El choque entre Trump y las ciudades demócratas se agrava con la llegada de la Guardia Nacional a Chicago
“Si el gobernador no puede hacer su trabajo, lo haremos nosotros por él”, asegura el presidente de Estados Unidos
La Guardia Nacional de Texas ya se encuentra en Chicago desde este martes, pese a la tajante oposición de las autoridades demócratas locales, encabezadas por el gobernador del Estado de Illinois, J. B. Pritzker. Esta es una nueva escalada en el enfrentamiento entre las ciudades demócratas y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha dado órdenes desplegar tropas en las calles, incluso invocando la Ley de Insurrección.
Un centenar de soldados texanos ha comenzado ya a instalarse en Chicago y se espera que un segundo contingente también de cerca de 100 militares llegue a lo largo del día. Su llegada se produce después de que Trump amenazara este lunes con recurrir a la Ley de Insurrección, de principios del siglo XIX, si los tribunales acaban prohibiéndole movilizar a la Guardia Nacional allá donde desee. En declaraciones en el Despacho Oval, donde este martes se ha reunido con el primer ministro canadiense, Mark Carney, Trump ha reiterado su determinación a desplegar a estos soldados en Chicago pese a las protestas de Pritzker: “Si el gobernador no puede hacer su trabajo, lo haremos nosotros por él”, ha sostenido.
En sus declaraciones, el presidente no ha querido precisar esta vez si se plantea invocar esa ley de principios del siglo XIX, que le daría poderes excepcionales de guerra. “Se ha invocado en el pasado. Y si echas un vistazo a Chicago, es una gran ciudad donde hay mucha delincuencia, y si el gobernador no puede resolverla, nos encargaremos nosotros”, ha reiterado. La última vez que se aplicó esa norma fue en 1992. Entonces se usó para sofocar los graves disturbios en California después de que un tribunal absolviera a los policías que habían dado una brutal paliza al motorista negro Rodney King.
Trump se encuentra inmerso en un pulso político con las ciudades demócratas, donde ha desplegado o pretende desplegar a soldados de la Guardia Nacional con el argumento de que la violencia, bien en forma de delincuencia o bien en forma de protestas callejeras contra su dura política de deportaciones masivas, se encuentra fuera de control y solo medidas radicales pueden atajarla. Los Estados y urbes demócratas replican a su vez que las protestas que se están desarrollando no alteran el orden de modo significativo, y que el número de delitos perpetrados en sus territorios van a la baja tras dispararse en los tiempos de la pandemia de covid.
La pelea, en la que ninguna de las dos partes da señales de ceder, acabará casi con toda seguridad en el Tribunal Supremo, en un caso que los jueces de instancias inferiores ya apuntan que puede afectar a los pilares mismos del sistema democrático estadounidense: la separación de poderes, el reparto de competencias entre el Gobierno federal y los Estados, y todo un corpus legislativo que impide a las Fuerzas Armadas del país actuar contra sus propios ciudadanos.
Desde junio, Trump ha ordenado el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en cinco ciudades. En la primera, Los Ángeles, alegó protestas contra la política de deportaciones para movilizar hasta 4.800 soldados de ese cuerpo de reserva y de la Infantería de Marina pese a las objeciones del gobernador de California, Gavin Newsom. Aún permanecen allí 300 de estos efectivos.
En agosto, activó hasta 2.800 militares en Washington, donde aún continúan desplegados. En septiembre le siguió Memphis, en Tennessee. Hace 10 días quiso movilizar a varios centenares de tropas en Portland; este fin de semana dio la orden para Chicago. Y menciona urbes como San Francisco, Baltimore, Nueva Orleans o Saint Louis como otros posibles objetivos.
Choque institucional
La Guardia Nacional está generalmente bajo el mando de cada Estado. El presidente puede movilizarla para casos de urgencia, como un desastre natural, pero necesita el permiso del gobernador, excepto en casos excepcionales de la máxima gravedad. Invocar la Ley de Insurrección le daría esos poderes, al declarar la existencia de un levantamiento armado contra el Gobierno.
Este fin de semana, una jueza federal en Oregón nombrada por Trump para el cargo, Karin Immergut, vetó el despliegue de soldados de la Guardia Nacional durante al menos dos semanas, mientras un tribunal determina la legitimidad de la orden presidencial. La jueza apuntó que, con la directriz de movilización, el inquilino de la Casa Blanca se extralimitó en sus competencias y violó las leyes que prohíben a las fuerzas federales acometer tareas locales. También expresó su opinión de que Trump puede haber violado la Décima Enmienda de la Constitución, que limita el poder del Gobierno federal en favor de los Estados. La Administración republicana ha presentado una apelación contra esas decisiones en el Noveno Circuito federal.
Illinois también ha presentado, por su parte, un recurso de urgencia contra el despliegue de tropas. En este caso, no obstante, la jueza encargada, April Perry —nombrada en su puesto por el presidente Joe Biden—, declinó pronunciarse de inmediato al explicar que necesitaba más tiempo para estudiar los argumentos. La magistrada ha programado una vista para este jueves.
En un gesto de fuerza, representantes de la Administración Trump viajaron este martes a Oregón e Illinois, los Estados más desafiantes frente a las intenciones del republicano, para enviar el mensaje de que el Gobierno no piensa echarse atrás pese a decisiones de los tribunales en contra de los despliegues. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se desplazó a Portland, donde una jueza ha prohibido de manera temporal el despliegue de la Guardia Nacional. Mientras, el director del FBI, la Policía Federal, y el secretario adjunto de Justicia, Todd Blanch, emprendían vuelo a Chicago.