Israel retiene a la fuerza a 22 libaneses pese a la tregua con Hezbolá: “Solo quiero saber si sigue vivo”

Fatmeh Karaki avanzaba sonriente mientras se grababa en un vídeo. “Somos los primeros en llegar a Markaba”, decía en referencia a un pueblo libanés fronterizo con Israel. Detrás de él se distinguía a su hermano, Hussein, su madre y otra familia que se unió por el camino. Era el 26 de enero de 2025. ...

Fatmeh Karaki avanzaba sonriente mientras se grababa en un vídeo. “Somos los primeros en llegar a Markaba”, decía en referencia a un pueblo libanés fronterizo con Israel. Detrás de él se distinguía a su hermano, Hussein, su madre y otra familia que se unió por el camino. Era el 26 de enero de 2025. Tras dos meses de alto el fuego entre Israel y la milicia libanesa Hezbolá, miles de civiles intentaban retornar a sus municipios el día en que las tropas israelíes debían retirarse del territorio ocupado en Líbano, algo que habían anunciado que postergarían en incumplimiento del acuerdo. De repente, los caminantes llegaron a un terraplén y el ejército israelí los disparó por detrás, según narra Fatmeh, con vídeo incluido, al diario libanés L’Orient Today.

Las balas mataron a su madre y penetraron en la espalda de su hermano. El padre de la otra familia también murió y sus dos hijos fueron capturados hasta esa noche. El caso de Hussein fue distinto: Fatmeh asegura que pidió llamar a una ambulancia, pero los israelíes se negaron, alegando que se hacían cargo. Nunca más supo de él. “Solo pido saber si sigue vivo”, lamenta ahora en declaraciones a ese diario.

Hussein, de 36 años de edad, es uno de los 11 libaneses a quienes los israelíes han capturado en Líbano tras el comienzo del alto el fuego, en noviembre de 2024. Como él, varios cayeron en manos de los ocupantes cuando intentaron regresar al área que la presencia israelí había convertido en prohibida. Bien en enero, cuando Israel frustró el retorno abriendo fuego y matando a 24 personas, o en febrero, cuando incumplió la nueva fecha de repliegue permaneciendo en zonas fronterizas que mantiene bajo su control mientras ataca a diario.

El ejército israelí ha matado a más de 130 civiles “no combatientes” durante la tregua, según la ONU. El lunes murieron dos personas más por ataques israelíes en localidades meridionales. A Mohamed Tahseen Hussein Kashakesh, conductor de una furgoneta escolar, lo mató un dron delante de su vivienda. A Ahmad Tormos, de 62 años, lo bombardearon cuando salió de casa en respuesta a una supuesta llamada del ejército israelí, que según informaciones locales le preguntó si quería morir junto a los suyos o individualmente. Israel los vinculó a ambos con Hezbolá, que actualmente evita responder a las agresiones israelíes tras haber iniciado las hostilidades en octubre de 2023, “en solidaridad” con Gaza.

Las detenciones ilegales en territorio libanés se suceden tras 15 meses de tregua. Una veintena de soldados israelíes invadieron el pasado lunes Hebariya, municipio a cuatro kilómetros de la frontera, y se llevaron a un residente ante su familia tras asaltar la vivienda. El Grupo Islámico, un partido con representación parlamentaria y brazo armado, denunció después el secuestro de Atwi Atwi, su representante local. El ejército israelí ha acusado a la formación de “actos terroristas” y ha reivindicado la operación. Husein Chaabane, investigador en Legal Agenda (LA), un grupo dedicado a reforzar el Estado de derecho, lo ve preocupante: “Es la primera incursión militar que Israel reconoce desde el cese para ejecutar un secuestro”.

Los secuestros confirmados desde el inicio del conflicto, explica Chaabane a EL PAÍS, son 22. Los israelíes se llevaron a la mitad de ellos durante los dos meses de invasión terrestre previos a la tregua. Hezbolá indicó en prensa local que nueve eran combatientes. Legal Agenda dice que 10 fueron capturados “durante los combates”. Estos se suman a otros tres que Israel capturó hace décadas. Además, hay 42 personas desaparecidas: “Se desconoce si están vivas, detenidas, o si se retienen sus restos” en Israel, dice Chaabane.

