a quién nombrará como su comisario y el cargo tiene numerosos pretendientes.
No es la única nueva cartera de la Comisión Von der Leyen II. También creará la figura de un comisario de Océanos y Pesca y uno de Defensa, largamente reclamado por los socios del este de Europa, pero que se enfrenta a la dificultad de la falta de competencias ―excepto en Industria— y a la suspicacia de los Estados miembros.
El comisario para el Mediterráneo será un puesto sustancial, aseguran fuentes comunitarias, porque si hasta ahora el Ejecutivo comunitario ha tenido que rascar (muy a fondo y con dificultad) de distintas partidas para hallar los fondos que ha destinado a los pactos con Egipto o Líbano, la nueva cartera tendrá un presupuesto asignado y, sobre todo, una estructura burocrática que se coordinará con la de la jefa de la diplomacia europea, la estonia Kaja Kallas, que si el Parlamento Europeo confirma al nuevo equipo de Von der Leyen, sustituirá a final de año al español Josep Borrell.