La prostitución ilegal se estanca en Países Bajos
A pesar de que los burdeles se despenalizaron hace más de dos décadas, la policía calcula que de las 20.000 trabajadoras sexuales activas, hasta 6.000 pueden estar siendo obligadas a prostituirse
Veintiséis años después de que Países Bajos despenalizara los burdeles, la normativa no ha dado el resultado esperado: regular la prostitución voluntaria, y combatir la forzada y los abusos. En aquel año 2000, se legalizó el funcionamiento de más de un millar de locales de negocio sexual, para que sus trabajadores —la mayoría mujeres— pudieran equipararse a cualquier otra profesión. Lo que el legislador no previó f...
Veintiséis años después de que Países Bajos despenalizara los burdeles, la normativa no ha dado el resultado esperado: regular la prostitución voluntaria, y combatir la forzada y los abusos. En aquel año 2000, se legalizó el funcionamiento de más de un millar de locales de negocio sexual, para que sus trabajadores —la mayoría mujeres— pudieran equipararse a cualquier otra profesión. Lo que el legislador no previó fue el gran aumento de la oferta ilegal y la explotación que conlleva, camuflada ahora también en el ámbito digital. La policía estima que de las cerca de 20.000 personas activas en el sector, hasta 6.000 pueden estar siendo obligadas a ello.
Este mes, el comité de Naciones Unidas que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos de la Mujer, ha pedido a las autoridades neerlandesas que redoblen sus esfuerzos para prevenir y combatir la prostitución forzada y el trabajo sexual entre menores.
Antes del año 2000, la prostitución era “tolerada” por la policía neerlandesa. Solo se considera ilegal cuando involucra a menores de edad, o bien la trata de personas, y la norma que reguló los burdeles pretendía evitar la coacción en locales cerrados. También en lugares tan famosos como el Distrito Rojo de Ámsterdam, con sus escaparates al público. Los propietarios de los locales pedían una licencia, las prostitutas trabajaban de manera voluntaria y había inspecciones y controles. Hacia 2007, sin embargo, se vio que estos clubes legales disminuían al tiempo que aumentaban las agencias de acompañantes, salones de masajes y clubes de parejas, mucho más difíciles de vigilar. A medida que se abrían “las fronteras dentro de la UE y el Espacio Económico Europeo, aumentó el número de trabajadores sexuales de Europa del Este”, escribe, en un correo electrónico, Jolanda van der Maas, directora de la Fundación De Haven, de trabajo social en el sector.
Según Rodney Haan, asesor del Centro para la Prevención de la Criminalidad y la Seguridad (CCV, en sus siglas neerlandesas), “la ley solo estaba concebida para lograr un sector limpio y seguro”. ¿No se pensó más allá de los burdeles? En conversación telefónica, este experto explica que el Gobierno “no supuso que muchas trabajadoras sexuales operarían por su cuenta”, y hoy quedan ya menos de 400 de estos locales. Por otro lado, el desarrollo de la normativa quedó en manos de los ayuntamientos, “que se fijaron en los locales de sexo y no en quienes actuaban fuera de ese entorno”. “Y ahí está la brecha”, según Haan. Desde el año 2005 se ha intentado afinar la ley en varias ocasiones.
En Países Bajos hay víctimas de trata de personas procedentes sobre todo de América Latina, África o Europa del Este. También neerlandesas, y Haan señala que no son excluyentes, “porque en la trata hablamos de captar a una persona vulnerable para explotarla”. Van der Maas aboga por “una mayor información en los llamados ‘países de origen’, para que niñas y mujeres sean más conscientes de los riesgos de explotación y trata, cuando se les ofrece un trabajo en Países Bajos”.
El Centro de Coordinación sobre la Trata de Personas (Comensha) estima que en 2024 “había unas 1.000 en esta situación, la mayoría mujeres mayores de edad”. De estas, “unas 490 han sido forzadas a prostituirse”, aunque la cifra real puede ser mayor por las dificultades de contacto. Van der Maas considera “especialmente importante que las propias trabajadoras sexuales participen en la elaboración de la política”, y que se atienda “a las que lo hacen por pobreza o deudas”.
La intención del legislador era crear un sector seguro, pero las prostitutas siguen teniendo problemas para abrir una cuenta bancaria o un seguro médico. “Es un trabajo como otro cuando es voluntario. Pero costó años para que los bancos aceptaran estas cuentas profesionales, por asociarlo al aspecto criminógeno del sector”, recuerda Haan. Y hace esta reflexión: “Entre la trabajadora sexual libre de presiones y la que es obligada a prostituirse, hay un grupo numeroso para el que tal vez no era su primera opción, pero que no lo hacen presionadas”.
Para las mujeres y las niñas que sí desean escapar de esta situación, Naciones Unidas advierte en su informe de que Países Bajos debe prestarles más apoyo.