Las autoridades israelíes mantienen la condición de los presos en secreto e impiden que la Cruz Roja los visite, violando el derecho internacional. El caso de Imad Fadel Amhaz, un capitán de barco capturado antes de la tregua en el norte de Líbano, es la excepción. Israel grabó un vídeo durante su detención, en el que el joven, para sorpresa de su entorno, dice ser miembro de Hezbolá.

A diferencia de la tregua alcanzada con Hamás en Gaza, donde la presencia de rehenes israelíes llevó a Israel a conceder la liberación de presos palestinos, el alto el fuego en Líbano —percibido como una rendición libanesa— dejó de lado a los libaneses encarcelados en suelo israelí, limitando su liberación a futuras negociaciones. “Sean civiles o combatientes, la legislación internacional considera la detención de una persona para presionar a un tercer actor como un crimen de toma de rehenes”, declara a este diario Ghida Frangieh, experta legal en LA.

Ante la amenaza de que sus seres queridos nunca regresen de las cárceles israelíes —descritas por el grupo de derechos humanos israelí B’Tselem como “una red de centros de tortura”—, familias afectadas por esas ausencias se han unido en una campaña para presionar al Ejecutivo libanés —acusado de inacción— y a la comunidad internacional. El objetivo es forzar a Israel a liberarlos o, al menos, a informar sobre su condición y garantizar sus derechos básicos.

“Como pueblo, es nuestro deber no olvidar a nuestros prisioneros”, decían en su primer comunicado en diciembre. “Más de 20 libaneses se consumen en las cárceles israelíes: combatientes de la resistencia [Hezbolá] que se enfrentaron a la invasión y hombres secuestrados en sus pueblos y hogares”.

Información mediante excarcelaciones

Ali Tarhini, entonces de 18 años de edad, es otro de los que Israel secuestró durante los episodios de violencia para impedir el retorno de civiles a la franja fronteriza, algo que justificó como una medida para evitar la reaparición de Hezbolá. Como Karaki, lo último que se sabía de él era que una bala le agujereó la espalda por detrás antes de que se lo llevaran. Los Tarhini, sin embargo, han recibido algún rayo de luz desde aquel 18 de febrero. Dos excarcelados han asegurado que el joven, miembro de una institución médica asociada a la parte social del grupo político y militar Hezbolá, sigue con vida.

Hussein Kotiach, un libanés entrado en edad, es uno de ellos. El ejército israelí lo detuvo dos días antes que a Tarhini en Houla, donde abrieron fuego disparándole en el pie y matando a una chica de 17 años. Israel liberó a Kotiach y a cuatro libaneses más en marzo de 2025 como un gesto hacia el nuevo presidente libanés, Joseph Aoun. Kotiach compartió celda con Tarhini en la cárcel para heridos de Ramla, cercana a Tel Aviv. Allí supo que al joven también lo trasladaron inicialmente desde Líbano al hospital de la ciudad norteña de Safed, donde Kotiach denuncia malos tratos y donde asegura que operaron a Tarhini sin un posterior seguimiento médico. “Apenas se podía mover, pensaba que estaba paralizado”, declara en un informe de Legal Agenda. “Temía que su madre pensara que había muerto”.

Otra prueba la trasladó Sami Ghandour, trabajador del Ministerio del Interior de Gaza liberado a raíz de la tregua en la Franja. Ghandour coincidió con el chico en la prisión militar de Ofer, en Cisjordania. “Le hicieron un estoma y se suponía que le iban a operar, pero los soldados se negaron”, explica en L’Orient Today. Añade que le ayudaban a ir al baño y a comer en una celda de tres metros cuadrados donde había 14 presos, entre ellos Hussam Abu Safiya, director de uno de los principales hospitales de Gaza detenido en 2024.

Wadih al Asmar, director del Centro Libanés para los Derechos Humanos y cofundador de la Federación Euromediterránea contra las Desapariciones Forzosas (FEMED), considera que los libaneses retenidos en Israel son “prisioneros de guerra o rehenes” en función del caso. Recuerda que el derecho internacional contempla la lucha contra un ejército invasor, y lamenta que el Gobierno libanés “espere” a que las familias afectadas hagan su trabajo.

Israel, señala, no tiene amparo legal para practicar detenciones en Líbano, ni para negarles el contacto con sus familias ni con la Cruz Roja. Pero la pugna legal con las autoridades israelíes, dice, “es un desafío”. “Como defensores de los derechos humanos, nuestra influencia sobre Israel debería basarse en el derecho internacional”, argumenta. “Pero eso a ellos les trae sin cuidado”.